Miércoles 25 de febrero de 2015
Un solvente frente cívico ha alzado la voz para agitar el debate contra la corrupción. «No son soluciones, son propuestas muy concretas para la reflexión», puntualizó el magistrado José María Tomas y Tío, presidente de la Fundación por la Justicia, en la presentación de 99 «medidas de aplicación efectivas» elaboradas y suscritas por una treintena de juristas y profesionales de distintos campos, entre los que figuran la jueza Manuela Carmena y Pedro Luis Viguer y los catedráticos de universidad Adela Cortina, último Premio Nacional de Ensayo, y Aurelio Martínez, que fue presidente del ICO en la anterior legislatura.
El «fortalecimiento de las instituciones» es la primera propuesta del catálogo y «la reducción significativa de los cargos públicos a 150.000», la primera medida, justificada por el hecho de que España tiene el triple que Alemania con la mitad de población. La segunda sugiere reducir también, de forma sensible, el número de personas de designación política y apostar por funcionarios de carrera, lo que implica «suprimir la contratación de asesores» y nombrar a funcionarios para ocupar los cargos de director general hacia abajo. Le siguen muchas otras relacionadas con la Administración general o local y con el sistema de partidos políticos, o con escenarios sensibles como el urbanismo o la justicia.
Los expertos proponen, por ejemplo, cambios en la manera de elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de los tribunales de Cuentas y Constitucional o la imposibilidad de remover a un fiscal que trabaje en un caso de corrupción. Hay un paquete de medidas específico para el sistema financiero, algunas de ellas, con una dimensión transnacional, dado el alcance de esos delitos.
«La lucha contra la corrupción pasa por proceder contra el corruptor», reiteró Aurelio Martínez, que puso como ejemplo la propuesta de aprobar una directiva europea que impida «optar a ningún contrato público» en cinco años a las empresas implicadas en casos de corrupción, tanto de dentro como de fuera de la Unión. Estas mismas empresas se verían gravadas con una tasa del 5% a todas las ventas que realicen en la UE. Otra tasa podría penalizar (entre el 1% y el 5%) «cualquier transacción llevada a cabo en un paraíso fiscal», en tanto estos existan. «No creo que nadie tenga conciencia fiscal», argumentó el catedrático en tono pesimista, pero esa conciencia puede surgir si el corruptor es consciente de que «le puede salir muy caro» si le cogen y «a lo mejor le cuesta la empresa».
Y es que la corrupción es cara para todos. Supone el 5% del producto interior bruto (PIB) anual mundial, recordó Martínez, y el 25% del PIB africano. En España, según una última investigación universitaria, la corrupción costaría al año 40.000 millones de euros, es decir, el 3,5% del PIB.
«El principal problema que tenemos en España es la pobreza», afirmó la filósofa Adela Cortina, para agregar que «la corrupción, la desviación de recursos públicos y los paraísos fiscales generan pobreza». A nadie es ajeno el problema porque «la corrupción es perversa para todos», advirtió, e invitó a sumarse a la iniciativa a «empresas, universidades y también los partidos políticos».
En la misma línea de aunar esfuerzos, el magistrado y presidente de la fundación promotora de la iniciativa, presentada ayer en Valencia y en Madrid, aclaró por qué se habían quedado en 99 y no llegaron a 100 propuestas. «La cien es la más importante», aseguró, porque «es la decisión de cada persona de que esto vale la pena, la propuesta número cien la tiene que escribir cada uno».
Las dos últimas propuestas recogen la creación de un observatorio, independiente de cualquier poder, que, entre otras cosas, evalúe el cumplimiento del convenio de Naciones Unidas contra la corrupción que España firmó en su día.
Responsabilidades
- La incoación de causa por corrupción supondrá la suspensión de militancia política. Es una de las propuestas a los partidos.
- Desde la primera resolución judicial con imputación, se producirá la separación del cargo público.
- Desde el procesamiento o apertura de juicio oral, separación definitiva del cargo público.
- Prohibición de formar parte de listas electorales desde la imputación.