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Sábado 23 de abril de 2022

El establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial, política, judicial, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del Estado español, herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro “Oligarquía financiera y poder político en España” escrito por el ex-banquero Manuel Puerto Ducet). Dichos lobbys de presión estarían interconectadas mediante “una alianza inquieta basada en su comunidad de intereses económicos y amalgamada por la defensa a ultranza del Régimen del 78 y de la unidad indisoluble de España”.

Por su parte, el Tardofranquismo judicial tendría a la Audiencia nacional como brazo ejecutor y al Tribunal Supremo como dique de contención de los recursos populares contra la parasitaria y corrupta clase política establecida en cualquier segmento de poder mediante el status de aforado ( léase casos Rato y Cifuentes), a los jueces Lamela y Llarena como su más destacados peones y al juez Marchena como Sumo Sacerdote de unos tribunales que estarían controlados por el llamado “clan de los políticos” en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo, descollando la Presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, condecorada en su día por la Presidenta del PP de Castilla la Mancha, María Dolores de Cospedal).

Respecto al caso del procés, el juez del Supremo Llarena, sería el responsable de ordenar el ingreso en prisión incondicional del Vicepresidente Oriol Junqueras, los Jordis y los ex-consellers de la Generalitat por presunto delitos de sedición. En este contexto, el informe anual de Amnistía Internacional sobre las libertades en España, certificó meridianamente “la deriva autocrática” del Estado español tras constatar “ataques al derecho de reunión pacífica, tanto en el ámbito legislativo como en la práctica policial (uso excesivo de la fuerza el 1 de octubre en Catalunya” así como “la excesiva y desproporcionada prisión provisional de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart”. Asimismo, el macrojuicio del procés estaría estigmatizado por el empleo del llamado Lawfare o Guerra Judicial, entendido como el “abuso de los procedimientos legales e internacionales para provocar un repudio popular contra un oponente manteniendo una apariencia de legalidad”. Así, estaríamos hablando de violaciones de las reglas del proceso penal tales como la falta de imparcialidad del Jurado, la violación del principio de proporcionalidad, no respetar la inmunidad política de los cargos electos así como crear indefensión, supuestos en los que podría haber incurrido la Justicia en el macro juicio contra los líderes del procés catalán y que terminará indefectiblemente en el Tribunal Europeo de Estrasburgo.

En el ecuador de su legislatura, Pedro Sánchez se habría despertado con un inesperado cisne negro que podría haber acabado con sus días de vino y rosas en la Moncloa. El término “cisne negro” designa a un acontecimiento inesperado e impredecible que produce consecuencias a gran escala y que es explicable solamente a posteriori y en el caso de Sánchez, ese cisne negro habría adoptado la forma de una trama secreta de espionaje para descabalgarlo del Poder, el llamado Catalangate. Así, según la entidad Citizen Lab con sede en Toronto (Canadá), Pere Aragonés y 62 independentistas catalanes y vascos habrían visto hackeadas sus conversaciones de móvil en el 2019 mediante el sofware Pegasus de la empresa israelí NSO Group, programa que según el diario el País, habría sido comprado por el CNI por 6 millones de dólares por lo que todo apuntaría a los Servicios Secretos como responsables de dicho espionaje.

Ello ha provocado la congelación de relaciones de ERC con el Gobierno hasta que “el Gobierno central asuma las responsabilidades hasta las últimas consecuencias” en palabras del Presidente Pere Aragonés y aunado con la desafección de Unidas Podemos tras la decisión personal de Pedro Sánchez de incrementar su aportación a la OTAN hasta el 2% , (lo que implicará incluir en los Presupuestos del Estado del 2023 una partida adicional estimada en 10.000 millones €) , podría provocar que Sánchez quede huérfano del sustento parlamentario de Unidas Podemos además de los grupos periféricos vascos y catalanes para la confección de los nuevos Presupuestos y verse obligado a convocar elecciones anticipadas en el otoño, siendo previsible el triunfo de la nueva CEDA representada por PP y Vox (previa absorción de los restos del naufragio de Ciudadanos).

