Jueves 22 de octubre de 2015
En el último pleno de esta legislatura en el Senado, el Partido Socialista le pidió al gobierno que derogara la llamada «Ley Mordaza». Todos los Grupos lo pedimos, pero el PP con su mayoría aplastó la iniciativa. Me tocó tomar postura ante la Moción y esta fue nuestra postura:
MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS DE LOS CIUDADANOS.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente, señorías, en junio entró en vigor una de las leyes más emblemáticas de la legislatura: la Ley de seguridad ciudadana.
Anunciamos que nuestro grupo parlamentario va a apoyar la moción del Grupo Parlamentario Socialista porque, aunque la norma ha sufrido diversas rectificaciones, es ampliamente contestada, ha sido recurrida al Tribunal Constitucional, ha desgastado al Gobierno, ha sido aprobada solo con los votos del Partido Popular y el resto de los grupos hemos expresado públicamente nuestra intención de tratar de derogarla si cambia la mayoría parlamentaria tras las próximas elecciones generales.
Ha tenido, pues, un recorrido similar al de otras normas del Gobierno actual, como la de educación, la de reforma laboral y el Código Penal, y las tres están en el catálogo de normas que nos hemos comprometido a derogar si se logra la mayoría suficiente. Y es una lástima, porque con mayoría absoluta se pueden hacer dos cosas: aplastar a la oposición o dialogar con ella, y se ha decidido aplastar a la oposición y no tener en cuenta ninguna de las iniciativas, ninguna de las enmiendas, ninguna de las propuestas que hacíamos los demás grupos como si todos estuviéramos equivocados y los únicos que tenían razón no eran fundamentalmente los senadores o los diputados del Partido Popular, sino los altos funcionarios de la Administración, que son los que han condicionado todo el ejercicio legislativo de estos cuatro años.
La primera objeción de la oposición fue la de miembros de la judicatura, que no son unos aventados, y la carrera fiscal decía que sustrae del control previo de los jueces la sanción de conductas. Estas sanciones eran faltas y ahora se han convertido en multas administrativas y solo tienen control judicial a posteriori, si se recurre la multa ejecutiva en la vía contenciosa. La segunda tiene que ver con el calificativo de Ley mordaza con que se conoce porque afecta al derecho de manifestación. La ley surgió con las protestas de rodear al Congreso —no rodear al Senado, porque quizás no tenían ni idea de dónde está— y sanciona cualquier perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca frente a la sede del Congreso —siempre el Congreso—, del Senado o de los parlamentarios autonómicos; fotografías a las fuerzas de seguridad del Estado; el escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes y actos como los que busquen impedir desahucios; los escraches y las sentadas pacíficas entre otras.
Al eliminar el control judicial previo, la palabra de un agente que acuse a un manifestante de desobediencia leve servirá para imponer la multa con pago ejecutivo inmediato y sin juicio ante un juez, como ocurre ahora. La multa máxima es de 600 000 euros pero, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora con las faltas en el Código Penal, las sanciones no están graduadas en función del nivel de ingresos. No obstante —también hay que reconocerlo—, senador Aznar, la norma ha ido suavizándose en el trámite; es decir, era muy mala y se ha suavizado algo: se eliminó que la policía pudiera registrar sin autorización judicial un domicilio; la posibilidad de que la policía identifique a personas para prevenir tan solo una infracción administrativa; retener a quienes no puedan identificar en el lugar de los hechos; establecer controles en la vía pública por una infracción administrativa; sanción a quienes ofrezcan servicios sexuales cerca de colegios, parques infantiles o espacios de ocio reservados a menores; atribución de responsabilidad a los organizadores o promotores de reuniones y manifestaciones legalmente autorizadas por los altercados que puedan originar terceras personas durante el desarrollo de estas, y sobre todo se ha moderado la cuantía de las multas.
En el trámite se incluyeron algunos puntos como una disposición transitoria, que ya está en vigor desde marzo, y que legaliza por primera vez en España las entregas en caliente de inmigrantes que hayan saltado las vallas de Ceuta y Melilla. Me gustaría hablar sobre aspectos fundamentales que no se han cumplido en estas iniciativas, sobre todo de libertades ciudadanas, como algo tan sangrante como la corrupción. No tengo más tiempo.
Senador Aznar, a mí, sinceramente, me hubiera gustado que usted hubiera intervenido como un senador del CDS y no como un senador de Alianza Popular. Usted ha tenido que defender aquí algo indefendible, y ojalá que en esta réplica —que seguramente aprovechará para darnos cera—, usted siga los pasos del ministro Montoro, que se ha descargado a gusto, incluso contra sus propios compañeros al decir: «Esta ley es perfectible y estamos muy preocupados porque en la siguiente legislatura seguramente se va a modificar». Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
