¿Por qué el Gobierno español ha vendido material antidisturbios al régimen de Maduro?

Miércoles 9 de abril de 2014

Pregunta sobre si el Gobierno tiene respuesta para la denuncia realizada por la organización de derechos humanos venezolana «Provea», en el sentido de que la policía bolivariana está utilizando material antidisturbios suministrado por el Gobierno español.

Autor: IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA (GPV)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor ministro de Economía y Competitividad.

Pregunta de don Iñaki Anasagasti Olabeaga.

Tiene la palabra su señoría.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, no entienda mi comentario como algo personal porque sé que incluso mantiene usted una buena relación con nacionalistas, pero no sé qué pinta usted contestando esta pregunta relacionada con la venta de material antidisturbios, a no ser que usted por detentar el departamento de comercio lo vea seguro. Lo lógico hubiera sido que lo hubiera hecho el ministro de Asuntos Exteriores, García−Margallo, a no ser que solamente se dedique a hablar sobre Cataluña, o el ministro del Interior, a no ser que se dedique a organizar viajes a Lourdes de la Guardia Civil. (Risas). Hasta sería bueno que también lo hiciera el ministro de Defensa, que es experto en venta de armamento.

Nos ha sorprendido el hecho de que ustedes hayan sacado una nota diciendo que han suspendido cautelarmente y por tiempo indefinido la exportación de material antidisturbios a Venezuela ante la espiral de violencia que vive dicho país desde principios de febrero y que ha dejado un saldo de 39 muertos, 550 heridos y más de 2000 detenidos, según datos de Amnistía Internacional. La decisión fue adoptada por la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, en la que están representados los departamentos de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior, Comercio o Hacienda, el pasado 6 de marzo, aunque no se hizo pública. Señor ministro, ¿por qué no se ha hecho pública? ¿Por qué no nos ha dicho nada? Desde luego, nos hubiéramos evitado esta pregunta.

La doy por formulada.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador  Anasagasti.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, menos mal que la da usted por formulada porque ha durado un poquito su introducción, lo cual me parece muy bien.

Yo simplemente le puedo asegurar que ni el Gobierno ni ninguna empresa pública española han suministrado ningún tipo de material antidisturbios a Venezuela. Y además le confirmo que, ante la evolución de la situación interna en Venezuela, el Gobierno decidió suspender el pasado 6 de marzo de forma cautelar 15 licencias de exportación de material antidisturbios y una licencia de cartuchos de caza que se encontraban vigentes. Asimismo, acordó no conceder ninguna nueva autorización mientras las circunstancias en este país no se modifiquen.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Senador Anasagasti, tiene la palabra.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.

Pues vaya, si no venden material antidisturbios, les sugiero que vendan harina pan para hacer las arepas, que vendan libros, que vendan papel toilette, que también hace falta de vez en cuando −(Risas).-, pero no material antidisturbios y menos a un país autoritario o casi, en una deriva muy peligrosa hacia una dictadura.

Pero ha contestado usted de la misma manera que ha respondido el propio Gobierno venezolano. La denuncia viene de Provea, una asociación de derechos humanos. Y yo, señor ministro, entre lo que dice la asociación de derechos humanos de Venezuela y lo que me ha dicho usted me quedo con lo de la asociación de derechos humanos. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes no lo han hecho público?. Pues por algo será. ¿Será porque el ministro de Asuntos Exteriores venezolano, el señor Jaua, le dijo al señor García Margallo que no metiera sus narices en Venezuela? ¿Será porque España tiene muchos intereses en Venezuela? Seguramente será por eso pero, indudablemente, los derechos humanos son universales y ustedes podrían hacer mucho más por Venezuela, sobre todo ante una situación que se deteriora día a día.

Este fin de semana han viajado cancilleres de todos los países latinoamericanos para tratar de arreglar la situación e incluso el Vaticano se ha ofrecido como mediador y, ustedes ¿qué estaban haciendo? Vender material antidisturbios. Lo han mantenido oculto y ahora me dice que no era material antidisturbios sino algo de humo.

