Lunes 29 de febrero de 2016
Entre 2011 y el primer semestre de 2015, España exportó armas a Arabia Saudí por valor de más de 1.100 millones euros
La intensificación de las violaciones —incluidos posibles crímenes de guerra— que han desencadenado una crisis humanitaria en el contexto del conflicto armado de Yemen sólo empeorará a menos que todos los Estados impongan inmediatamente un embargo total a las transferencias de armas que podrían emplear cualquiera de las partes contendientes, ha advertido hoy Amnistía Internacional con motivo de una reunión sobre el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) en Ginebra.
Entre los Estados que siguen suministrando armas a Arabia Saudí y a los socios de su coalición para su uso en Yemen hay Estados Partes y signatarios del TCA, en violación manifiesta del Tratado, y concretamente de sus disposiciones en materia de derechos humanos. También se han desviado armas que han acabado en manos de las fuerzas huzíes y de otros grupos armados que luchan en Yemen.
“El mundo no sólo ha vuelto la espalda a la población de Yemen, sino que muchos Estados contribuyen a su sufrimiento al suministrar las armas y bombas que se están empleando para matar y herir ilegítimamente a la población civil y destruir hogares e infraestructura. Esto ha causado una catástrofe humanitaria”, declaró Brian Wood, director de Control de Armas y Derechos Humanos en Amnistía Internacional.
“Todos los Estados, así como organizaciones internacionales como la Unión Europea y la ONU, deben hacer todo lo posible para impedir que empeore aún más este terrible costo humanitario. Un paso vital sería cerrar inmediatamente el grifo de la entrada irresponsable e ilegítima de armas que podrían emplearse en el conflicto de Yemen.”
Amnistía Internacional ha documentado que, desde que estalló el conflicto el pasado mes de marzo, todas las partes han cometido con impunidad una serie de violaciones graves del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, incluidos posibles crímenes de guerra. Esto ha contribuido a la muerte de casi 3.000 civiles, entre ellos al menos 700 menores de edad, ha causado heridas a más de 5.600 y desplazado a más de 2,5 millones de personas.
La necesidad de un embargo de armas
Amnistía Internacional insta a todos los Estados a que garanticen que no se suministra a ninguna parte del conflicto de Yemen —ni directa ni indirectamente— armas, municiones, equipos militares o tecnología que se usaría en el conflicto hasta que pongan fin a estas graves violaciones. Esto se aplica también al apoyo logístico y económico a estas transferencias. El llamamiento a favor del embargo va mucho más allá de las sanciones internacionales vigentes impuestas a las partes del conflicto de Yemen. La resolución 2216 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada en abril de 2015, impuso un embargo de armas únicamente a los huzíes y a las fuerzas leales a Saleh. Una resolución no vinculante del Parlamento Europeo adoptada el 25 de febrero pedía a la UE que tratara de imponer un embargo de armas a Arabia Saudí, pero no a otras partes del conflicto.
Amnistía Internacional pide que toda autorización para una transferencia de armas a cualquiera de las partes del conflicto de Yemen incluya una garantía estricta y legalmente vinculante de que el uso final será compatible con el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, y que dicha transferencia de armas no se usará en Yemen. Los Estados deberán informar expresamente al Comité de Sanciones de la ONU de las condiciones de estas transferencias y de las garantías de uso final.
La organización no pide que se prohíba totalmente a los miembros de la coalición la adquisición legal de armas para usos legítimos fuera de Yemen, como por ejemplo las empleadas para la protección de la ayuda humanitaria o la participación en operaciones de mantenimiento de la paz.
Un embargo de armas excluiría efectivamente cualquier transferencia de armas a cualquiera de las partes del conflicto para su uso en Yemen mientras siga existiendo un riesgo sustancial de que las armas se empleen para cometer o facilitar que se cometan crímenes de guerra u otras violaciones graves.
Los Estados Partes en el TCA —incluidos todos los Estados miembros de la UE— deben estar implementando ya estas garantías de uso final en aplicación de sus obligaciones contraídas en virtud del Tratado.
Es crucial que el embargo abarque no sólo las armas y municiones empleadas en ataques aéreos como aviones militares, misiles y bombas, sino también equipos utilizados en Yemen para cometer ataques terrestres por las fuerzas huzíes y grupos armados y milicias alineados con la coalición, como proyectiles de artillería de poca precisión tipo Grad, así como morteros, armas pequeñas y armas ligeras, y otros equipos, como vehículos blindados.
Posibles crímenes de guerra cometidos por las dos partes
Desde que comenzó el conflicto en marzo de 2015, Amnistía Internacional ha documentado 30 ataques aéreos en cinco gobernaciones (Saná, Sada, Hajjah, Taiz y Lahj) por parte de la coalición encabezada por Arabia Saudí que aparentemente violaron el derecho internacional humanitario y que causaron la muerte de 366 civiles (más de la mitad de los cuales eran mujeres y menores) y heridas a 272. Estos han incluido ataques a hospitales, escuelas, mercados y mezquitas, que podrían constituir crímenes de guerra.