Asimismo, en el supuesto de triunfar en las elecciones la nueva CEDA representada por PP y Vox, asistiremos a la instauración de una nueva Doctrina autonómica que consistiría en la implementación de un Estado basado en el sui generis “café para todos” y que será un misil en la línea de flotación de la pervivencia de los regímenes forales diferenciados vasco y navarro y su capacidad autogestionaria. Ello supondrá “de facto” vaciar de contenido las competencias legislativas de los Parlamentos forales vasco-navarros, medidas restrictivas que podrían convertir tanto a Euskadi como a Navarra en autogobiernos devaluados, enconsertados y sometidos a los dictados del Gobierno Central o Tribunal Constitucional de turno, lo que podría desembocar en la apertura del Frente del Norte contra la regresión centralista del Gobierno de Madrid. Por su parte, el Govern catalán ante la imposibilidad legal de celebrar un Referéndum sobre la Autodeterminación de Cataluña, reeditará el pulso con el Estado central con la declaración de la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) y esperará la posterior implementación por el Gobierno Central del 155 que le haría aparecer ante los ojos del mundo como una víctima del Estado totalitario español.

GERMÁN GORRAIZ LÓPEZ-Analista

Viernes 22 de abril de 2022

Silencio. Mucho silencio. El Sr. Feijóo, flamante líder del PP, recién llegado al cargo, no tiene nada que decir ante el escándalo antidemocrático de las escuchas.

Recuerdo el pacto que hicimos en 1996 para la Investidura de Aznar. A los tres meses, tres jueces, ante las informaciones que se habían suscitado con la información aparecida sobre las escuchas aleatorias de Perote sobre el caso Oñaederra, Lucía Urigoitia y Lasa y Zabala, pidieron esa documentación al gobierno. Y Aznar se negó a desclasificar aquellos documentos  del Cesid. Y eso que eran de la época de Felipe González. Fue nuestro primer gran desencuentro. Y es que una mano lava la otra. El PSOE y el PP en esto van de la mano. Vertebran España.

Estoy seguro que Feijóo como antes Casado, reciben información confidencial del CNI que no suministran a otros partidos de la oposición, de la que no se fían. Mucho menos de partidos nacionalistas o de extrema izquierda. Y te lo dicen. Por lo que esa Comisión de Secretos Oficiales, ese aliviadero incómodo, no sirve para nada. Es una farsa. Ahí no se informa de nada serio. Mejor harían con cerrarla porque engañan al personal.

El artículo 16 de la Constitución declara con solemnidad que en España hay     ”Libertad Ideológica, religiosa y de culto y que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología”.

Eso no incluye a los distintos nacionalismos del estado. Como dicen la mayoría de los periodistas, intelectuales, políticos españoles, ”el estado se tiene que  proteger y defender” aunque esto  incluya la discrepancia. Y no hablamos del terrorismo ni del crimen organizado. Solo de libertad ideológica.

Recordarán ustedes como el juez Garzón fue inhabilitado con inusitada  virulencia en el año  2012, por haber procedido a escuchar a los abogados de la causa Gurtel sin permiso. Once años de inhabilitación, lo que me indica a pensar que el juez si ha dado permiso para escuchar a los 65, catalanes y vascos.

Recuerdo también el sufrimiento de Gorka Agirre cuyos abogados tuvieron que protestar ante el Consejo general del Poder Judicial por las  filtraciones de las diligencias antes de ser instruidas producto de escuchar y con responsabilidad del entonces juez Marlaska.

Hay muchos ejemplos que nos obligan a pensar que la opacidad, la oscuridad, el apoyarse unos a otros y el considerar la acción política de los nacionalistas como sospechosa nos da como conclusión que aquí vale todo si la unidad de España puede estar en peligro.

Conclusión. Con impunidad no hay democracia y que la española es de muy escasa calidad.

Jueves 21 de abril de 2022

Pueden darse dos situaciones. Que el juez las haya permitido, lo que nos da un  estado de sospecha permanente por parte de los gobiernos españoles de turno y no un estado de derecho al uso así como que “la libertad ideológica” consagrada en la Constitución es un artículo que no se cumple, lo que sería muy grave, o la segunda opción, que el gobierno no haya dado ninguna orden y menos con aval judicial y el CNI ha actuado como un estado dentro del estado, lo que es mucho peor.

