Martes 18 de febrero de 2014
La LAESE por fin está cerca de ver la luz, en febrero 2014, tras muchos meses de tira y afloja. Tras la aprobación en Consejo de Ministros del Proyecto de Ley el pasado 14 de junio, los trámites parlamentarios están avanzando. El proyecto debería de estar aprobado como Ley Orgánica antes de fin de febrero, como tarde.
No obstante, las dudas se han acrecentado. La propuesta de armonización de la acción exterior con la política exterior del Estado ha sido duramente criticada por todos los partidos de la oposición, los medios de comunicación y la sociedad civil, que han visto un intento de centralización del Ejecutivo de buena parte de las competencias en materia de acción exterior, tanto dentro de la propia administración del Estado como con otras administraciones.
Establecer un mapa de prioridades estratégicas, definiendo a grandes rasgos qué se hace en el exterior (mediante una Estrategia de Acción Exterior cada cuatro años), cómo se hace y quién lo hace (mediante un Consejo Ejecutivo de Política Exterior) y revisar los objetivos mediante evaluaciones anuales, es un procedimiento saludable para una administración que quiere ser eficaz y eficiente. Pero esto no resuelve el pecado original de esta ley, que es similar en fondo al problema que encarna a la Marca España (no es el único): que la LAESE sea identificada más como un proyecto político, muy español, al calor de una mayoría absoluta y sin prácticamente debate parlamentario ni social alguno, que como un proyecto de Estado que entrañe una reforma administrativa con vocación duradera. Por otra parte, si bien es cierto que el Estado tiene una amplia colección de cuerpos en el exterior cuya actuación dista de ser coordinada en muchas ocasiones, toda la acción del Estado en el exterior no puede subrogarse a objetivos de política exterior, sobre todo si estos corresponden a objetivos de política económica (coloquialmente, aumentar las exportaciones y atraer inversiones).
La atribución de competencias en materia de asuntos exteriores también ha despertado gran oposición no sólo en el Parlamento, sino también entre los Gobiernos de las Comunidades Autónomas (CCAA) y sobre todo en Euzkadi y en Catalunya. Este sentimiento se ha acrecentado con la voluntad de la Generalitat de Cataluña de aprobar una Ley de Exteriores propia. La administración de Exteriores se ha posicionado públicamente en contra de esta ley.