Miércoles 23 de julio de 2014
Como era de esperar en esta España sin justicia, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional archivó definitivamente la querella presentada por el partido Soberanía contra el [Enlace roto.] y el ex presidente del Gobierno [Enlace roto.], entre otros, por su presunta participación en la denominada trama civil del golpe de Estado del 23-F, según informaron fuentes jurídicas. Nada que llamara la atención. La noticia pasó desapercibida.
En un auto, los magistrados Concepción Espejel, Julio de Diego y José Ricardo de Prada rechazan «que existan elementos mínimamente fiables y verosímiles» que permitan entablar una investigación criminal.
«Sin descalificar el libro de la periodista Sra. Urbano, ni a su autora, pero la Sala no puede admitir de ninguna manera que el relato novelado que contiene en la publicación sea tenido como material indiciario suficiente», aseguraba el auto.
La querella, que se sustenta en el relato del 23-F que realiza la escritora Pilar Urbano en su [Enlace roto.] La gran Desmemoria, también está dirigida contra el ex diputado socialista Enrique Múgica y el antiguo político del Partido Comunista de España (PCE) Ramón Tamames. En la ampliación se incluyó un facsímil del documento que firmó el Rey para comunicar su abdicación.
La Sección Segunda consideraba, además, que los hechos denunciados han prescrito. Aseguró que este hecho impide «absolutamente» no sólo de una pena sino que también la instauración de un proceso penal.
No hay indicios delictivos
La Sección Segunda confirma así la decisión tomada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, que [Enlace roto.] interpuesta argumentando que no existen indicios delictivos en la actuación de los querellados y que, en todo caso, el delito de rebelión que se atribuye habría prescrito.
«En lo que se refiere a la inviolabilidad de la figura del Rey, hasta que las Cortes Generales no aprueben la Ley Orgánica que regule la abdicación del Rey Juan Carlos I, su situación institucional y procesal no se ha modificado», señalaba el juez.
La Fiscalía pidió el rechazo «de plano» de la querella destacando su «inconsistencia y falta de entidad jurídica» así como el hecho de que el 23-F fue juzgado y que los supuestos delitos que se pretenden ahora investigar estarían prescritos al haber transcurrido «más de 20 años desde que acaecieron».
La querella sostenía, a partir de lo publicado por Pilar Urbano, que el juicio del 23-F fue «cerrado en falso» y constituyó «una gran estafa al conjunto del pueblo español», ya que existió una trama civil «desapercibida» e «impune» que estaba formada por «personajes muy importantes del régimen bipartidista».
¿Lo suyo es fijación?
Vaya, vaya Senador, le noto menos ecuánime de lo habitual.
¿Qué le ocurre, pues?x???
¿Y qué noticias tiene sobre el feo asunto De Miguel?
Le ruego que recapacite y abandone el sectarismo