Viernes 11 de julio de 2014
La consulta de la documentación de algunos archivos históricos españoles se ha convertido en un tema extremadamente polémico que puede acabar en un escándalo de alcance internacional. Las dificultades con que nos encontramos los investigadores a la hora de trabajar en los archivos públicos derivan de las insuficiencias y las contradicciones de la política archivística española. Hoy es una evidencia que la ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 es obsoleta, entre otras cosas, porque se contradice con la ley de Protección de Datos de 1999 y con la reciente ley de Transparencia. Persisten las arbitrariedades a la hora de interpretar cuáles son los datos personales que pueden realmente afectar “a la seguridad, al honor de las personas, a la intimidad privada y a familiar, y a la propia imagen”. Y eso hace que muchos responsables de archivos se vean obligados a interpretar una normativa poco precisa y a actuar a menudo como censores, restringiendo el acceso a muchos documentos.
Hay dos sentencias del Tribunal Constitucional que afectan a esta cuestión que tendrían que servir de directriz máxima. La sentencia de Francisco Tomás y Valiente del 14 de febrero de 1992 defendía el predominio del “interés público de la información sobre el hipotético derecho al honor”. Según esta sentencia, las restricciones tendrían que ser una excepción y siempre habría que dar prioridad al “derecho a la información veraz”. La otra fue la redactada por María Emilia Casas el 23 de febrero del 2004, y afectó al famoso programa de TV3 dirigido por Dolors Genovès sobre el consejo de guerra a Manuel Carrasco i Formiguera. La sentencia fue bien clara: había de “prevalecer el derecho a la difusión pública de las investigaciones sobre el derecho al honor de las personas cuando la información se ajusta a los usos y métodos característicos de la ciencia histórica”.
Los últimos años se han producido unos hechos realmente inaceptables en dos archivos españoles que hay que denunciar públicamente. El actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha vetado la desclasificación de unos 10.000 documentos militares correspondientes a los años 1936-1968, aunque la anterior ministra, Carme Chacón, había autorizado su consulta y eventual reproducción. Mucho más grave es lo que pasa con la documentación histórica del archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. El 15 de octubre del 2010, a propuesta del ministro Miguel Ángel Moratinos, el Consejo de Ministros declaró como secreta y reservada gran parte de la documentación sobre la actividad diplomática, las relaciones internacionales y la política exterior españolas sin fijar una limitación temporal, por lo cual esta restricción podía afectar tanto a la documentación del siglo XX como a la del XVIII. Parece que el escándalo Wikileaks influyó bastante en este acto, inaceptable en cualquier Estado democrático, dado que incumple la legislación española y la internacional. El ministro utilizó el argumento que se hacía eso con el fin de garantizar “la seguridad y la defensa del Estado”, y para hacerlo utilizó la vieja ley franquista de Secretos Oficiales de 5 de abril de 1968. Pero la cosa no acaba aquí. Hace unos meses, el actual ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, ha tomado una medida drástica que ha significado la interrupción de numerosas investigaciones que hacían historiadores españoles y extranjeros: ha decidido el cierre del archivo histórico del Ministerio de Exteriores con la excusa de que todos sus fondos se trasladan al Archivo Histórico Nacional y al Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares. Ahora bien, dada la escasez de medios humanos y materiales de estos dos archivos, todo hace prever que esta documentación no podrá ser consultada en muchos años. De momento la subdirección general de Archivos del Ministerio de Cultura, responsable de estos dos centros, ha decretado el cierre absoluto e indefinido de esta documentación.
Estas actuaciones de ministros del Gobierno Rajoy suponen una clara vulneración de los derechos de los ciudadanos para acceder a la documentación histórica y un incumplimiento flagrante de acuerdos y normativas internacionales (Consejo de Europa, Consejo Internacional de Archivos, Unesco, etcétera). La existencia de políticos que vetan el acceso a la documentación, o dificultan su consulta, refleja la limitada calidad de la democracia española. Impedir el libre conocimiento del pasado es una violación directa de los derechos humanos, de unos derechos tan básicos y elementales como cualquiera de los que conforman una democracia plena. Son ya numerosas las asociaciones y los grupos de historiadores que han protestado por estos hechos y que piensan denunciarlos ante organismos internacionales.
El poder del Estado sobre los archivos no puede derivar en una excesiva consideración sobre su titularidad y en la creencia de que no se trata de un servicio público. Los administradores del poder no pueden actuar como si los archivos fueran suyos, del Gobierno, y no de todos los ciudadanos. Esta actitud del Gobierno Rajoy contrasta con la adoptada por el Ejecutivo argentino que, como hace pocos días explicaba en Barcelona el ministro de Defensa, Agustín Rossi, ha puesto a disposición de todo el mundo la documentación confidencial de las fuerzas armadas (actas Secretas de la Junta Militar de 1976-1983, “listas negras” de intelectuales, artistas, periodistas…) localizada recientemente en un cuartel de Buenos Aires. Las lecciones de democracia se dan con hechos, no con palabras
Ganó un madrileño apoyado por los andaluces. La España de verdad. No la España de vascos y periféricos. El PSOE nos dice en su última letra que la definición es clara: la E de español. Es la que para mí ha ganado.
