Las banderillas de la Bachelet

Domingo 3 de julio de 2022

Se va la señora Bachelet de su cargo de Alta Comisionada de las Oficina de Derechos Humanos de la ONU dejando clavadas en el morillo de la revolución bolivariana par de dolientes banderillas, que no otra cosa semejan su informe y las tres actualizaciones que realizó durante su paso de casi cuatro años por el cargo sobre el Caso Venezuela.
No se necesita ser taurino, afición hoy en descrédito por la crueldad de la fiesta brava, para saber que las banderillas de la chilena no son de las quebradizas, ni delgadas ni multicolores. Se trata más bien del tipo de «banderillas negras», con puntas y lenguetas tan gruesas como de arpón, que dejaban al astado casi sin necesidad de estocada final para el arrastre. Sería por eso que el hombre del mazo calificó en su último programa a la expresidenta chilena como «una mujer cruel».
Típica inversión propia de los afanes propagandísticos del régimen: la crueldad no es la que está reflejada en las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, las condiciones inhumanas del encarcelamiento, la estigmatización, que entre otras condenables prácticas recogen los informes de la ONU. No, cruel es el funcionario que acusa.
En 2018, cuando la señora Bachelet llegó a su cargo y más aún cuando se dispuso a investigar las atrocidades que el régimen venía cometiendo contra los derechos humanos, incluidos los de la disidencia política, la oposición dudó que su oficina de la ONU pudiera cumplir de manera objetiva con el cometido de su misión.
Sin duda que los venezolanos tenían muy presentes aquellos arrumacos, fuera de toda formalidad protocolar, de Chávez con su homóloga chilena de entonces. Aunque ya se sabía que Chávez era capaz de estrechar en un abrazo aparatoso al mismo emperador Akihito, como si se tratara del Carrao de Palmarito, como en efecto lo hizo en un viaje al Japón.
La recordaban, seguramente, forrada de rojo y con el antebrazo de Chávez cruzándole el cuello, patética escena que fue reclamada por el congreso chileno que llamó a la presidente a guardar la compostura que su alta investidura nacional comportaba.
Pero también hay que recordar que no todo entre ellos fueron «dulces y pan pintado». Mucho después del inolvidable «¿Por qué no te callas?», que opacó la Cumbre Iberoamericana de Chile, la señora Bachelet expresó su «indignación» (sic) cuando recordaba que dentro de la camaradería revolucionaria en esa oportunidad le había planteado a Chávez la necesidad de que en la venidera reunión de la OPEP los precios del petróleo tuvieran un alza moderada, en procura de no afectar a las economías de los países latinoamericanos no productores. La indignación vino cuando Bachelet oyó a Chávez jactarse de que el alto nivel del precio del crudo acordado en esa reunión de productores se debía exclusivamente a él.
La radicalizada oposición venezolana desconfió al extremo de los resultados que podía arrojar una investigación encabezada por la Bachelet. Tal vez porque estamos influenciados por esa cultura sembrada por Chávez de quien tiene el poder tiene todos los derechos y ningún deber. Y desde una posición de poder se puede burlar a cualquiera. Aquí está acendrado y replicado aguas abajo. Hasta en cualquier carguito gremial un directivo se siente portador del aúreo Yelmo de Mambrino y no hay quien lo pare.
Los informes de la Alta Comisionada Bachelet han sido cuestionados por voceros opositores que los señalan de relativizar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, pero indudablemente que esas investigaciones independientes caracterizaron ante el mundo al régimen chavista de Nicolás Maduro como incursos en múltiples irregularidades y mermas democráticas verdaderamente alarmantes.
Esto ha ocurrido en materia de derechos económicos y sociales, en la reducción del espacio democrático y cívico con las restricciones a la libertad de opinión y expresión, de reunión y asociación pacífica y de participación en los asuntos públicos y por encima de todo las violaciones a los derechos a las vida y a la libertad e integridad de las personas, que es decir delitos de muerte y tortura.
Ya puede tratar de sacudirse esas acusaciones el miura revolucionario o mover torvamente la cabeza. Lo cierto es que los informes de la ONU han grabado con fuego sobre su testuz su condición de grave violador de los derechos humanos en la historia presente.
Gregorio Salazar, periodista. Exsecretario general del SNTP.

¿Es democrático solicitar avales para ser directivo del Athletic?.

