Fin del sueño

Investidos de la autoridad que da fajarse con datos contantes y sonantes ocho horas al día, el sindicato de técnicos del ministerio español de Hacienda ha documentado lo que cualquiera con un par de ojos en condiciones de uso ve a su alrededor. Crece y no para la cantidad de personas —sí, de las de carne y hueso— que viven con lo puesto y aun tienen que rogarle a la Virgen, al banco y a los gobernantes que las dejen como están, porque no hay situación mala que no sea susceptible de deteriorarse hasta el infinito.

Según el cómputo de los inspectores, en el conjunto del estado español hay ya 20,6 millones de ciudadanas y ciudadanos mayores de 18 años que han caído al abismo de la precariedad, cuyo umbral técnico está en mil euros de ingresos mensuales. Nótese, de entrada, que hasta en la penuria hay grados. Por tremendo que parezca, no es lo mismo tratar de subsistir con 999 que con cero. Siempre hay alguien que está peor, aunque eso no debería servir de consuelo. Y por lo que nos toca en Euskal Herria, también sería de una autocomplacencia suicida celebrar que nuestras dos subdivisiones autonómicas figuran en la zona de alivio de luto de la lista de la miseria. Si nos comparasen con Burundi, todavía saldríamos mejor en las estadísticas, pero eso no surtiría las mesas de nuestros casi setecientos mil convecinos descolgados del pelotón del bienestar.

De hecho, más allá de las descorazonadoras cifras, la gran enseñanza del informe de los técnicos de Hacienda es lo poco que hace falta para perder pie y verse arrojado a la cuneta. En menos de un año se puede pasar de los salones de Arzak al comedor de Cáritas o del fin de semana en Baqueira a la notificación de desahucio. Como certeramente resume el título del estudio, le estamos diciendo adiós a la clase media. En realidad, al sueño de pertenecer a ella, porque la gran mayoría —ahora lo comprobamos— siempre estuvo ahí de prestado.

La otra pobreza

Tan tremendo como cierto: incluso en la pobreza hay clases. Desde este lado de la raya, donde aún nos llega para una ronda de marianitos y una ración de calamares, alcanzamos a ver los desamparados que nos han puesto en el escaparate, casi como un elemento de atrezzo o como recordatorio de que el mundo no es perfecto. Sirven también para que solidarios de pitiminí crean ganarse el cielo o para que periodistas que confunden la conciencia con el ego pasen por buenas personas cuando son -¡uf, cuántos de esos y esas conozco!- sanguijuelas sin escrúpulos. Tienen su punto fotogénico y quedan aparentes en titulares tan bienintencionados como, la mayoría de las veces, artificiales.

Por perverso que parezca el planteamiento, la resignación y el instinto de supervivencia han llevado a muchas de estas personas a bandearse en su desventura. Desde luego que su vida no es en absoluto envidiable y que los que comemos caliente y bebemos fresquito no concebimos ni como pesadilla pasar por sus circunstancias. Sin embargo -y allá se nos revuelva la moralina-, cualquiera que tenga ojos y media docena de neuronas críticas en uso sabe que hay una parte de este grupo social que ha aprendido a apañárselas y no aspira a más.

Los requeteliberales, tan sensibles siempre, dirán que son los efectos perniciosos de la sopa boba, pero la explicación es mucho más compleja. Daría para diez columnas, y esta se me está acabando sin haber mencionado aún a los otros pobres. El director de Cáritas Bizkaia, Mikel Ruiz, que sabe de qué habla, se refirió a ellos como “los últimos de la fila, los que no tienen ni voz ni ánimo para protestar”.

Son los excluidos de la exclusión, los que desconocen, incluso, que existen puertas que tocar o impresos que rellenar. Invisibles, abandonados por el llamado estado del bienestar y por la beneficencia guay (Cáritas es una excepción), sólo la muerte los librará de la pobreza.

Cuatro coches y una ayuda social

Han tenido que llegar las vacas flaquísimas para que los ayuntamientos cayesen en la cuenta de que llevaban años regalando un aguinaldo de la partida presuntamente social a quien, por ejemplo, tiene un chalé y una autocaravana. O a quien se ha comprado dos furgonetas nuevas en unos meses. O al propietario de un BMW, un Volkswagen Polo Coupe, un Hyundai y una Renault Kangoo. Desgraciadamente, no son casos figurados. Ni esos, ni el resto de los que enumeraba en DEIA Olga Sáez, con datos proporcionados por el consistorio de Bilbao, donde se han detectado 1.254 posibles fraudes. En Gasteiz hay otros cuatrocientos, más de quinientos en Barakaldo y así, me temo, suma y sigue. Mientras, el hombre del que les hablaba ayer, Luis Miguel Santamaría, duerme en la puñetera calle porque en las arcas de su municipio sólo quedan telarañas.

Está muy bien -a la fuerza ahorcan- que los administradores de esos dineros se echen las manos a la cabeza ahora que las cajas están vacías. Lo incomprensible es que no hayan movido un dedo antes. Siempre me ha maravillado la facilidad con que los guardianes del orden ciudadano encuentran mi coche para blasonarlo con una multa cinco minutos después de que me caduque la OTA y, sin embargo, no haya un cuerpo de husmeadores igual de efectivo para dar con estos trileros de las ayudas sociales. Basta pisar un poco la calle para saber que la mayoría de estos estafadores actúan a plena luz del día y que incluso los hay que, en lugar de ocultar su trampa, presumen de ella porque todavía está bien visto darle un bocado a la pasta pública.

Igual que la Gürtel

Merece la pena que nos detengamos en esa disculpa social -cuando no aplauso- del timo a la Administración. No falta quien lo tiene teorizado como una especie de redistrubición de la riqueza por las bravas o, sin más, como una muestra de inteligencia y osadía de quien lo comete. A mi me parece tan latrocinio como lo de la Gürtel o la Malaya. El tipo ese de los cuatro coches -que, por cierto, luego se compró un Mercedes descapotable y un Volkswagen Touareg- me despierta tanta simpatía como Cachuli o el tal Roca de los wáteres de oro.

Con dolor, anoto también la decepción que me ha producido ver que algunos colectivos que luchan a pie de obra contra la exclusión califiquen las investigaciones como “criminalización de la pobreza”. Seguro que algún munícipe sin entrañas ha aprovechado el viaje para cepillarse un puñado de ayudas justas. Denúnciese cada caso así, pero no amparemos a los que, sin necesitarlo, se lo llevan crudo.