protección social – Más Que Palabras

El Gobierno vasco ha incluido la reforma de la RGI en su calendario legislativo. Si de verdad este fuera el tiempo del acuerdo, como se viene pregonando, no habría mejor momento. Toca ver cuánto va del dicho al hecho. Cada una de las cinco formaciones presentes en el parlamento deberá retratarse. Podrán, como hasta ahora, situarse en alguno de los extremos de la doble demagogia que ha venido impidiendo nada parecido a un debate sosegado o, si practican la tan cacareada altura de miras, abrirán el camino para mejorar el instrumento fundamental de lucha contra la desigualdad en los tres territorios.

Para mejorarlo, sí. Es imprescindible que la reflexión parta de la firme convicción de que el sistema actual sigue constituyendo, especialmente en su filosofía, una seña de identidad a la que en ningún modo se va a renunciar. Que lo tengan claro quienes, cada vez con menor disimulo, quieren eliminar la RGI o reducirla a lo puramente testimonial, más cerca de la limosna que de la justicia social. Sería un detalle que en la contraparte se abandonaran también los discursos facilones que pretenden recursos ilimitados sin necesidad de control alguno.

Propongo dos principios elementales como ejes para la puesta en común. Uno: el mayor de los fraudes no es que la cobre quien no debe hacerlo, sino que no la perciba quien sí debería. Los agravios comparativos están detrás del incendio creciente que vemos en las calles. Y dos: el objetivo del sistema de protección es ayudar a las personas a abandonar la exclusión, y no, como parece que muchos son incapaces de ver que ocurre, propiciar que se perpetúen en ella.

La gran injusticia respecto a la renta de garantía y las ayudas sociales no es tanto que haya quien las percibe de forma fraudulenta, sino que se les nieguen a personas y familias que las necesitan imperiosamente para subsistir. Si unimos la evidencia de que ocurre lo primero y lo segundo —muchas veces, en la misma escalera—, encontraremos parte de la explicación a la creciente desconfianza hacia los mecanismos de protección social. Y la palabra desconfianza es un eufemismo. Me temo que estamos más cerca de un rechazo visceral ante el que se hace un mundo oponer argumentos razonados. Tanto peor, si se trata de combatir a base de maquillar la realidad, retorcer estadísticas o, como es el caso más habitual, insultar a quienes manifiestan tal estado de ánimo.

Hago notar que, contra lo que marcaría la intuición, este sentimiento refractario a la solidaridad pública arraiga con mayor profundidad cuanto más humilde es el entorno. Es de los barrios que peor lo pasan de donde salen las diatribas más furibundas. Para comprobarlo, basta ir a un bar de esos en los que todavía echan serrín al suelo cuando llueve y poner la oreja. En la viceversa, los mensajes preñados de inmejorables intenciones suelen proceder —no digo que siempre sea así— de lugares en los que la comida del día siguiente o la factura de la luz del mes que viene no generan grandes quebraderos de cabeza… por lo menos, todavía. Se comprenderá que los que padecen estrecheces contantes y sonantes no muestren una gran disposición a recibir lecciones de supervivencia de quienes tienen resuelto lo inmediato.

Me desdigo: no se comprende. Y ahí es donde reside el problemón y la abismal diferencia a la hora de interpretar, por ejemplo, que el Gobierno Vasco anuncie que a partir de 2014 los perceptores de la RGI podrían tener que realizar ciertos trabajos comunitarios. Es justo, dicen unos. Un atropello intolerable, denuncian otros.