Sábado 2 de julio de 2022

Pasada la campaña electoral y elegida una nueva Junta Directiva, creo  es momento de reflexionar sobre lo que a mí me parece una anomalía democrática como es la petición de avales para ser candidato a directivo. Es como si a cualquier concejal se le pidiera lo mismo con la argumentación paternalista de que una vez elegido puede llevar al ayuntamiento a la ruina. Son buenas las cautelas y para eso existen equipos y personas normales que se dan cuenta si al candidato le falta un tornillo pero, aunque así fuera, es el ciudadano con sus votos quien decide y a los cuatro años se busca sustituto.

Alberto Mostajo escribió una atinada reflexión sobre este sinsentido titulando su trabajo de esta manera:

Athletic Club: antidemocrático y clasista. Rotuda afirmación que, a mi modo de ver, ponía la cosas en su sitio. Decía así:

No soy socio pero, como un porcentaje altísimo de residentes en Bizkaia, casi la mitad de los vascos y un número muy importante de ciudadanos residentes fuera de nuestras fronteras ya sean estos de Burgos, Madrid, Berlín, socios de las Euskal Etxeak en América o residentes en Asia, África u Oceanía, soy de los que cada fin de semana vibro con las andanzas de nuestro querido Athletic, un club que por múltiples circunstancias concentra muchos de los valores que ayudan a resaltar el sentido de pertenencia a Euzkadi y que hacen de él ser reconocido como caso único en el mundo del fútbol. Un mundo cada vez más alejado del deporte y más vinculado a los negocios. Como decía, concentra muchos de los valores de pertenencia a ese Pueblo Vasco del que se nutre deportivamente, pero sin duda le falta uno: la democracia.

El pasado 23 de mayo la Asamblea General del Athletic Club tomó la decisión de modificar sus estatutos. Una decisión calificada de histórica por muchos de los compromisarios que tomaron la palabra y también por la Junta Directiva saliente que veía cumplida una de las principales propuestas que planteó en su programa electoral. Los argumentos para recibir tal calificación tenían su origen en una serie de cuestiones que se incluían como novedosas en la norma jurídica reguladora del funcionamiento de la entidad. Entre los temas que fueron destacados antes, durante y después de la reunión se encontraban el respeto a su tradicional filosofía deportiva, la protección del nombre de San Mamés como símbolo del club o la considerando la web como canal oficial del club. También se incluyeron cambios para objetivar la actualización de las cuotas, y se avanzó en la participación de los socios en la vida del club posibilitando la presentación de preguntas para ser respondidas en la Asamblea, digitalizando las relaciones de los socios con la entidad y reconociéndose el derecho de las socias y socios a ser consultados sobre asuntos de especial relevancia del Club mediante la convocatoria de referéndums que se canalizarán a través de la Asamblea Plenaria, un nuevo órgano del club que se recoge en el artículo 15 de los nuevos estatutos y a través de la cual se posibilita, sin duda, una mayor democratización del Club. Sin embargo, y esta es la cuestión, esa mayor democratización se queda en un mero espejismo ya que los nuevos estatutos cercenan claramente los derechos democráticos fundamentales de sus socios y socias al limitar su posibilidad de ser dirigentes del club y lo hacen no por cuestiones lógicas de edad, antigüedad en la condición de socio u otras similares, sino porque la imposibilidad está basada en la antidemocrática y clasista condición de disponer de patrimonio con el que avalar.

Es cierto que las últimas directivas han tenido que depositar avales y que el importe a avalar era superior al que se requerirá a partir de la entrada en vigor de los nuevos estatutos. Efectivamente, la obligación de avalar nace en aplicación de la Disposición Adicional Séptima de la Ley del Deporte de 1990 que obligaba a las Directivas de los clubs, que reuniendo las condiciones requeridas decidieron no transformarse en Sociedades Anónimas Deportivas, “a depositar, a favor del Club y ante la Liga Profesional, aval bancario que garantice su responsabilidad y que alcance el quince por cierto de su presupuesto de gasto”. Pero esta disposición normativa quedó modificada a instancia del Partido Nacionalista Vasco que presentó una enmienda a los Presupuesto Generales del Estado de 2022 quedando el tema de los avales para los Clubs no transformados en Sociedad Anónima Deportiva del siguiente modo “Los Estatutos de estos Clubes deberán libremente establecer los requisitos para ser miembro de sus Juntas Directivas, tales como antigüedad, avales, etc.”. Por lo tanto, puesto que los Estatutos de Athletic aprobados el 2 de febrero de 2012 no disponían nada al respecto, a partir del 1 de enero de este año los miembros de las Juntas Directivas del Athletic quedaban exentos de avalar económicamente su gestión, sin que, en ningún caso, quedasen exentos de responsabilidades ante el Club puesto que éstas estaban explícitamente recogidas en el artículo 52 de los Estatutos ahora derogados.

