El Gobierno español del Partido Popular está preparando un pucherazo electoral. Otro, en realidad. A diferencia del anterior, perpetrado en comandita con el PSOE y cuyas consecuencias aún padecemos, en esta ocasión el truco no va a consistir en neutralizar a una parte del censo, sino en inflarlo como el hígado de una oca a punto de foie. La intención es liarse a regalar derechos al voto en los comicios vascos como quien reparte balones de playa con propaganda. Entre 200.000 y 300.000 ciudadanos —nótese el pequeño margen de error— son susceptibles de beneficiarse por esta promoción del multi-sufragio gaviotero. El único requisito es haber dejado de residir en la pecaminosa Vasconia en los últimos treinta años y declarar, que no acreditar, que el motivo de la marcha fue la presión de ETA. Menudo chollo, ¿eh?
Lo tremendo es que esta zafia operación, que en cualquier latitud con medio gramo de sentido democrático nadie se atrevería siquiera a sugerir, se está llevando a cabo a plena luz del día y mentón en alto, en nombre de la memoria, la reparación y, ¡toma ya!, la justicia. Sin atisbo de rubor por el cutre modo de engordarse la buchaca con papeletas falsificadas, se nos cuenta que se trata de resarcir el atropello que sufrieron quienes tuvieron que abandonar su tierra por culpa de la violencia terrorista. Aparte de que es un método un tanto peculiar de compensación, lo que no cuela ni para unas tragaderas tan ensanchadas como las nuestras es la cifra.
Aunque se repita desayuno, comida y cena siguiendo el patrón goebbelsiano, la mentira de los 300.000 “exiliados” no se va a convertir en verdad. Hasta los que están montando este brutal tocomocho saben perfectamente que las estimaciones medianamente fidedignas no alcanzan ni a la décima parte. Y eso, tirando por lo alto. No parece, sin embargo, que eso los vaya a detener. Una vez más, todo apunta a que el pucherazo está servido.