Si no estuviéramos en medio de una inmensa tragedia con alrededor de cien mil muertos en el estado, resultaría hasta cómico. El ministro de Justicia español, un tipo cuyo nombre desconocen nueve de cada diez de sus administrados, sale de las catacumbas para decir por la mañana pata y al mediodía patata. Qué personaje, el tal Juan Carlos Campo, que nos madrugó en El País con una redacción escolar en la que daba por muerta la pandemia y terminaba con un párrafo pegoteado tras las imágenes de la nochevieja del fin del estado de alarma deslizando que quizá se pueda cambiar el cagarro de decreto evacuado por su gobierno el otro día. Total, para desmentirse a sí mismo un rato después en el programa de Ferreras.
La última versión del mengano cuando tecleo estas líneas es que no hay nada que cambiar, que la legislación ordinaria no permite el toque de queda y que las comunidades tienen “un arsenal de herramientas jurídicas” para hacer frente al virus. Ni media hora antes, su compañero de gabinete Miquel Iceta había asegurado a metro y medio del vicelehendakari Josu Erkoreka que si cualquier comunidad necesitaba un estado de alarma, se estudiaría y con toda probabilidad se concedería. Como se ve, la irresponsabilidad de los juerguistas del domingo es directamente proporcional a la del gobierno español.