Viernes 22 de febrero de 2013
Finalizado el debate llamado por cierta prensa como el de la Corrupción y no del Estado de la Nación, queda para las propuestas de resolución de la semana que viene lo que los partidos puedan proponer para abordar la persecución de la 
corrupción cuya impunidad y forma de actuar tienen fiel reflejo en el caso Bárcena. Mientras Rubalcaba dice que ellos por haber sido condenados son especialmente sensibles, y sin embargo se reparten los puestos del Tribunal de Cuentas, el PP mira para otro lado y Rajoy puede ostentar el récord de no haber pronunciado una sola vez la palabra maldita: Bárcenas.
Pero es algo perentorio. Esta semana se lo pregunté a Montoro. Me salió por peteneras porque el control político, cuando un partido tiene semejante mayoría absoluta, aunque no social, es casi imposible. Publiqué su respuesta.
Pero sigo insistiendo. Al Tribunal de Cuentas hay que cambiarlo de arriba abajo.
A la corrupción privada hay que añadir la política o pública, que afecta a aquellos políticos, gobernantes y administradores públicos que abusan de su poder vendiendo bienes públicos por debajo de su valor o dando concesiones administrativas por encima de su valor, para obtener una ganancia privada o partidista.
El índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional (2012) clasifica a España en el puesto 30 detrás de Chipre y de Botsuana y por delante de Portugal, cuando la gran mayoría de los países de la Eurozona están entre los 22 primeros, salvo Italia (72).
Corrupción privada y pública atañen a la inspección fiscal, Policía, Guardia Civil y también a la justicia, que siendo mayoritariamente eficiente, es excesivamente lenta, haciendo que muchos delitos prescriban antes de llegar a la Audiencia o al Supremo, incentivando a muchos delincuentes extranjeros a residir en España.
“Es muy difícil asimismo que el Tribunal de Cuentas detecte cualquier tipo de fraude en la actividad que realiza. Su prioridad no es luchar contra la corrupción, sino verificar que el presupuesto que se aprueba tiene su destino”. El organismo autónomo tiene como función la actividad fiscalizadora de la actividad económica del sector público. Esta institución revisa las cuentas de los partidos políticos y los procesos electorales. Podría servir como un cortafuegos contra la corrupción, pero sus miembros admiten que su funcionamiento es poco práctico. “La institución no está preparada para luchar contra la corrupción”, reconocen.
Es un órgano colegiado cuyos integrantes son designados en el parlamento como representantes de los partidos políticos mayoritarios, lo que entorpece su funcionamiento. El Tribunal de Cuentas tiene 801 empleados públicos y un presupuesto que ronda los 61 millones de euros. Desde el Tribunal de Cuentas explican que su trabajo consiste en realizar una auditoría de carácter financiero. “Se ven las grandes partidas presupuestarias pero no se llega al detalle”, precisan fuentes de la institución que destacan que carecen de acceso a los bancos de datos de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o el Banco de España. Admiten la dificultad para detectar las irregularidades que cometen los partidos, sobre todo en los procesos electorales, donde a menudo los gastos en publicidad y los pagos son difíciles de justificar. El Tribunal de Cuentas acumula un importante atasco.
Ante tanta crítica algo se ha movido.
El Tribunal de Cuentas tiene 800 empleados públicos para fiscalizar la cuenta general del Estado, las de más de 8.000 Ayuntamientos, 17 autonomías, cientos de entidades públicas, y todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Para este último cometido hasta ahora solo había siete personas, según fuentes del Tribunal. Pero ese equipo se va a triplicar, hasta 22, para intentar cumplir el complicado objetivo que se acaba de marcar el pleno: tener fiscalizadas en julio las cuentas de los partidos correspondientes a los ejercicios 2011, 2010,2009 y 2008. Es decir, resolver en cinco meses el trabajo acumulado de cuatro años. El último ejercicio fiscalizado es 2007.
Para cumplir con esa meta empezarán a revisar las cuentas de los partidos por el final, es decir, primero las de 2011, y después las de 2010, 2009 y 2008.
El retraso del tribunal es mucho menor en la revisión de la Cuenta General del Estado, las de los Ayuntamientos -que se digitalizaron hace solo dos años- y las de los procesos electorales. En la práctica, los cinco años de demora sobre la fiscalización de los partidos políticos impide ejercer un verdadero control e imponer sanciones. En cualquier caso, tal y como está concebido, el Tribunal de Cuentas funciona «como una auditora» y se limita a examinar «la documentación que entregan los partidos», pero no puede perseguir la corrupción, o, como explica un miembro de la institución, «hacer registros y ordenar que se abra un cajón». En definitiva, nada serio.
