La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras era el famoso elefante en medio del salón que el gobierno español en funciones y el PSOE no querían mirar. Estaba ahí desde el principio de las negociaciones para granjearse la abstención de Esquerra en la investidura. Y no se trataba de una menudencia solventable con una finta dialéctica o una patada a seguir. En el momento en que llegara —que también estaba tasado: ayer—, Sánchez y sus comisionados en la seducción de los republicanos debían pronunciarse de manera inequívoca.
¿Y ahora qué? Porque, ojo, la cuestión va más allá de Ferraz. Está en Moncloa y, más concretamente, en sus hijuelas jurídicas. ¿Qué va a hacer la Abogacía del Estado? Gran marrón para el aspirante a dejar de estar en funciones. O gran oportunidad, qué carajo, para agarrar el toro por los cuernos y reconducir la cuestión al lugar en el que siempre debió estar: la política. Con el aval, por demás, de un tribunal, que por mucho que escueza a Llarenas, Marchenas y otros patriotas de latón con o sin toga, forma parte del organigrama judicial español. En plata, que sus decisiones deben ser tan acatadas como las del mismísimo Supremo que tanto parece haber patinado.
Del modo en que se actúe respecto a este dictamen en concreto puede depender mucho más que una simple investidura, que no es poco. El TJUE ha hecho un gran regalo de navidad a Pedro Sánchez. Ha puesto en su mano el cabo para ir desentrañando la diabólica madeja judicioso-penal de la cuestión catalana. Aunque sea más por puro interés que por convicción, le conviene ser valiente.