La verdad es que esto tiene mucha trampa y huele muy mal. Lo único que nosotros estamos demostrando es una situación de deterioro continuo; una situación de muerte continua; la detención de María Corina Machado, una diputada a la que le han quitado su escaño simplemente por acudir a la OEA a denunciar la situación de Venezuela; la detención de Leopoldo López, el líder del movimiento unitario de la oposición venezolana.

Usted seguramente contestará de un modo técnico y ahí quedará todo pero, señor ministro, esta es una situación excesivamente anómala y creemos que no se compadece absolutamente nada con la política que ustedes siguieron en la anterior legislatura en relación con el ministro Moratinos y con el presidente Zapatero.

Esto no tiene nada que ver.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.

¿Qué quiere que le diga? Le vuelvo a repetir que el pasado 6 de marzo el Gobierno ya suspendió de forma cautelar estas licencias, a pesar de que Venezuela no está sometida a ningún embargo de Naciones Unidas ni de la Unión Europea.

Además, el Gobierno siempre ha tenido en cuenta la situación existente en el país y, por ese motivo, ya se paralizaron temporalmente autorizaciones de envíos en los años 2012 y 2013, cuando se produjeron momentos de fuerte inestabilidad interna. Esa es la situación, señoría, y además le repito que la Secretaría de Estado de Comercio depende del ministro de Economía, que ha considerado la situación, las circunstancias y se han suspendido las autorizaciones de envío de material antidisturbios y de caza de empresas privadas, y no ha habido un solo envío ni de empresas públicas ni del Gobierno.

Quizá a usted no le valga, pero creo que debería estar muy contento con la respuesta que le estoy dando porque está absolutamente preocupado con la situación de Venezuela, como también lo está el Gobierno.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

 

He estado una semana en Honduras

Martes 8 de abril de 2014

En el Congreso hay un Intergrupo de Derechos Humanos con el que fuimos el año pasado a Guatemala en seguimiento del respeto a los derechos Humanos en aquel país. En este 2014 nos ha tocado Honduras.

Pagándonos de nuestro bolsillo, quizás por eso no ha ido el PSOE, hemos acudido Joan Josep Nuet de IU, Dionisio García Carnero del PP, y este servidor junto a la coordinadora del viaje Beatriz Gil de lEPALA , un Instituto de Estudios para América Latina y África que trabajando conjuntamente con COFADEGH, una plataforma de familias de desaparecidos, nos armaron un programa minucioso, continuo, denso y muy interesante. Nos acompañaba asimismo de IEPALA, el abogado Enrique de Santiago. En Tegucigalpa hemos ido de la mano de Doña Berta Olivar, una mujer referente en la defensa de los derechos humanos desde los tiempos en los que su compañero Tomás, desapareció de su casa, estando ella embarazada. Nunca se volvió a saber de él.

En el viaje hemos tenido la oportunidad de hablar largo con el ex presidente el Manuel Zelaya, a quien la oligarquía, los militares y la embajada USA le dieron un golpe de estado en 2009, así como hemos visitado a todo el Estado Mayor militar que nos dijo que querían trabajar continua e intensamente con Doña Berta, pasando por magistrados expulsados de su Sala,  el Defensor de los Derechos Humanos, Sindicalistas, mujeres, familiares de desaparecidos y víctimas de la violencia así comootras personas muy interesantes.

El comunicado que elaboramos y presentamos en rueda de prensa con gran afluencia de medios decía así:

Comunicado

Tegucigalpa, 3 de abril de 2014. Fruto del trabajo conjunto que venimos realizando el Instituto de Estudios para América Latina y África (IEPALA) y el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), se adoptó el compromiso de organizar una misión parlamentaria de observación de DDHH a Honduras antes del cumplimiento de los 100 primeros días de mandato de Juan Orlando Hernández.

