Hoy mi pueblo, Santurtzi, vuelve a movilizarse contra una injusticia. Como ya hicieran nuestras vecinas y nuestros vecinos de Portugalete para recuperar la casa de Vitori de sus usurpadores, los habitantes de la villa marinera —¡y quien quiera sumarse desde donde sea!— estamos convocados frente a otra vivienda que en el eufemismo de los medios llamamos ocupada o, si nos ponemos todavía más estupendos, okupada, con k megamolona. Menos mal que a estas alturas del tercer milenio, llevamos las suficientes caídas de guindos coleccionadas para saber que hablamos, sin menos y sin más, de un domicilio particular tomado al asalto por unas personas a las que ni siquiera puedo nombrar como presuntos delincuentes.
De hecho, la broma macabra empieza ahí. La ley está de su parte. Contra todo lo que nos enseñan, son los propietarios del inmueble los que tienen que demostrar que lo son y/o que los expoliadores no son víctimas de un perverso casero que les quiere poner de patitas en la calle por capricho o por codicia. Si, como yo, les preguntan a sus jurisconsultos de cabecera, les dirán sin arrugarse la toga que se trata de la más elemental de las garantías constitucionales. Acto seguido, señalarán a los legisladores como responsables del inconveniente menor que resulta que arramplen con tu casa y afearán a la inculta plebe por desconocer los rudimentos básicos del Derecho. La autoridad nominalmente competente se llamará andanas, no sea que la beatífica progritud saque a paseo la demagogia tramposa y ventajista. Y al final solo queda la presión popular, con el inconmensurable peligro de que la cuestión se vaya de las manos.