El Gobierno de Nafarroa ha acudido al Superior de Justicia para pedirle (por favor, por favor, por favor) que le permita instaurar el toque de queda en el 80 por ciento de los municipios del territorio. En la demarcación autonómica, salvo sorpresa mayúscula, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ni se plantea solicitar la venia de sus señorías. Atendiendo a la bibliografía presentada hasta la fecha, sería uno de esos esfuerzos inútiles que conducen a la melancolía, o sea, al encabritamiento. Todo indica que el juez que tenía en su perfil de Twitter el himno del negacionismo, el que hacía cuchufletas sobre los epidemiólogos, se fumaría un puro con la solicitud. Dirán que es el Estado de Derecho funcionando a pleno pulmón, pero manda muchas narices que las autoridades votadas por la ciudadanía se vean en la humillación de presentarse ante la Justicia como quien va a una tómbola. No nos cansamos de ver cómo en cada caseta de feria judicial del Estado español los mismos hechos y las mismas situaciones implican resoluciones no ya diferentes sino radicalmente contrapuestas. Podría ser solo una cuestión latosa o una curiosidad, si no fuera porque llueve insistentemente sobre mojado y especialmente, porque esto ocurre en el fragor de la quinta ola, con los contagios multiplicándose exponencialmente y ya la presión hospitalaria notando la acometida. En esta tesitura, provoca una impotencia infinita asistir a la desnudez legal de las administraciones públicas, que sufren el bochorno de tener que rogar a los ciudadanos que no hagan aquello que los de las togas no les dejan prohibirles. No parece que sea la forma más eficaz de enfrentarse a una pandemia.
Está todo atado y bien atado. Si las urnas no te eligen siempre tendrás ayudas para desestabilizar el estado.
La sumisión absoluta, el acato pero no comparto y la cerviz agachada para el próximo golpe judicial son la salida más fácil.
Para eso vale cualquiera.
La sensación que nos queda a muchos no es que la Justicia sea un tómbola, no.
La sensación que, al menos yo, tengo es que la Justicia es un ente capaz de inmiscuirse en la más cotidiano de mi vida para decidir lo que he hecho bien o mal y sobre el cual no tengo ningún derecho a renegar ni posicionarme en contra.
Es un ente sobre el cual el ciudadano, depositario de la soberanía popular, no tiene nada que decir ni hacer al menos directamente.
Un ente que si se equivoca…., mala suerte. No hay consecuencias para él aunque las haya y muy graves para mí.
Un ente que entiendo que sea necesario hoy en pleno siglo XXI pero al que habría que exigirle que de una vez se venga al siglo de los vivientes y convivientes desde esos años o siglos en los que se ha quedado atorado.
El primer paso para arreglar un desaguisado es reconocer la existencia del problema, cosa que aun hay muchos sectores de la población española y vasca, tanto a nivel popular como intelectual o experto, que no lo asume, o le dan categoría de anécdota. Y el problema es que el franquismo, como manifestación de sistema autoritario, anti-demócrata y elitista, pervive desde la invención de la pasarela del anterior régimen al actual. Y pervive, hasta ahora, enquistado en las estructuras ajenas a la representación democrática, como son el sistema judicial y policial, así como el eclesiástico y cultural.
De un tiempo a esta parte las élites económicas han conseguido, a través de la globalización y digitalización, un sistema en que el mundo del trabajo y su salario es menos determinante en la obtención de su producción y beneficio, cada vez más distantes de las rentas personales, obviando por tanto la representación y negociación entre factores de producción que aportaban antes estabilidad al sistema. Por eso prima ahora dirigir el estado más a través de organismos e instituciones no representativas y sí influyentes en la nueva cultura no asociativa: crecen los mensajes individualistas, las opciones no comprobables por la confrontación de ideas, y el uso de canales masivos pero no asociativos, por lo tanto no confrontables, no comprobales.
Es decir, ahora es posible aflorar el mensaje dictatorial , pasando por encima de la representación legal. La eficacia ahora está en personas no elegidas y en las fake news, más que en las leyes obtenidas por representación y consenso.
Son ahora las togas lo que dicen lo que hay que hacer por encima de los científicos, y sobre todo, por encima de los elegidos por la ciudadanía. Incluso se cambia la realidad para hacerla verdad jurídica sobre la que sentenciar.
