Se nos llena la boca reclamando memoria, pero cada hoja de calendario es un baño de amnesia con la que los cínicos y —por qué no decirlo— los malvados se hacen mangas y capirotes. Las evidencias de sus tropelías se desintegran en el ácido de nuestra flaca capacidad para retener el pasado. Así quedan sin culpa ni sanción y pueden aplicarse con una sonrisa en los labios a la siguiente canallada porque la cabra no sabe hacer otra cosa que tirar al monte. Y ojalá estuviera hablando de cosas que ocurrieron hace siglos o decenios, pero no. Me refiero a acontecimientos que llenaron los titulares hace apenas quince meses.
Fue a principios de marzo de 2011 cuando, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que no es ni del PP ni de UpyD, la abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal instaron al Tribunal Supremo a impedir la inscripción de Sortu en el registro de partidos. No fue un trámite o una actuación de boquilla para aplacar a la bestia cavernaria. Los dos brazos legalosos del Ejecutivo socialista se emplearon a fondo, con la imprescindible ayuda de los cuerpos de seguridad, en la colección (y/o elaboración) de pruebas que sirvieran para vestir la segura negativa de sus señorías. A la par, los picos más floridos del PSOE y, ¡ay!, del PSE aportaron su óbolo difundiendo la especie de que era muy pronto para dejar que los terroristas se colaran en las instituciones disfrazados de lagarterana. Para que no cupieran dudas, la jugada se repitió cuatro semanas después con Bildu, aunque esa vez hubo sorpresa en la Condomina judicial.
Yo sí me acuerdo. Y también me acuerdo de que el PSOE fue coautor de la malhadada ley de partidos y de todas las vueltas de tuerca que ha tenido desde que se promulgó hace diez años menos cinco días. Ahora, qué risa más amarga, celebran que el Constitucional haya revertido la ilegalización que ellos mismos promovieron. Nuestra desmemoria endurece su rostro.