La gran estafa llamada Hugo Chávez, por el periodista vasco Xabier Coscojuela

Viernes 7 de diciembre de 2018

Hoy se cumplen 20 años del primer triunfo electoral de Hugo Chávez. Ese día, la mayoría de los venezolanos que fue a votar, lo hizo por quien ofrecía convertir la democracia representativa en participativa, acabar con la corrupción y reducir la desigualdad social.

Veinte años después se puede afirmar, sin ninguna duda, que la “revolución” encabezada por el hoy difunto Hugo Chávez es un fraude descomunal que ha provocado una auténtica catástrofe en todos los aspectos de la vida venezolana.

La democracia participativa no pasó de ser un enunciado para captar incautos, pero lo peor es que el chavismo acabó con la democracia en el país. Hoy vivimos bajo un gobierno autoritario, que utiliza los tribunales, el Consejo Nacional Electoral, la fiscalía, para burlarse de la voluntad popular, perseguir y encarcelar a los opositores. Los derechos políticos están confiscados y dependen de los caprichos de Nicolás Maduro y la camarilla que lo acompaña.

La voluntad popular fue burlada y desconocida a partir de diciembre de 2015, cuando los  venezolanos le dieron la mayoría calificada a la oposición en la Asamblea Nacional. Después impidieron el referéndum revocatorio en 2016, convocaron una Asamblea Constituyente violando la Constitución y le robaron el triunfo a Andrés Velásquez en Bolívar.

Posteriormente adelantaron las elecciones presidenciales luego de inhabilitar a varios candidatos y no cumplir el acuerdo suscrito con quienes participaron en esos comicios celebrados en mayo pasado. Este golpe de Estado ha sido dado a plazos, con la total complicidad del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López y el alto mando militar, corresponsables de todo el desastre que vive el país.

En materia de corrupción lograron lo que parecía imposible. Superar, y por bastante, a la que se produjo durante los gobiernos de Acción Democrática y Copei. Una buena parte de quienes han ocupado posiciones relevantes en el gobierno durante estos veinte años han robado con premeditación, alevosía e impunidad. Y lo siguen haciendo.

Lo que se viene revelando en el exterior, lo que ha sido denunciado en Venezuela por periodistas y diputados, da cuenta de que vivimos, también, en una cleptocracia. Cualquier oportunidad es buena para robar, malversar, dilapidar, derrochar. El país disfrutó el mayor ingreso petrolero de la historia y no fueron capaces de resolver ni mejorar ninguno de los problemas existentes, todo lo contrario.

El sistema sanitario está por el suelo. Enfermedades erradicadas o muy controladas han vuelto a aparecer causando estragos en algunos estados. Los hospitales y centros de salud no cuentan con lo indispensable y quienes allí laboran reciben salarios de hambre.

En la educación la situación no es mejor. Fuga de profesores a todos los niveles, lo que genera una pérdida de la calidad de la enseñanza. Todo ello provocado por unos salarios de hambre. La mejor palanca para lograr la equidad social está inoperante.

De la economía no hay mucho que agregar. Todos los venezolanos viven a diario el desastre, la hecatombe que han provocado con sus políticas de expropiaciones, ataques a la propiedad privada, pillaje y corrupción. Lograron lo que parecía imposible: tener a la gallina de los huevos de oro -Pdvsa- al borde de la quiebra.

Al paso que va, puede pronto producir un millón de barriles al día, la misma cantidad que extraía en 1945, con la diferencia que hoy en este país viven más de 30 millones de personas. El pésimo manejo de esta empresa les impidió aprovechar el último incremento de los precios del crudo.

En resumen, las ofertas y las promesas hechas por Hugo Chávez en 1998 resultaron una estafa. Un fraude. Han provocado una catástrofe en el país. Lo que ocurre demanda a la dirigencia opositora lograr la unidad más amplia posible que permita a la brevedad salir de Maduro y la camarilla corrupta que lo acompaña.

Del Lobo, un pelo

Miércoles 5 de diciembre de 2018

Reunión en La Zarzuela. Xabier Arzalluz, Manuel Fraga, Landelino Lavilla, Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo, Miquel Roca, Leopoldo Calvo Sotelo

Uno de los puntos débiles del EAJ-PNV es el de no saber vender bien lo que hace, aunque sus oponentes digan lo contrario. Lo vamos a ver dentro de una semana cuando nos atiborren de información y de loas sobre el cuarenta aniversario de la aprobación en España, que no en Euzkadi, de la Constitución española. En aquel tiempo la IA apoyaba con vehemencia la lucha armada, el centro derecha y la derecha nos excluía de la ponencia constitucional y al socialismo, el estado autonómico le importaba más bien poco, a pesar de que se paseaba con una pancarta reivindicando el derecho de autodeterminación. Los socialistas son maestros en convertir una ballena en una sardina.