El confinamiento para actividades no esenciales es una limitación al derecho de circulación, y no su supresión. Esto es, lo diga Agamenón o su porquero. Y la ley Orgánica 4/1981 sobre estados de alarma, excepción y sitio, da cobertura total sobre las medidas adoptadas en la pandemia asesina que aún amenaza nuestra vida. La sentencia es un despropósito a todas luces para saltar por encima del ejecutivo, del legislativo y de cualquier «mini-gobierno» -palabras de Vox – que se le ocurra aplicar coherencia sobre lo que hay que hacer.
El golpe de estado está aquí. Con 52 diputados en el Congreso la extrema derecha Vox y PP, unos demandando, otros bloqueando, disponen de todos los palos en las ruedas que quieran sin necesidad de ocupar el banco azul.
El problema es serio, es estructural. Las fuerzas demócratas deben ponerse a trabajar para evitar la peligrosa deriva. El estado de derecho no se fundamenta en la permisividad de cualquier ideología, sino que debe aplicar sus resortes para impedir el ejercicio de la legitimidad de las acciones mediante la Ley y la aprobación mayoritaria de los representantes de la soberanía. El deterioro de las instituciones representativas sólo beneficia a las élites anti-demócratas y el ejercicio del poder no puede permitirse ejercerlo quien no ha sido sancionado por la soberanía popular.
«debe aplicar sus resortes para impedir el ejercicio de la legitimidad de las acciones mediante la Ley y la aprobación mayoritaria de los representantes de la soberanía»
Perdón, quiero decir:
«debe aplicar sus resortes para impedir los recortes en la legitimidad de las acciones ejercidas mediante aplicación de la Ley y la aprobación mayoritaria de los representantes de la soberanía»
Tanto con el artículo de Vizcaíno como con el comentario de Esnepel, ponderado y bien expresado, estoy totalmente de acuerdo.
Una tómbola ha sido la pandemia desde el minuto uno. Hemos visto como un solo contagio, cambiaba el color del mapa covid haciéndonos pasar del naranja al rojo o viceversa, y aplicar distintas medidas restrictivas cuando en realidad era el mismo caso.
Al parecer, es ahora es cuando los legisladores se ha dado cuenta que estamos igual en toda España y se pide la misma herramienta para combatir la misma crisis.
Algunos se encuentran con magistrados que se niegan a suministrarla por su gran insensatez, o porque no les sale «del higo».
Tristemente la ley se lo permite.
La Justicia Hispanistaní es una tómbola amañada en una feria de tahúres verbeneros con ínfulas de grandeza.
Me considero un ciudadano de a pié. Con conocimientos básicos sobre el complicado mundo de la Administración de Justicia. Y de verdad que no entiendo lo que está pasando con las decisiones de los señores Juces en todo esto de la Pandemia.
Sobre la separación de Poderes creo que la mayoría estamos a favor de ella. Pero una cosa es SEPARACIÓN de Poderes, y otra muy distinta ENFRENTAMIENTO de Poderes, en un tema en el que está en juego la salud y por tanto la vida de muchos ciudadanos.
Señores Jueces:
¿a qué están jugando, a ser protagonistas en esta desgraciada situación, a caer bien a ciertas ideologías partidistas, o a proteger la vida de las personas?
¿Qué es antes, su interpretación de la Ley o la salud pública?
Por favor, pónganse de acuerdo… que no cuesta tanto, si hay buena y sana intención para ello.
Pues, por poner una nota de color, discrepo en bastantes cosas, sobre todo de los comentarios.
Empezaré con lo que sí comparto. El desconcierto ante la disparidad de criterios entre unos jueces y otros y ver a los jueces entrar en disquisiciones sobre idoneidad de medidas sanitarias.
No le corresponde a un Juez decidir si una medida va a ser eficaz o ineficaz para parar la pandemia como no les corresponde decir si una reforma laboral va a ser eficaz o no para crear empleo. Para eso elegimos a los parlamentos y gobiernos. Y si se equivocan, ya les castigaremos con el voto. Un caso claro de estos fue el de TSJPV anulando el cierre de los bares porque no consideraba que fueran especial foco de contagios. Eso no le correspondía valorarlo a él.
Y ahora empiezo a discrepar. A ver…está el “comodín de eta”, que ya sabemos cómo se usa, pero también está el “comodín de Franco”. Hombre, no puede ser que valga para todas las charlas, que dé igual el tema. ¿Cuba? Franco. ¿Pandemia? Franco, etc, etc.
Precisamente, los jueces en el Estado franquista jamás tumbaron un toque de queda, un estado de excepción, unas medidas restrictivas de derechos dictadas por el Gobierno. Estaríamos en el escenario o supuesto opuesto.
