Jueves 24 de enero de 2013
José Manuel García Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. Es un viejo democristiano que estuvo en el PDP y a quien conocemos desde siempre. Ha sido eurodiputado por el PP y es amigo personal de Mariano Rajoy. Estudió en los jesuitas de Donostia y en la Universidad de Deusto. Es muy español y ejerce de tal. De hecho sus dos asuntos emblemáticos han sido la potenciación de la Marca España y la denuncia de los acuerdos sobre Gibraltar. Salvo algunas alusiones a la Sra. Merkel ha tratado de tener un perfil bajo en Europa y no tener problemas con países como Cuba y Venezuela. Con Argentina surgió el chispazo a raíz de la nacionalización de YPF, pero pronto reculó. Y con Cuba ha tenido que negociar la excarcelación de Carromero, responsable del accidente que en aquel país le costó la vida al dirigente de la oposición cubana, Oswaldo Payá.
Ha designado dos secretarios de estado diplomáticos que llevan el Ministerio y le apagan los fuegos y ha tratado que en la crisis económica en relación con Alemania, España hiciera doblete con la Italia de Monti a quien conoce de su etapa de eurodiputado. El ministro ha de comparecer en seis comisiones vinculadas a su trabajo. Exteriores del Congreso y Senado. Cooperación del Congreso y Senado. Mixta de la Unión Europea y de Iberoamérica. En las que corresponde al Senado ha comparecido, pero solo lo justo, y ha contestado preguntas de nuestro Grupo sobre asuntos vinculados con su ministerio y sus políticas como el referéndum en Escocia, el Indulto a Pako Larrañaga, el acuerdo de pesca con Marruecos y los intereses saharianos, elecciones en Venezuela y el Instituto Elcano. Logramos que celebraran el 50 Aniversario del conocido como Contubernio de Munich con importante presencia vasca y hemos seguido de cerca la organización del Foro Parlamentario de Cádiz y solicitado su revisión.
Cuba también ha ocupado un punto destacado del discurso de Margallo. El ministro ha explicado que pretende mantener “un diálogo fluido” con las autoridades de la isla, pero también con la oposición. La posición del estado español siempre ha marcado la relación del resto de países de la UE con La Habana. Consciente de ello, el jefe de la diplomacia ha dejado claro que el Gobierno no es partidario de variar la Posición Común de la UE respecto a la dictadura castrista. Sin embargo, y pese a expresar los avances “insuficientes” en materia democrática y de Derechos Humanos del régimen cubano, ha dejado la puerta abierta a una “flexibilización” de la interpretación de dicha relación en función de futuros acontecimientos.
Más allá de estos puntos calientes, Margallo ha defendido que debe realizar una política exterior “estable, previsible y de consenso” que convierta al estado en un socio “fiable”. En este sentido ha explicado que espera no repetir “errores del pasado” como la retirada unilateral de las tropas de Irak, la primera decisión del expresidente Zapatero nada más llegar al poder en 2004.
Otra de las prioridades es la política de seguridad y el papel de las Fuerzas Armadas desplegadas en el extranjero como fórmula para extender la “Marca España” y demostrar el compromiso del país con la democracia. También se ha comprometido a que toda la representación diplomática española en terceros países “apoye” y “facilite” la labor de las empresas españolas en el extranjero. Margallo ha recordado que el 60% del volumen de negocio de las entidades que cotizan en el Ibex provienen de fuera de España. La crisis económica también ha estado presente en las comparecencias. De hecho, la línea de austeridad marcada por el Gobierno obligará a cerrar algunas legaciones. «Debemos concentrar nuestros recursos allí donde mejor sirven a nuestros intereses.
Y por si el barco del Gobierno no tuviera ya grietas suficientes, ahora se le abre un nuevo frente interno por el flanco del Ministerio de Asuntos Exteriores, que está manteniendo una actitud de bloqueo al proyecto de Ley de Acción Exterior para intentar mantener su competencia exclusiva en el nombramiento de los embajadores.
El proyecto de ley debería haber sido remitido al Parlamento antes de finalizar el pasado mes de julio. Ese había sido el plazo anunciado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuyo departamento coordina los trabajos de la Comisión Interministerial que elabora el articulado de la nueva normativa.
