Cuatro meses y un día desde la aplicación del 155 en Catalunya. También, ejem, desde la declaración —parece que solo con la puntita, por lo piado en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo por sus promotores— de la República Catalana. Y claro, desde la convocatoria de unas elecciones cuyos resultados permanecen en barbecho cuando el implacable calendario señala que se celebraron hace ya diez semanas.
El balance de este revolcón de efemérides es nada entre dos platos. Ni cenamos ni se muere padre, como sentencia el hosco dicho castellano. Estridencia arriba, estridencia abajo, estamos donde estábamos en las jornadas de autos, solo que con unas cuantas personas en la cárcel, otras expatriadas y ni se sabe cuántas emplumadas judicialmente. Que vivamos tal anormalidad como si fuera la más absoluta de las normalidades es un preciso y al tiempo tristísimo retrato de la situación.
¿Ven realmente nervioso al Gobierno español? ¿Notaron algún tembleque en el Borbón supuestamente desairado el otro día en la cosa esa tan crematística de los móviles? ¿Perciben en la cacareada Comunidad Internacional la menor intención de cantarle las cuarenta a Mariano Rajoy? Y lo fundamental: ¿Quién sigue tomando hasta la más pequeña decisión ejecutiva en Catalunya?
Saben las respuestas y, si no se engañan, también tienen los elementos de juicio suficientes para sospechar que va a seguir siendo así. Sí, incluso tras el acuerdo, casi parto de los montes, entre las formaciones soberanistas para investir a Jordi Sánchez y dejar en el limbo a Puigdemont. Quienes lo han alcanzado deberían tener claro que tampoco se lo pasarán.