Leo un comentario que dice percibir la Administración de Justicia como un ente que se inmiscuye en todos los aspectos de su vida. Yo creo que no es así. En la mayoría de los casos la Justicia actúa a instancia de parte. En términos generales y, desde luego, en el ámbito del derecho privado. Si un Juez (o Jueza) decide sobre el reparto de una herencia, la custodia de un menor, la validez de los acuerdos en la gestión de una empresa, los pormenores de un contrato de compraventa o arrendamiento, la cuantía de una deuda, etc, etc…es que todas las partes implicadas en esos asuntos (cónyuges, herederos, socios, caseros y arrendatarios, contratantes y contratistas…) han sido incapaces de arreglar sus diferencias por si solos y por otras vías y recurren a la Justicia. Si se ponen de acuerdo como personas civilizadas, el Juez ni asoma.
Y en el derecho público…pues no es muy distinto: si interviene un Tribunal es que un tercero (claro que en este caso sí puede iniciar el proceso el Ministerio Fiscal, que no es órgano jurisdiccional pero sí puede considerarse parte de la Administración de Justicia o el mismo juez de instrucción) impulsa la acción al considerar que se ha vulnerado una determinada ley o el Código Penal…que no han redactado los Jueces; a los Jueces se les va con el cuento de que alguien ha vulnerado esa ley y ellos tienen que determinar si ha sido así y aplicar las consecuencias que les hemos dicho que apliquen.
Claro; esto es la teoría. Pero es que en este contexto de pandemia, precisamente lo que están haciendo los Jueces es impedir que el poder gubernamental, el poder político, se inmiscuya en todos los aspectos de nuestra vida; si puedo salir o no a la calle, si puedo circular libremente, si me puedo juntar con 5 o con 10 personas…
Los Tribunales están diciendo que los Gobiernos no pueden limitar a la ligera esos derechos.
Sí creo que que hay cierta revancha o puya de los jueces a los políticos.
Les vienen a decir; “Vosotros nos habéis dicho, en la Constitución, en las leyes- que estamos obligados a aplicar- que hay determinados derechos que tienen una protección muy reforzada, de forma que los gobernantes tienen muy difícil limitarlos y, si lo intentan, están los jueces para impedirlo…pues ahí tenéis. Toma garantías y toma protección”.
Si hace dos años, antes de la mierda esta, nos dicen que un Gobierno decreta un toque de queda y que un tribunal lo tumba, habríamos hablado maravillas de ese tribunal y de la separación de poderes.
Sin haberme leído la Sentencia ni los votos particulares en otro sentido, el TC ha venido a decir que para todo lo que se hizo, no bastaba el Estado de Alarma, que era necesario un Estado de Excepción, que es más garantista porque exige mayor apoyo parlamentario, casi unánime, porque cercena derechos muy esenciales. ¿Alguien habría criticado una sentencia así hace dos años?
¿Qué pasa? Que tenemos una clase política y parlamentaria bajuna, partidista, desleal, incapaz en una situación así de un consenso como el requerido para un Estado de Excepción y fue necesario atajar (y bien hecho).
Lo que la clase política ha hecho es trasladar a los jueces el problema de su incapacidad para afrontar la situación. Y luego están las contradicciones y complejidad del Estado autonómico, que tampoco se han inventado los jueces.
Todo ello, con la reserva que he dicho al principio. También me resulta desconcertante la disparidad de criterios entre unos jueces y otros y entre territorios y la argumentación de los jueces con disquisiciones sanitarias.
El poder judicial, se ha convertido en el Gobernante y primer poder institucional.
Quien ha convertido el poder judicial en el primer PODER? que yo sepa nadie le ha dado el poder para que ESTË POR ENCIMA DE LA VOLUNTAD POPULAR, ES DECIR DEL PARLAMENTO.
Nunca el poder judicial puede modificar la voluntad popular, la voluntad del parlamento.
Si un tribunal considera que una ley aprobada por el parlamento vulnera algo, aunque ese algo sea la constitucion( que como todo el mundo sabe, no es mas que una ley aprobada por el PARLAMENTO) lo que debera hacer es comunicar al Parlamento que es lo que vulnera esa ley y ademas comunicar al Parlamento en que lo vulnera y devolverla al Parlamento para que la tome en consideracion o no. Hasta entonces seguira en vigor mientras el el Parlamento no la modifique.
Si el Parlamento considera lo pronunciado por el poder judicial, lo contemplarâ en la ley, pero si el PARLAMENTO considera que esta bien como esta, lo que debera ser y hacerse de facto modificar esa Ley llamada constitucion donde el poder judicial dice que se vulnera.
