Se me ocurren pocos asuntos más fáciles de solucionar que el de los huesos (o lo que quede) de Franco. Basta, de hecho, con seguir el frío procedimiento que muchos deudos hemos tenido que padecer sin más derecho que acatar y callar. Se comunica a la familia del difunto que ha prescrito el periodo máximo establecido para guardar el fiambre y se le ofrecen las dos opciones al uso: o se lleva el paquete a descansar para la eternidad en un nicho o panteón de pago o directamente se depositan los restos en un osario común. A partir de ahí, el problema es de los herederos. Allá ellos si se hacen cargo del residuo del bajito de Ferrol y financian la sepultura de su pecunio o pasan por malajes descastados que se despreocupan de su egregio ancestro.
Otro gallo nos estaría cantando si se se hubiera obrado así cuando tocaba, pongamos en 1985, que es el lapso habitual que se maneja en los cementerios que nos tocan a los mortales de a pie. Y aunque sea verdad que agua pasada no mueve molino, no está de más recordar que el PSOE, que gobernaba entonces y hasta once años después, no hizo el menor gesto por exhumar al dictador que palmó, tan a gustito, en la cama. Y lo mismo, durante el septenio de Rodríguez Zapatero, cuya loada ley de Memoria Histórica más simbólica que real, no entraba como se debía (o sea, a saco) en la espinosa cuestión del Valle de los Caídos y su más célebre morador.
En todo caso, nunca es tarde. Si este es el momento, mándese unos propios a arrancar la por lo visto no tan pesada lápida y a sacar del interior el famoso féretro de plomo con los despojos del matarife de la voz aflautada. Y punto pelota.