En 1977 habíamos decidido jugar fuerte y hacer política registrándonos en el Ministerio llamado entonces de Gobernación y a pesar de que no hicimos el numerito de Tarradellas sino mantuvimos le legalidad republicana y lo logrado en 1936 personificado en el Lehendakari Leizaola y su gobierno en París, constituimos el Consejo General Vasco, fecha que ha pasado desapercibida (Juanjo Pujana se queja con razón), convocamos una gran manifestación contra ETA en octubre de 1978 y decidimos reivindicar la Reintegración Foral plena. Juan de Ajuriaguerra, que debería haber sido el presidente de aquel órgano preautonómico, había fallecido en agosto y pronto supimos que si escogíamos el camino de reivindicar la autodeterminación de los pueblos no íbamos a avanzar ni un milímetro para dar asistencia a una nación que se nos moría y se caía a pedazos. Paro, contaminación, penosas infraestructuras, violencia social, y ETA matando y secuestrando con ayuntamientos y diputaciones gobernados por franquistas y gente inepta de Neguri. Del lobo, un pelo nos decía D. Manuel de Irujo y Leizaola nos pedía que trabajáramos en lograr un estatuto similar al de 1936, devolución del Concierto para Gipuzkoa y Bizkaia y que el Capitán General de la VI Región Militar en lugar de estar en Burgos estuviera en Garellano para vigilarle.

Lo importante de aquella batalla parlamentaria fue que conseguimos, no todos, pero si los instrumentos suficientes para sacar la cabeza del agua. Hoy a esta Euzkadi, como diría Alfonso Guerra, no la conocería ni la madre que la parió. Y todo a pesar de ETA y de una burocracia española que se ha resistido como en una sokatira extenuante a cumplir la ley orgánica del estatuto.

El 25 de julio de 1977, al poco de haberse celebrado las elecciones generales, el pleno del Congreso aprobaba la creación de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, integrada por 36 diputados. El 1 de agosto, esta Comisión eligió la ponencia encargada de redactar el anteproyecto de la nueva Constitución, ponencia compuesta por siete miembros: tres de UCD, uno del PSOE, uno del PC, uno de AP y un miembro en representación de la llamada minoría vasco-catalana. El PNV tenía 8 diputados y la minoría catalana trece.

La formación de la ponencia, en realidad, no fue sino el inicio de la batalla constitucional, ya que el número establecido para formar grupo parlamentario y, por tanto formar parte en la ponencia, no era una mera casualidad: perseguía el objetivo, por parte del PSOE, de impedir la presencia de Tierno Galván, catedrático de derecho constitucional, evitando así competencias en el mismo campo ideológico, al mismo tiempo que cerraba la posibilidad de que el Partido Socialista de Catalunya, cuyo líder principal era Joan Raventós, se constituyera en grupo parlamentario. Asimismo, gracias a aquel reglamento se impedía a los comunistas formar dos grupos parlamentarios, el del PSUC y el resto del PCE. El PNV pagó el pato de aquella nula visión de UCD y del PSOE, quedando excluido de la ponencia. La batalla pues se dio luego en Comisión y en pleno.

No es exacto decir que todas las enmiendas vascas fueron rechazadas; se hizo evidente que la aportación del grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco quedó en cierta medida, plasmada en el texto constitucional que hace cuarenta años fue sometido a referéndum. Trataré de manera sucinta, de sintetizar los logros más importantes.

1.- Nuestra insistencia en lo tocante a la abolición de la pena de muerte no fue baldía, siendo aceptada nuestra en­mienda. Asimismo, y constituye sin duda alguna una de las conquistas más importantes, se consiguieron importantes logros en el campo de las garantías procesales: quedó contemplado constitucionalmente el derecho del detenido a ser informado de una manera inmediata de las causas de su deten­ción, así como a ser asistido por un abogado en el mo­mento de la declaración, sin que el ciudadano se vea obli­gado a declarar en perjuicio de sus familiares más próximos ni a desvelar secretos de carácter profesional.

2.- Prosperó la enmienda relativa a la infancia.

3.- Fueron aceptados casi en su totalidad los principios que debían presidir la actuación pública.

4.- El derecho de sindicación de los funcionarios.