A partir de aqui podremos decir que estamos en un estado de derecho en el que el PARLAMENTO, LA EXPRESION POPULAR, LA DEMOCRACIA, ESTA EN SU LUGAR.
MIentras tanto el poder no estara en el parlamento.
Claro; hay un jerarquía entre normas jurídicas. Un reglamento o decreto de un gobierno no puede contradecir una ley ordinaria emanada del parlamento con mayoría simple, ésta no puede contradecir una ley orgánica del parlamento que tuvo mayoría reforzada y la ley orgánica no puede contradecir la Constitución, que es norma en la cúspide del ordenamiento, y que además de las mayorías reforzadas, requirió referéndum.
Yo creo que tiene todo el sentido del mundo (más todas las relaciones entre normas en horizontal, en función del marco competencial territorial).
Todas ellas emanan de la soberanía popular. Se trata de que alguien tiene que controlar que eso se cumpla y que en los conflictos que se van a dar entre normas decida un órgano supuestamente neutral porque, si no, cada órgano legislativo diría que su norma es la que debe prevalecer.
Y para eso están los Tribunales. Pero es que este sistema y esta forma de resolver estos conflictos por medio de los tribunales también emanan de la voluntad popular, pues eel el Parlamento el que dicta la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, las leyes de enjuiciamiento…todo.
Y en caso de conflicto…o se cambia la ley que choca con la constitución o se cambia la constitución para superar esa falta de concordancia: todo ello puede hacerlo el Parlamento elegido por los ciudadanos.
Los jueces se limitan a cumplir el mandato y la función que la propia soberanía popular les ha asignado. Decir qué norma prevalece según el sistema de prelación de normas que le ha dictado el Parlamento y de cuyo cumplimiento les ha asignado velar.
Insisto, esta es la teoría, pero no está de más que tengamos claros lo fundamentos del sistema.
Larry, dices:
«Pero es que en este contexto de pandemia, precisamente lo que están haciendo los Jueces es impedir que el poder gubernamental, el poder político, se inmiscuya en todos los aspectos de nuestra vida; si puedo salir o no a la calle, si puedo circular libremente, si me puedo juntar con 5 o con 10 personas…» Efectivamente, y con esta «protección» nos habrían contaminado como en Brasil, por ejemplo.
Y habría que discutir si tienen ese derecho después de comprobar su manifiesta incompetencia, al leer la Ley (L.O. 4/81):
» ..Art. 4
El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo ciento dieciséis, dos, de la Constitución podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad.
….
b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
….
Art. 11.
Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el decreto de declaración del estado de alarma, o los sucesivos que durante su vigencia se dicten, podrán acordar las medidas siguientes:
a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.
… »
Si saben leer, el problema es que los jueces no aplican la Ley, interpretan la realidad, y en el sentido más torticero. La circunstancia para declarar el estado de alarma se ha dado y no el estado de excepción que se reserva para cuestiones de orden público y bloqueo de instituciones. Y la facultad para tomar las medias de confinamiento y toque de queda están previstas. No hay supresión de movilidad, sino limitación en orden a la crisis sanitaria que se quiere controlar y que la ley describe.
Si es supresión del derecho a la movilidad la prohibición de salir de casa salvo para asuntos necesarios, también lo sería el obligarte a parar ante un semáforo en rojo o tener que caminar por las aceras y conducir por la calzada.
No se trata de criticar una sentencia discutible, sino la verdadera intromisión, como dices, en la tarea de los que hemos elegido para que interpreten esta realidad y la gestionen.
Yo no he elegido a ningún juez que me proteja de esta «intromisión», entre otras cosas porque esa protección la debe brindar el Parlamento, sede de la soberanía popular. Y si hay que quitar el concepto del franquismo del debate, pues se quita. Pero la concesión del poder omnímodo ese organismo que interpreta la constitución tiene un tufo de vigilante de las esencias, que al final resulta antidemocrático. No es Franco la referencia, sino la Democracia, es decir la pervivencia del poder elegido sobre el designado.
Es significativa, además, la defensa de un derecho individual como es la movilidad personal y con meros efectos particulares y prescindibles, por encima de un derecho colectivo (además del particular) como es la salud pública. ¿Realmente es digno de protección un derecho en toda la extensión de su ejercicio, que puede provocar, como lo ha hecho, cerca de 100.000 muertos? A qué me sonará esto si no es a franquismo latente.