Andaban algunos chafarderos indomables echándole los perros a Pablo Iglesias por haber dicho que, aun sin leer el auto judicial, tenía la convicción de que el episodio de Altsasu no es terrorismo, cuando llegó la Audiencia de Navarra a poner orden. Aquí sobran las acusaciones de indocumentación, frivolidad o conchabanza con los malvados. Los componentes de la Sección Primera del tribunal territorial, personas de orden con todos los títulos oficiales en regla, y tras la lectura no solo del auto sino de las notas a pie de página y hasta el último legajo del sumario, entienden que no hay tutía.
“No es posible concluir que en los hechos denunciados existan indicios de la comisión de un presunto delito de terrorismo”, aseveran en el texto en que se acepta el recurso de los nueve jóvenes investigados —tres de ellos todavía en prisión— por la tristemente célebre agresión a dos guardias civiles y sus parejas ocurrida hace ya seis meses. Evidentemente, antes de llegar ahí, los magistrados detallan profusamente los fundamentos jurídicos que dan lugar a su dictamen. El resumen es que bajo ninguna circunstancia cabe establecer que estemos ante un delito lo suficientemente grave como para que se juzgue en un tribunal especial. Como consecuencia inmediata, se exhorta al juzgado de Iruña a reclamar a la Audiencia Nacional, vía conflicto de competencias en el Supremo si es necesario, la devolución de la causa para seguir adelante con el proceso.
Aún restan capítulos a esta pesadilla literalmente kafkiana, pero por lo menos, ha quedado claro que defender que no es terrorismo no implica ser cómplice ni connivente.