Felipe VI firmará los indultos

A falta de entretenederas de más fuste, y una vez que parece asumido que habrá indultos a los dirigentes soberanistas catalanes, al fondo a la derecha se han sacado de la sobaquera una nueva bronca de diseño. Va, precisamente, de si Felipe de Borbón debería negarse a firmar las medidas de gracia. Vendría a ser un remedo de la abdicación por un día del meapilas Balduino de Bélgica para evitar firmar la ley del aborto en su país. Eso, claro, en la versión más suave, pues no son pocos los ultramontanos que le están insinuando a su muy preparada majestad que debería ponerse farruco y romper los papeles cuando se los lleve a firmar Pedro Sánchez. Se correspondería tal actitud con la que mostró el hijo de Juan Carlos en el glorificado discurso del 3 de octubre de 2017. Pero pueden esperar sentados porque tal circunstancia no se va a dar.

Lo que más saborcillo le aporta a esta polémica de nada entre dos platos es que suspuestamente ha provocado el enfrentamoento entre el presidente del PP, Pablo Casado, y la pujante supernova de la derecha, Isabel Díaz Ayuso. Como ella misma ha dicho con su desparpajo habitual, su postura al respecto (la de la insumisión del monarca) es la misma que la de Casado. Otra cosa es que él, aspirante al principado del centroderecha, no se atreva a decirlo con la misma claridad. Y mucho menos, si los correveidiles del Palacio de la Zarzuela andan por ahí haciéndose los ofendidos porque la presidenta de Madrid ha puesto en evidencia a su señorito, al que, como digo arriba, nada le va a librar del trago de rubricar de su puño y letra la salida de prisión de los políticos a los que él mismo instó a perseguir.

De indultos e insultos

Dime a quién indultas y te diré quién eres o, por lo menos, lo que pareces. Otra cosa, claro, es que te creas tan por encima del bien y del mal, que te importe un bledo, como por lo visto le ocurre al Gobierno español. Menudo carrerón de medidas de gracia sin puñetera gracia lleva. Entre los barrabases premiados por el dedazo magnánimo del señor de Pontevedra y sus escuderos figuran policías torturadores (cuatro hasta la fecha), banqueros corruptos y políticos que metieron la mano hasta el codo. 450 excarcelaciones por la patilla en un año, olé sus barbas. Tal vez porque la colección se estaba volviendo demasiado monotemática o por hacerle un guiño a ese Anacleto apellidado Carromero, el último rescatado de presidio ha sido un asesino a volante armado.

Como estas canalladas se hacen a oscuras en la trastienda y por lo bajini, ni nos habríamos enterado de no ser por la amarga queja de la asociación Stop Accidentes. Y aun así, el asunto se ha ventilado en esquinitas perdidas de la actualidad, allá donde habitan el olvido y la indiferencia social, que es también donde nos las dan todas juntas. Sirvan estas líneas, en su corto alcance, para levantar acta de la enésima aplicación caprichosa de la prerrogativa gubernamental del perdón.

Caprichosa, sí, y algo peor, pues el beneficiado no es alguien que tuvo un mal día, un despiste tonto o cometió una imprudencia menor. Porque le salió de los mismísimos, después de liársela parda a un rosario de conductores, este tipejo, de nombre Ramón Jorge Ríos, invadió el carril de sentido contrario y se pegó una kilometrada sembrando el terror hasta que pasó lo que tenía que pasar. Dejó sobre el asfalto un muerto y una herida grave que todavía padece secuelas. Él, faltaría más, salió ileso. Le cayó una condena de trece años… que no cumplirá porque para Mariano Rajoy y Alberto Ruiz-Gallardón, este terrorista vial merece una segunda oportunidad.

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[Después de enviar la columna al periódico, supe que había otros elementos que hacen más turbio el asunto. El hijo del ministro Gallardón trabaja en el bufete que representa al indultado, cuyo abogado es un hermano del exdirigente del PP Ignacio Astarloa.]