Amnistía Internacional ha investigado también 30 ataques terrestres indiscriminados o temerarios cometidos por huzíes o fuerzas leales a Saleh en las ciudades meridionales de Adén y Taiz, en los que murieron al menos 68 civiles y resultaron heridos otros 99 (la mayoría de ellos mujeres y menores). Se utilizan a diario armas de poca precisión destinadas al campo de batalla en zonas residenciales que causan víctimas civiles y demuestran menosprecio hacia las vidas de la población civil. Estos ataques indiscriminados violan las leyes de la guerra.
Amnistía Internacional ha documentado asimismo el uso por la coalición encabezada por Arabia Saudí de al menos cuatro tipos de municiones de racimo prohibidas internacionalmente (que incluyen modelos fabricados en Estados Unidos y Brasil) en al menos cinco ataques cometidos en tres gobernaciones de Yemen desde marzo de 2015. El último ataque documentado se produjo en Saná el 6 de enero y causó la muerte de un joven de 16 años y heridas al menos a otros seis civiles. Las municiones de racimo son armas indiscriminadas que representan un peligro a largo plazo para la población civil y su uso está prohibido.
“Los combates en Yemen han desembocado en un catálogo de horrores para la población civil. Las partes contendientes son culpables directas de la vulneración flagrante del derecho internacional humanitario y de no adoptar las medidas adecuadas para proteger a la población civil y sus derechos humanos”, añadió Brian Wood.
“Pero la comunidad internacional también ha desempeñado un papel significativo en esto, al seguir suministrando armas por valor de miles de millones de dólares a la coalición encabezada por Arabia Saudí, pese a las pruebas de que existe un riesgo preponderante de que se usen para cometer violaciones graves.
“Detener la entrada de armas a todas las partes del conflicto de Yemen debe ir acompañado del establecimiento de una comisión internacional que haga investigaciones creíbles e independientes sobre las violaciones graves del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos cometidas por todas las partes.”
Según un nuevo informe publicado por la coalición Armas bajo Control, Alemania, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Montenegro, Países Bajos, Suecia, Suiza y Turquía han informado de licencias de exportación y ventas de armas a Arabia Saudí por valor de más de 25.000 millones de dólares estadounidenses en 2015, entre ellas drones, bombas, torpedos, cohetes y misiles. Son este tipo de armas las que Arabia Saudí y sus aliados están utilizando para cometer violaciones flagrantes de derechos humanos y posibles crímenes de guerra en el curso de ataques aéreos y terrestres efectuados en Yemen.
Ventas de armas españolas a Arabia Saudí y el contrato de Navantia
Según datos oficiales, entre 2011 y el primer semestre de 2015, España exportó armas a Arabia Saudí por valor de más de 1.100 millones euros. En el primer semestre de 2015, cuando la coalición encabezada por Arabia Saudí ya había iniciado sus operaciones militares en Yemen, el Gobierno español autorizó la venta a Arabia Saudí de material de defensa por valor de más de 27 millones de euros, incluida munición por valor de 6,9 millones de euros, bombas torpedos y misiles por importe de 17,3 millones de euros, 645.00 euros en sistemas de dirección de tiro y aviones valorados en 2,2 millones. Además, en el primer semestre de 2015, España exportó armas a Arabia Saudí por valor de más de 447 millones, incluidos dos aviones de reabastecimiento en vuelo, repuestos y asistencia técnica, munición, una estación de control remoto para armas y pistolas de uso deportivo para una empresa particular.
En enero de 2016, Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón manifestaron su oposición a la inminente firma de un contrato entre Navantia y Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas para la armada saudí. Las ONG denunciaron el riesgo claro de que estos barcos de guerra se utilicen para cometer ataques militares directos a la población civil, ataques indiscriminados en Yemen o facilitar el mantenimiento del bloqueo naval al que somete a Yemen desde el 25 de marzo de 2015, cuando Arabia Saudí inició una devastadora campaña de bombardeos aéreos en Yemen en la que se han cometido graves violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra. El bloqueo naval de Yemen por parte de la coalición saudí es una violación grave del derecho internacional humanitario. Si el Gobierno español autorizase esta exportación, violaría la Ley española sobre comercio de armas y el Tratado sobre el Comercio de Armas.
Amnistía Internacional ha pedido a todos los partidos políticos que adopten medidas para mejorar el control y la transparencia del comercio de armas que eviten la venta de armas para cometer violaciones graves del derecho internacional. Sin embargo, representantes de diferentes partidos como el PP, PSOE, Podemos e Izquierda Unida, se han manifestado a favor del contrato de Navantia, obviando sus gravísimas consecuencias.
La organización tiene en marcha una cibernación para pedir al presidente de Navantia y al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que paren esta venta con la que se podrían cometer atrocidades.