Pero ha sido, precisamente, una propuesta avalada por Moncloa la que ha levantado las iras de Exteriores y la paralización de la Ley. Se trata de una iniciativa de varios ministerios para que el nombramiento de los embajadores pase a ser competencia directa de la vicepresidencia del Gobierno y, también, para que el cargo de embajador deje de ser propiedad exclusiva de los diplomáticos y puedan acceder a dicha responsabilidad distintos funcionarios del llamado «Grupo A», como abogados del Estado, inspectores de Hacienda o administradores civiles del Estado, entre otros.
Aunque la propuesta lleva sobre la mesa desde julio y es en esa fecha cuando se iniciaron las discrepancias de Exteriores, ha sido en la última y reciente reunión de la Comisión Interministerial en la que se ha hecho explícito el enfrentamiento. Porque, en el caso de los nombramientos, la propuesta avalada por Moncloa supondría una importante merma del poder y del control que el Ministerio que dirige José Manuel García Margallo tiene actualmente sobre las representaciones diplomáticas en el exterior, y que quiere conservar a toda costa.
Mientras, en relación al acceso de otros altos funcionarios a la dirección de las embajadas, lo que se trata es de dar carta de normalidad a algo que hasta hoy ha tenido un carácter muy excepcional. El caso del anterior presidente del Congreso, Federico Trillo, hoy embajador de España en el Reino Unido, es una de esas raras excepciones.
De prosperar esta propuesta supondría poner fin a una de las más antiguas reivindicaciones de estos «otros altos funcionarios del Estado», la reforma del servicio exterior del Estado, que se remonta a los Gobiernos socialistas presididos por Felipe González y que no ha sido resuelta, hasta la fecha, por ninguno de los Ejecutivos posteriores.
La Ley de Acción Exterior tiene como objetivo coordinar la política exterior de España en todos los niveles y áreas de actuación para dar coherencia y unidad a la proyección internacional, además de potenciar y modernizar el servicio diplomático, y reforzar el papel del estado en la Unión Europea y en los organismos internacionales.
Considerada como una de las prioridades del Gobierno «para mejorar la imagen, la posición y la defensa de los intereses españoles en el exterior», en palabras de Sáenz de Santamaría, en la Comisión interministerial encargada del proyecto de ley están representados los ministerios de Exteriores, Defensa, Hacienda, Economía, Cultura, Justicia y Sanidad.
Evitar la falta de coordinación, de respuesta y de eficacia demostrada por el Ejecutivo español en casos como la expropiación de YPF a Repsol en Argentina, las secuelas de este hecho en la Bolivia de Evo Morales, o los recientes incidentes en Gibraltar es uno de los problemas que pretende subsanar esta Ley de Acción Exterior para posibles conflictos posteriores.
Para ello, desde los ministerios que respaldan la iniciativa de acabar con el monopolio del Departamento de García Margallo en la política internacional se esgrime como argumento la necesidad en los tiempos actuales, de una «mayor planificación de la acción exterior y de mayor coordinación interministerial». El servicio exterior se ha universalizado y ya no es competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, sino que interesa e involucra a todo el Gobierno y a sus departamentos ministeriales. Es preciso una acción concertada, aseguran los que así piensan y bloquean la ley.
Cooperación
El gobierno de Rajoy ha reducido el presupuesto de cooperación en un 70%, lo que sitúa al país en cabeza mundial de los recortes de la cooperación al desarrollo. Pese a que las presiones para la reducción de las partidas de ayuda recorren gran parte de toda Europa y el mundo desarrollado, lo significativo del caso español son las magnitudes. El recorte deja el presupuesto para acción humanitaria en 12 millones de euros por ejemplo, por debajo del de cualquier ONG humanitaria de tamaño medio.
La Realidad de la Ayuda 2012 señala que el recorte de la ayuda española causó 100 veces más impacto sobre la ayuda internacional que las bajadas de la ayuda japonesa en el año en que Japón vivió el peor desastre de este siglo. El análisis es que el desmantelamiento de la cooperación internacional debe entenderse dentro del cambio de modelo social originado por las medidas de ajuste y recortes que se están introduciendo en las políticas sociales.
Entre los datos del nuevo Presupuesto para 2013, el informe destaca el 0’2% de la Ayuda oficial al desarrollo (AOD) de la Renta Nacional Bruta (RNB) al que queda reducida la cooperación internacional (2.038 millones de euros). Se dividirán en las siguientes partidas:
• 841 millones se destinarán a contribuciones obligatorias a organismos multilaterales;
• 385 millones, a cooperación reembolsable, que resulta onerosa para los receptores;
• 245 millones, para condonación de deuda, que no supone dinero “fresco” para los receptores;
• 189 millones para la cooperación descentralizada, que quedará en mínimos históricos.