Desde su origen se hizo un esfuerzo por aglutinar a la mayor parte de las fuerzas políticas españolas, estando finalmente integrada dicha misión por legisladores de tres partidos políticos: el senador por el Partido Popular (PP) Dionisio García Carnero, el diputado de Izquierda Unida (IU) en el Congreso Joan Josep Nuet e Iñaki Anasagasti, senador del Partido Nacionalista Vasco (PNV).

El objetivo de esta misión es verificar la situación de Derechos Humanos en Honduras respecto a los derechos civiles, políticos y sociales, un país con un alto grado de violencia y elevadas tasas de pobreza y desigualdad, que además vive un momento de gran complejidad en relación al panorama político. Estos días estamos escuchando diferentes voces de la población hondureña a través de reuniones y entrevistas mantenidas con diferentes actores, habiéndonos reunido hasta este momento con familiares de víctimas, el movimiento sindical, el movimiento campesino, organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, radios comunitarias y medios de comunicación, la Embajada de España en Honduras, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el grupo ACI, con el Coordinador General del partido LIBRE, el expresidente Manuel Zelaya, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscal de DDHH y el anterior y recién nombrado Comisionado Nacional de DDHH. Seguidamente a la presentación de este comunicado, seguiremos con el resto de la agenda, la cual recoge reuniones con los 4 ex magistrados de la Sala de lo Constitucional, las FFAA, los representantes del G-16, el representante del Alto Comisionado de NNUU de DDHH, el ex Director de la Oficina de la Reforma a la Seguridad Pública y la Bancada del Congreso Nacional.

Al encontrarnos en el ecuador de la misión no podemos aún emitir conclusiones definitivas pero debemos trasladar algunas preocupaciones:

1. En todos los encuentros mantenidos hasta este momento se ha reconocido el elevado grado de impunidad respecto a la violación de los DDHH existente en Honduras, habiendo sido informados incluso por la Corte Suprema de Justicia que la impunidad alcanzar hasta un 98% de las violaciones denunciadas.

2. Hemos escuchado repetidamente denuncias sobre la debilidad de la separación de poderes que existe en Honduras a pesar de lo establecido en la Constitución del país. En concreto el poder ejecutivo viene arrogándose competencias propias del poder legislativo, lo que conculcaría los principios sobre forma de gobierno establecidos en la carta magna. También hemos recibido denuncias sobre la excesiva influencia del poder ejecutivo en el poder judicial.

3. Hemos recibido denuncias sobre la constante asunción de competencias propias de instituciones civiles por parte de las FFAA: control de puertos y aeropuertos, fronteras, migraciones, funciones policiales y de orden público, control de comunicaciones, sistema eléctrico, recursos naturales como bosques e incluso funciones de intervención social respecto a menores y jóvenes, entre otras. La excesiva asunción de funciones propias del poder civil facilita la militarización de la sociedad y favorece el desarrollo de una cultura de violencia.

4. Incremento de la criminalidad organizada especialmente del narcotráfico y las maras incidiendo de forma preocupante sobre distintos sectores sociales y facilitando la pervivencia de situaciones de impunidad.

5. En reiteradas ocasiones se nos ha señalado que las violaciones de DDHH se concentran prioritariamente sobre determinados colectivos: periodistas, campesinos, sindicalistas, abogados, oposición política, mujeres, colectivo de diversidad sexual entre otros. El alto nivel de impunidad provoca que los responsables de estas violaciones de DDHH no sean sancionados por la justicia lo que a su vez facilita que continúen efectuándose todo tipo de violaciones de derechos fundamentales.

6. La inoperancia de los poderes públicos a la hora de combatir la impunidad impide la eficacia de las distintas medidas cautelares de protección sobre colectivos vulnerables dictadas tanto por la justicia hondureña como por el Sistema Interamericano de DDHH. La propia Corte de Justicia nos ha reconocido carecer de medios para implementar las medidas cautelares aprobados.