No sé que respuesta dará el gobierno a esta patata caliente. Las respuestas de Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno y la de Margarita Robles, han sido poco creíbles, prepotentes, antidemocráticas y si siguen así, solo demostrarán que el gobierno español no es un gobierno que actúe con parámetros democráticos. Putin les aplaudiría.

Si las escuchas se han hecho con mandamiento judicial, utilizando  un sistema que solo se vende a los estados para combatir internacionalmente el terrorismo y el crimen organizado solo demostraría que sigue siendo, como en el franquismo, obsesiva  la defensa de la unidad de España, y que el fin justifica cualquier tipo de medio.

El periodista Gabi Sanz en la tertulia de la Sexta decía el martes que el estado español tiene que defenderse y por tanto justificaba todo tipo de medio, es decir las escuchas. Advertido que en una democracia esto solo se puede hacer con mandato judicial dijo que si, pero con la boca pequeña. Gabi Sanz sacaba fuera lo que llevan dentro cientos de periodistas, intelectuales   y filósofos mudos y políticos en España, que el Procés Catalán es una amenaza, como el vasco, y hay que combatirlo con todos los medios.

En Catalunya todo lo que se hizo en el Procés  fue en el Parlamento y  de forma pública. En esa incómoda y terrible pesadilla para España, como fue dicho  Procés, no había amenaza de terrorismo de ninguna clase, habiéndose producido aquella votación  por el cansancio de una sociedad  ante un Tribunal Constitucional que se cargó una votación democrática en el Parlamento catalán. Ni terrorismo ni crimen organizado y sin embargo y, pasado el hecho, sale ahora en el New Yorker que en el 2017 y 2018 escucharon a 62 políticos, entre ellos dos vascos, y la pregunta es, ¿a santo de qué?.

En mi época en el Congreso me tocó ser partícipe de  la Comisión de Secretos Oficiales siendo Manglano, Calderón, Dezcallar y Sanz Roldán directores  del CNI que comparecían en unas reuniones donde se guardaba la formalidad pero no servían absolutamente  para nada. Eran montajes para decir que se cumplía la ley, aunque no fuera cierto. Es la salida que el miércoles daban Margarita Robles y el general Sanz Roldán. Es más. En cada reunión yo preguntaba por las escuchas a dirigentes de partidos democráticos. Xabier Arzalluz, Gorka Agirre, Egibar, Ollora, y miembros de nuestro Grupo eran escuchados pero a mi pregunta a los Directores, siempre me negaban el hecho. A los quince días de una de esas reuniones apareció aquel escandalazo contra Carod Rovira a quien habían seguido hasta Perpiñán.

España sigue sin asumir que la democracia tiene sus reglas, que la discrepancia hay que respetarla y canalizarla, que escuchar ilegalmente es un delito y si se escuchas es porque se sospecha de los interlocutores, y que es una vergüenza que el gobierno Sánchez siga actuando con tanta torpeza.

He contado que estando en Lituania coincidí en el hotel con el ministro de Asuntos Exteriores de Rajoy, José Manuel García Margallo. No era un viaje público y le pregunté qué hacía allí. Me contestó con una sola palabra. Catalunya.

Había ido a presionar para que los gobiernos bálticos  no tuvieran ningún tipo de veleidad democrática de reconocer nada que se produjera en el Parlamento catalá, ya que habían amagado con ello. Y de allí, me dijo, se iba al Vaticano.

Fíjense en un dato. Hoy, al único país donde España ha mandado tropas, es a los países bálticos, concretamente a Letonia viajando Sánchez a visitarlas el pasado mes de  julio 2021. No lo ha hecho  ni  a Polonia, Hungría o cualquier otro país limítrofe. Y estos países agradecen el altruismo español que España cobrará con apoyos  europeos  en su día, como lo cobró Margallo para que no reconozcan nada de lo que suceda internamente en España, pues como dice Gabi Sanz, ”el estado español se tiene que proteger”.

Si por Ceuta y Melilla han sido capaces de echar por la borda 47 años de apoyo al Polisario, esto de las escuchas para cualquier dirigente  de Vox, del PP, o del PSOE profundo es una bagatela porque como dice el periodista Gabi Sanz, ”el estado español se tiene que proteger” y el fin justifica los medios. Pensar que hay una mentalidad democrática en periodistas y políticos de la España del Cid  es creer en huevos de helicóptero.