Aunque ni en la demarcación autonómica ni en la foral será de aplicación —por lo menos, inmediata— el bono de 250 euros mensuales para ayuda al alquiler de los jóvenes, la cuestión merece que le dediquemos unas líneas. A primera vista, se diría que no cabría la menor objeción. Todo lo contrario, ¿verdad? En apariencia, se trata una medida de hondísimo calado social que aliviará las estrecheces (a veces, las penurias) de los jóvenes que viven en techo ajeno y servirá de empujón para que se emancipen los que siguen atornillados por obligación al domicilio de sus padres. Basta rascar muy poquito, sin embargo, para que se pinche el globo propagandístico.
De entrada, la pasta destinada a tan noble fin apenas alcanzaría para un 8 por ciento de quienes cumplen los requisitos para solicitar la ayuda. Es decir, que como ya está pasando con el Ingreso Mínimo Vital, decenas de miles de personas se van a sentir defraudadas. Y luego está lo que señalan la pura intuición y la experiencia de otras medidas populacheras en metálico. El precio de los alquileres subirá tanto como la cantidad de la subvención. En el mejor de los casos, empatarán los que la reciban, pero saldrán palmando, independientemente de su edad, el resto de los inquilinos. Lo expresó perfectamente anteayer Iñigo Errejón. Salvo que se establezca un tope a los alquileres, algo bastante complicado desde el punto de vista legal y no necesariamente justo, este bono es un bizum directo a los caseros. Experiencias similares en esos estados de Europa que miramos embobados confirman que estas medidas no han cumplido su pomposo objetivo. Ahora, como propaganda, son de lo más resultonas.
Mira que Errejón no es santo de mi devoción –eso de que un tío con dos (2) diputados se arrogue la representatividad de toda la izquierda haciendo llamamientos a la unidad de la misma, pero yéndose a la vez de su partido original… pues como que no– pero aquí, efectivamente, le doy toda la razón. Su frase describe perfectamente qué pasaría.
¿Poner un tope legal a los alquileres sería complicado? En principio creo que no: hay lo que se llama una «función social de la propiedad», reconocida por cierto en la Constitución de 1978, que permite –a mi modo de ver– el intervencionismo al efecto. Ahora bien, justo por aquello de «hecha la ley, hecha la trampa», el plan B del propietario aparecería inmediatamente: «sí, muy bien, te cobro X por el piso, pero eso sí, dame en B la otra parte –la cual conforma la cantidad inicial que tenía pensada el amigo arrendador– para que lleguemos a la cantidad que tenía yo pensada».
Permítanme que mencione mi caso, que puede ser ilustrativo, aunque me refiera a compraventa y no a alquiler: pertenezco a la quinta –por llamarla de alguna manera– estafada allá por el 2007 por ese tinglado de bancos, constructoras, estado (en sentido amplio: las competencias urbanísticas al efecto son de las autonomías) y –last but not least– nuestros queridos conciudadanos «de la puerta de al lado» para entendernos, que con el propósito de que sus propiedades les rentasen lo máximo posible se prestaron al incremento progresivo de la burbuja inmobiliaria, de forma que pisos de 2a mano que valían 6.000.000 de pts en 1998, se vendían en menos de 10 años (año 2007) en un mínimo de 30.000.000 pts. Y eso con total independencia de si el propietario/a era votante de Falange, PP, PNV, EA, PSE-EE, HB o el Partido Carlista: todos/as actuaron igual de egoístamente.
Desde hace pues 15 años vengo pagando una hipoteca –que concluyo en breve, menos mal– pero cada mes que me viene el extracto bancario les aseguro que me acuerdo del árbol genealógico de los antes mentados bancos, constructoras, administración pública y pacíficos conciudadanos, ya que –es muy evidente– durante estos 15 años me he venido sintiendo robado y estafado, además de muy condicionado porque ese dinero, justo ese, me habría venido muy bien para otros menesteres.
Y aquí acaba mi historia. En definitiva, nos referimos a un mundillo que merece mi desprecio más profundo, que me fastidió a base de bien, y cuya actitud –que no cambia– motiva que desde entonces cada vez que llegan elecciones a algo tenga presente estos comportamientos (o, más bien, ausencia de los mismos –de justicia, de evitar egoísmos–) y actuar en consecuencia con mi voto… aun siendo muy consciente de que los partidos harán muy poco o nada. En fin, una situación encantadora…
Cuando un partido con vocación social-demócrata se enfrenta a una necesidad protegida por el estado (ya sea educación, sanidad, empleo, vivienda..) lo que debe hacer es intervenir en el mercado, de la única manera que se interviene en un mercado: participando en él.
El dotar de recursos al demandante satisface al oferente. En cambio, convertirse en parte de la oferta es lo que realmente afectaría a los precios. El Gobierno puede construir viviendas «dignas y adecuadas» (art. 47 de la CE) para los ciudadanos, y no sólo puede, sino que en el caso de no satisfacer las necesidades el mercado de alquileres, está obligado por Ley a hacerlo.
Pero claro, este caso es para aquel partido que realmente ejerza la socialdemocracia. Lo del bono y la economía subsidiada se asemeja más al concepto de economía social de las derechas. Solo les hace falta decir «y no se lo gaste en vino».
Lo que hace Sánchez con los bonos es proteger a los propietarios de la falta de inquilinos, es decir, solucionar el problema de la falta de negocio, no el problema de la falta de alquileres.
Creo que el tope (en la ley Vasca también aunque hablo de memoria) son 600 euros de alquiler al mes. En Donostia no existe eso ni de coña. Al final lo que pasa es que se «facturan» 600 euros y el resto (otro tanto mínimo) va en negro al bolsillo del casero. Tengo una hija que empieza a trabajar en Donostia y pretende compartir piso y acogerse a estos planes y esto es lo que hay. Una vez más los políticos en la inopia o en la propaganda. Sálvese quien pueda.
Los jóvenes no necesitan ningún «bono de alquiler». Los jóvenes lo que necesitan es un trabajo fijo y un salario digno. Ni más, ni menos.
Me dicen que son setecientos y pico euros el tope de alquiler y que los topes de ingresos que limitan el acceso malamente dan para vivir en Donostia así que al mercado libre o nada. Una vez más propaganda y leyes que no sé a quién o a qué sirven.