7. Hemos recibido múltiples denuncias sobre las nuevas formas de intimidación a personas defensoras de DDHH y otros colectivos vulnerables. Se generalizan amenazas, secuestros y violencia contra familiares de defensores y defensoras de DDHH.

A modo de recomendaciones:

1. El estado debe asegurar una eficaz separación de poderes como premisa fundamental para garantizar el funcionamiento del estado de derecho.

2. La lucha contra la impunidad debe implicar a todos los poderes públicos de forma coordinada y eficaz, única manera de conseguir acabar con esta realidad y recuperar la credibilidad de la sociedad respecto al estado de derecho.

3. El combate a la criminalidad y a la violación de los DDHH nunca será eficaz si no va acompañada de una sólida política de prevención.

4. Es obligación del estado garantizar el estricto cumplimiento de las medidas cautelares acordadas por las instituciones competentes, a cuyo efecto deberán destinarse los recursos necesarios, puesto que de no hacerse supondría la responsabilidad y connivencia del estado con las muchas violaciones de derechos humanos denunciadas.

Al concluir esta misión los integrantes prepararán un informe exhaustivo en el que se recojan sus impresiones y conclusiones definitivas.

 

Le creo a Pilar Urbano

369.14Lunes 7 de abril de 2014

Como panteras han salido en defensa del monarca Juan Luís Cebrián, La Razón, el ABC y El País. No pueden tolerar que la mentira del 23-F con la que se ha construido un relato falso que, encima ha sido vendido al mundo, se ponga en cuestión el montaje por una periodista del sistema y sabiendo, como saben, que es verdad.

A mí Antonio Carro, ministro con Carrero Blanco me lo dijo en una recepción en el Palacio Real. “El culpable del 23-F fue el inquilino de esta casa. Se la pasaba hablando perrerías de los políticos y de Suarez ante los militares y estos le cogieron la palabra. “Es un frívolo».

Dicho por un cancerbero del régimen sin que yo se lo preguntara y hace treinta años, aquello se me quedó grabado a fuego. Y entre el ABC y Carro, me quedo con Carro.

Como me quedé con la narración que hizo Luis Herrero, el hijo del fiscal Herrero Tejedor, padrino de Adolfo Suarez. Herrero cuenta en su libro «Los que le llamábamos Adolfo” las presiones del rey a Suarez para que nombrara segundo jefe del estado mayor al general Armada antes del 23-F.

En una democracia seria y normal, los que dudan de la Sra. Urbano podían pedir los papeles secretos al Cesid, hoy CNI, y cuestionarse el por qué no se investigó la trama civil de aquella asonada donde aparece hasta el Servicio de Estudios del Banco Santander. Solo pagó, con una ínfima condena, aquel orondo García Carrés que animaba a Tejero a no desfallecer durante el golpe. El resto no se investigó y cuando los militares fueron juzgados en aquel juicio llamado de Campamento no acudió uno de los factotum de aquella noche, el general Sabino Fernández Campo. El rey, por el que todos aquellos militares franquistas se sublevaron, no fue tocado ni con el pétalo de una rosa. Y como la defensa que tienen es tan débil ahí sale en tromba a tratar como vasallos que éste rey, corrupto, frívolo, mujeriego y poco serio siga con la imagen edulcorada simulando alguien que no es. Hasta el propio Adolfo Suarez escribió aquel artículo ante la sentencia que tituló «Yo discrepo».

Le creo a pies juntillas a Pilar Urbano. Una señora en el final de su carrera no se mete en semejante jardín de no ser que lo que cuenta es verdad. Solo espero que les ponga en su sitio y les conteste y se lo publiquen a todos estos sinvergüenzas paniaguados que han salido como los toros en San Fermín a defender a personaje tan impresentable que la historia pondrá en su sitio. Al tiempo.