5.- Se logró impedir la constitucionalización de los Tri­bunales de Excepción, de tan triste recuerdo en nuestro País, limitando la eficacia de la jurisdicción militar al ám­bito exclusivamente castrense.

6.- En lo que hace referencia al tema autonómico, y aunque lo fundamental de nuestros logros reside en las posibilidades que abre el apartado segundo del artículo 150, logramos aportaciones significativas. La transferencia de tráfico a la Generalitá se logró gracias a este importante artículo que fue nuestro, es decir que competencias exclusivas del estado puedan ser transferidas, aunque no las contemple cualquier estatuto..

La ejecución de la política laboral y la referente a los servicios de la Seguridad Social corresponden a las co­munidades autónomas. En lo tocante a la legislación en materia de Seguridad Social, al Estado únicamente se le conceden las bases, pudiendo las comunidades autónomas desarrollar dichas bases en su totalidad. La Constitución contempla la creación de un Tribunal Superior de Justicia, con capacidad incluso de dictar recursos de casación en todas aquellas materias de exclusiva competencia de la Comunidad Autónoma, de tal manera que, en lo que hace referencia a ese tipo de materias, podrán agotarse todas las instancias en el ámbito de la comunidad. En lo tocante a Orden Público, y a pesar de que su formulación no se acerca a ninguna de las que nosotros habíamos propuesto, se consiguió mejorar sensiblemente este aspecto, hasta el punto de que cabe dentro de ella la existencia de una Policía autónoma que se logró gracias a nuestras enmiendas.

Se consiguieron asimismo, logros importantes en los apartados relativos a la legislación civil y al papel de las comunidades en el régimen minero y energético, permi­tiendo desarrollar y ejecutar las bases fijadas por el Es­tado, lo mismo que en lo que hace referencia a la pesca marítima.

Se suprimió el rígido mecanismo de control que existía y por medio del cual el Gobierno podía impugnar una re­solución tomada por los órganos de las comunidades autónomas, contemplando la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pueda levantar o confirmar la medida en el plazo de cinco meses, lo que, a pesar de no ser suficiente, supone una mejora con respecto al texto anterior. Asi­mismo, la Constitución reconoce la posibilidad de que, en el caso de que la reforma de la Constitución afecte a la situación de una comunidad autónoma, sea necesaria la aprobación de la Asamblea Legislativa de la comunidad el refrendo de su población.

Es también de destacar que, en muchas ocasiones nuestras enmiendas cumplieron el papel de impedir intentos de deterioro y de modificar negativamente el tra­tamiento hecho a las autonomías.

Cuando estos días se habla tan a la ligera de la postura del PNV, estos datos deberían ser tenidos en cuenta. Y dejo para otro espacio la Disposición Adicional, logro histórico del PNV que tiene que dar todavía muchísimo juego porque la Constitución reconoce que los derechos forales son anteriores a cualquier texto español.

 

Diputado del PNV se da de baja de la Asociación de Parlamentarios.

Estimado Fernando:

Tengo que solicitar mi baja de la Asociación de ex Diputados ya que me parece muy desacertada  la última línea editorial de la Revista. No habéis incluido, ningún artículo de algún Diputado del PNV o actual o de la transición, sobre la Constitución.

Hay un artículo sobre el cupo vasco que estoy en desacuerdo total, de una persona con una habitual actitud tendenciosa sobre el mismo. No habéis permitido otra opinión diferente de expertos, como Pedro Luis Uriarte, que fue quien ideó la fórmula del Cupo con el ex Ministro de Hacienda García Añoveros.

Sorprende que en un número de la Revista dedicado al aniversario de la Constitución, dediquéis dos páginas a criticar el Concierto que fue posible gracias a la Constitución que no votamos en contra porque reconocíamos aspectos positivos.

Hoy, sin duda, algunos de los autodenominados “constitucionalistas” votarían en contra. El autor, del artículo Sr Ignacio Zubiri, tendrá que explicar el por qué tantos ciudadanos vascos de renta alta que prefieren declarar en Madrid, de forma fraudulenta, viviendo en Euskadi. Número creciente a pesar de la desaparición de ETA.

Y no hablo de ese que llaman algunos “nuevo paraíso fiscal“ porque respetamos la autonomía fiscal de todas las Comunidades Autónomas.
¿Qué les hubiera parecido a los Diputados madrileños, dos páginas en la Revista, criticando el modelo fiscal madrileño?

O por qué el Sr Zubiri no reconoce que con el sistema del Concierto somos la Comunidad con menores casos de corrupción.

Atentamente

M.A.