Y esto es, desde mi punto de vista, lo especialmente grave. Que la obligación para los miembros de la Junta Directiva de presentar aval económico se ha recogido en los nuevos estatutos motu propio sin responder a requerimiento de ente, federación o institución ajena al Athletic Club. Ni a ninguna obligación legal al respecto. Simple y llanamente los compromisarios que aprobaron los nuevos estatutos decidieron limitar los derechos de los socios y socias de la institución convirtiendo así al Athletic Club una entidad claramente oligárquica en una sociedad que no lo es. Existen cantidad de empresas e instituciones con presupuestos similares al del Athletic (140,4 millones de euros) sin que se exija a sus dirigentes presentar aval para poder ser elegido. ¿Se imagina alguien que los concejales de cualquier ayuntamiento tuviesen que avalar el 5% del presupuesto que gestionan? Pues resulta que Getxo tiene un presupuesto de 118 MM€, Barakaldo de 123 MM€ y Bilbao supera los 663 millones de euros.

Hace mucho tiempo que la democracia consiste en poder ejercer el sufragio universal en el doble sentido: activo y pasivo, elegir y ser elegido. Y eso en el Athletic Club hoy no es posible para todas las personas que componen su base social. Para tomar posesión quienes resulten elegidos deberán depositar un aval de 7,2 millones de euros a repartir entre los componentes de la Junta Directiva, lo que en números redondos a quienes en estos momentos optan a serlo les supondría unos 400.000€. Una cifra que es 14,6 veces la renta media por declarante por IRPF de 2019 en Bizkaia (27.333€), casi cuatro veces el, siempre criticado desde posiciones populistas, sueldo del Lehendakari (106.778,14€) y que sólo superaron 7.539 personas en Bizkaia en su declaración de Patrimonio de 2019, es decir el equivalente al 17% de la cifra de socios del Athletic (43.425 a 30 de junio de 2021).

Creo sinceramente que para seguir haciendo realidad la estrofa del himno que dice “Herritik sortu zinalako maite zaitu herriak” el Athletic del futuro debe evitar dos cosas: tener personas con actitudes de ricos prematuros en el césped y que su dirección esté perpetuamente en manos exclusivas de ricos.

Aupa Athletic!

Venezuela necesita a la ONU

Viernes 1 de julio de 2022

Para cumplir con el protocolo de reconocimientos antes que exigencias, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destacó este miércoles las reformas que supuestamente ha iniciado el régimen de Nicolás relacionadas con la justicia, la policía y la detención, sin embargo, afirmó que aún hay mucho camino por recorrer en favor de las garantía fundamentales.

Bachelet presentó al Consejo de Derechos Humanos un informe que reúne datos sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el estado de derecho y el espacio cívico, así como con la aplicación de las recomendaciones anteriores para Venezuela, esas que el régimen ha ignorado flagrantemente. Sobre la esfera judicial instó a que se realicen “investigaciones independientes, exhaustivas y oportunas”, y recalcó la necesidad de fortalecer la independencia judicial y la separación de poderes; también pidió la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente, y denunció que al personal de su Oficina no le permiten visitar centros de detención de presos políticos ni militares.

Sobre el espacio cívico, denunció 166 restricciones indebidas entre las que citó la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes; y sobre la libertad de expresión, reportó 34 casos. Bachelet resaltó el acuerdo con el régimen para ampliar la presencia en el terreno a 16 representantes de su Oficina, y hasta afirmó que con más cooperación, “se podrá contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos”.

La realidad es que aún no está claro cómo será renovado el trabajo de la misión en Venezuela ni si podrán instalar una oficina permanente, toda vez que solo hay firmado un memorandum de entendimiento entre el chavismo y ella que se vence cada año. El próximo Alto Comisionado no lo tendrá fácil.