Viernes 10 de mayo de 2013
Con 88 millones de euros inmorales y muchas alabanzas se ha ido del Santander el banquero Alfredo Sáenz a pesar de que el presidente Zapatero, por favores recibidos, le había indultado del delito por el que fue condenado.
La salida de Sáenz se ha producido después de que el Gobierno modificara las normas sobre la honorabilidad de los banqueros y abriera la puerta a que continuara en su puesto. “Ahora se puede ir, su honorabilidad está a salvo”, dijeron en el entorno del ejecutivo. Ya, ya…
Las normas administrativas impiden ejercer el oficio bancario a quienes tengan antecedentes penales al considerar que carecen de la honorabilidad exigible, como era el caso de Sáenz, condenado por denuncia falsa. La nueva normativa, impulsada por la Autoridad Europea Bancaria (EBA), matizaba este requisito de honorabilidad y dejaba sometida la decisión de permitir que ejecutivos condenados sigan en su cargo a la discreción del Banco de España. En tiempos de corrupción rampante el caso de Saenz no aguanta un análisis serio.
Sáenz se fijó recuperar créditos impagados por unos 100.000 millones de pesetas. Quería, dijo en 1995, “expulsar” el 10% de los préstamos morosos del banco. Bajo ese plan presentó una querella por estafa y alzamiento de bienes contra Pedro Olabarría, Modesto González y Fernando y José Ignacio Romero, a los que reclamaba 600 millones de pesetas por la compañía Harry Walker. Sáenz esgrimía que se habían hecho responsables personales de esos créditos.
Condenados a prisión por el juez Luís Pascual Estevill, los empresarios denunciaron a Sáenz y otros directivos, pero el TSJ de Cataluña archivó la causa. El Supremo anuló en 2006 ese fallo y obligó al tribunal a retomar el caso. En 2009, la Audiencia de Barcelona condenó a Sáenz, a un exdirector regional y a un letrado del banco a seis meses de prisión y una indemnización de 100.000 euros por delito de acusación falsa y estafa procesal. Se valiera de aquel sinvergüenza para actuar contra ellos.
“Obedeció al único propósito de recuperar unos créditos, de la forma que fuere”, decía el fallo, que acusaba a Sáenz de aprovechar la presencia temporal del corrupto juez Pascual Estevill en el juzgado n° 10 de Barcelona, condenado luego por prevaricación en varios casos y detención ilegal.
El gobernador del Banco de España ha adoptado en este caso una actitud opuesta a la de su antecesor, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Frente a la pasividad y culpabilidad de éste, Linde no veía margen para permitir que siguiera ejerciendo como banquero, Alfredo Sáenz, tras ser condenado en firme por presentar una denuncia falsa cuando presidía Banesto en 1994.
El Banco de España se encontraba actualmente en pleno estudio del expediente para inhabilitar a Sáenz como banquero tras la decisión del Tribunal Supremo de anular parcialmente el indulto del que éste disfrutaba. Linde iba a condenar a Sáenz y éste en el último momento como tramposo que es, ha dimitido.
El fiscal anticorrupción David Martínez Madero había encontrado entre la documentación incorporada al caso BBV un fax que detallaban también “cómo se realizaron determinadas alteraciones contables o falseamiento contable a fin de sortear las exigencias legales establecidas en la isla de Jersey” para efectuar en 1999 un pago político por importe de un millón de dólares como contribución a la campaña electoral del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. La Fiscalía Anticorrupción quiso profundizar en la investigación de si aquellos pagos políticos del BBV, considerados “no lícitos” por el juez Garzón, vulneraron también la legislación de Jersey, por lo que pidió al instructor que dirigiera una comisión rogatoria al fiscal general de Jersey, que llevaba cinco meses sin contestar a una anterior petición de auxilio judicial.
Entre las diligencias que el fiscal Martínez Madero propuso a Garzón se encontraba la citación, en calidad de testigo, de Alfredo Sáenz Abad, en su día vicepresidente del BBV y hasta ayer consejero-delegado del banco competidor, el Santander Central Hispano (SCH).
El fiscal anticorrupción examinó las actas de las reuniones del Consejo de Administración del BBV-BBVA porque había advertido que “pese a que se dicen aportadas al Juzgado, no lo han sido las de las reuniones correspondientes al 26 de enero y 26 de febrero de 2002”, por lo que solicitaba al instructor, que requiriese de nuevo al BBVA que entregara esos documentos.
La declaración testifical de Sáenz tenía por objeto “que concrete y explique las afirmaciones que el acta del Consejo de Administración de 25 de marzo de 1993 le atribuye”.
En particular, Martínez Madero quería que el directivo del SCH explicara la siguiente manifestación que consta en el acta: “Destacó el Sr. Sáenz que hay cambios más recientes que pueden tener un fuerte impacto en el futuro, aludiendo a la libertad de movimientos de capitales y a la securitización [sic]. En el BBV el tamaño del balance es importante, pero lo que está fuera de balance es poco respecto a nuestros principales competidores”.
En definitiva que este Alfredo Sáenz no es trigo limpio. Es un tiburón de las finanzas que se va, después de amargar la vida a mucha gente, a su paraíso sin poder gastar los inmorales 88 millones.