No vale todo. Por supuesto que no. Ni siquiera por una buena causa. De hecho, el propósito más noble queda bastardeado cuando en su nombre se usa intencionadamente el juego sucio. La mentira, la manipulación o eso que una vocera de Trump ha bautizado con jeta de titanio como “Hechos alternativos” ponen en evidencia a quienes, a falta de escrúpulos y argumentos, los utilizan como atajo hacia sus fines. Insisto, por meritorios que estos sean. Y peor, si la sórdida estrategia incluye un ataque de mala fe a una persona, que en el caso que nos ocupa, reúne, además, la condición de representante de la soberanía popular.
Cierto, son mis palabras. No creo, sin embargo, que la opinión que expresan esté muy lejos del mensaje que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco lanza a las plataformas antidesahucios en el auto de archivo de la denuncia que presentaron contra Iñigo Urkullu por haber aportado datos sobre el desalojo de una mujer en Gasteiz. Ocurrió, seguro que lo recuerdan, en el debate electoral en EITB. Interpelado por una de sus adversarias, el entonces candidato a la reelección aportó los citados datos, que desmentían la versión —como poco— exagerada que se había hecho circular. “Lo único que está haciendo es constatar una realidad y lo que es más importante, cumplir con su obligación de mandatario público”, anota el TSJPV junto a media docena de consideraciones en las que deja claro que no hay falsedad, revelación de secreto ni intromisión en ninguna intimidad. El daño está hecho. No tanto al lehendakari como a la verdad y a la propia causa justa a la que supuestamente se pretendía servir.