Los veinte céntimos de rebaja por litro de carburante se tradujeron en su estreno en colas ansiosas y pifostios informáticos varios en las gasolineras. Nada que no cupiera esperarse, salvo, por lo visto, por los ingenuos conductores que se abalanzaron sobre los surtidores como si no hubiera un mañana o el voluntarista gobierno español que pretendía que todo fuera como la seda tras aprobar una medida chapucera en fondo y forma. Empezando por esto último, es de puñetero sonrojo (o sea, lo sería si no conociéramos el paño) que se ponga en marcha una norma populachera como la que nos ocupa sin haberse parado a pensar en la logística mínima imprescindible para llevarla a cabo. Como tantas veces, su sanchidad se hizo la foto pasando un kilo de la parte práctica. Ya se comerían otros ese marrón.
Claro que eso es casi un detalle al lado de la verdadera cuestión que se dirime. Cualquiera que haya estado pendiente de los precios sabe que a la hora de la verdad los prometidos veinte céntimos han sido seis o siete. Como estaba radiotelegrafiado desde que se anunció la demagógica ocurrencia, los suministradores han ido aumentando el precio de la gasolina (no digamos del gasoil) de modo que la rebaja para el consumidor final ha quedado menguada. Con dos agravantes. Primero: Las compañías cobrarán (¡de nuestros impuestos!) las cantidades de la subvención. Segundo: En los últimos diez días, el barril de petróleo ha ido bajando, lo cual debería haber implicado una rebaja añadida. Así que somos generosos cuando llamamos picaresca a lo que es una estafa del quince. Amparada, eso sí, por la supuesta autoridad competente.
La logística es cosa de subsecretarios sin brillo ni fuste. Lo principal está conseguido: Cubrir el posible bajón de la demanda por los abusivos precios del carburante con una subvención al consumo, cantidad que irá lógicamente a parar al oligopolio de turno, esta vez el de carburantes.
Algo parecido pasa con la bajada del 21 % del IVA al 10 % en la factura de la luz (11 puntos porcentuales del importe de la factura, que es como los 20 ctms. de los 1,87 € a que pueda estar el litro de carburante).
En los dos casos el parche lo paga el erario público (o sea todos nosotros, los que no radiquemos en paraísos fiscales). En el caso de la gasolina como salida directa y en el caso del IVA reducido de la luz como menor entrada. Lo importante es que el cartel de la energía no sufra.
Si alguien me pregunta «¿y tú qué harías?». Lo tengo bastante claro: Nacionalizaría la distribución de carburantes y energía, comprando el producto a un precio fijado en el Boletín de Estado.
Ello en virtud de lo señalado en el art. 128 de la Constitución Española:
«1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está
subordinada al interés general.
2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se
podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de
monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.»
Pero claro, entiendo que para eso hay que ser socialista.
Está cada vez más calro que los partidos políticos españoles sólo sirven para vivir en una eterna campaña electoral en la que los temas trascendentales quedan sin solución o empeoran independientemente de quién ejerza el gobierno. Sánchez anda ocupado en prepararse paar las dentelladas de Feijoo y éste sólo tiene la vista puesta en alcanzar la Moncloa, mientras un ejército de asesores, pelotas y chiringuiteros de confianza transmiten arriba una realidad adaptada al gusto del jefe.
El 47% de los españoles se muestra ya muy partidario de aumentar los gastos de defensa. ¿Quién les ha convencido de ello? Pues los que mandan de verdad.Y para ello hay que pagar muchos impuestos aunque les digan que los van a bajar. Ya se la han metido otra vez.