Para la acción voluntaria de la política de cooperación quedan entonces apenas 400 millones con los que deberá desplegarse toda actividad multilateral y bilateral, así como la cooperación en colaboración con las ONGD.
La Agencia Española de Cooperación (AECID) ve reducido su presupuesto en una cuarta parte de lo que veía manejando en el último lustro, un 29% menos del ya escaso presupuesto de 2012 (264 millones). En cifras relativas el retroceso desde el 2009 para las Comunidades Autónomas ha sido de un 71%, y para las Entidades Locales, de un 69%.
El recorte se produce contra el sentimiento creciente en la sociedad de solidaridad con los más vulnerables. Mientras que en 2004 el 65% de la población* consideraba importante ayudar a las personas más pobres de los países en desarrollo, el apoyo se ha recuperado hasta el 88% en 2012, igualando los porcentajes de las décadas anteriores.
Además, la política de cooperación se ha recortado proporcionalmente más que ninguna otra política pública cuando su peso en el presupuesto es insignificante, de apenas el 0,5% de todos los recursos públicos invertidos cada año. Resulta injusto, que los políticos del PP y líderes de opinión justifiquen el recorte en cooperación aduciendo que si no lo hacen, tendrían que recortar en pensiones o salud cuando se trata de una partida presupuestaria tan pequeña. Contraponer los pobres de aquí con los pobres de allí es inmoral.
Reducir el déficit del Estado recortando la cooperación para el desarrollo es como cortarse el pelo para perder peso. Además, la cooperación funciona y cambia de la vida de millones de personas y tenemos miles de ejemplos, es una política social imprescindible y útil en el siglo XXI: invierte en equidad, seguridad, proyección internacional, crecimiento económico inclusivo y una ciudadanía global. La ayuda al desarrollo no es caridad, es cuestión de justicia y de presencia y responsabilidad de un país frente a los retos del mundo hoy.
Nuevo modelo social
Pero no se trata solo de números: la cooperación parece haber desaparecido de la concepción de una política de Estado. No se trata sólo de recortes y ajustes, sino de un cambio de modelo social en Europa que amenaza con dar al traste con derechos y logros sociales alcanzados y consolidados durante décadas. La eliminación de la cooperación tiene impactos negativos en cuatro esferas: sobre la vida de las personas de los países empobrecidos, sobre la economía global, y sobre la construcción de una ciudadanía activa.
Como resultado del recorte, el gobierno de Rajoy dejará de atender a comunidades desfavorecidas de 29 países. Los recortes de este año tendrán consecuencias durante décadas por negar la salud y la educación a miles de personas. Las niñas que abandonen por ello las clases y las madres que mueran en 2013 por no poder pagar las tarifas para acceder a escuelas y clínicas que se exigen en la mayoría de países pobres, dejarán tras de sí dos generaciones de personas en situación de pobreza.
“Es una auténtica lástima porque la cooperación española suma muchos casos de éxito. Hay que reconocerle logros importantes, capacidades.” Vera ha justificado su argumento con dos casos prácticos: “La Junta de Castilla La Mancha aprobó en 2010 un proyecto de cultivo de arroz en Haití, que está provocando una mejora de las condiciones socioeconómicas de las familias arroceras, por poder acceder a semillas, cisternas o balsas de agua. Gracias a ello aumentarán sus ingresos, reducirán su dependencia alimentaria y económica y mejorarán su salud.
Para que se entienda esta barbaridad que hemos denunciado.
• El rescate del Banco de Valencia superó a toda la ayuda oficial al desarrollo en 2010
• El presupuesto de la Agencia Española de Cooperación internacional al desarrollo para 2013 es menor de lo que costó el aeropuerto de Castellón o el de Ciudad Real
• La indemnización que pactó el director general del Banco de Valencia supera la ayuda que España ha destinado a la emergencia en el Sahel.
• Por el precio de un helicóptero tigre podrían haberse construido 217.991 letrinas, que habrían mejorado la vida de 2.543.933 personas.
• Con el recorte en ayuda humanitaria para 2013, que la reduce al monto imposible de 12,4 millones de euros, el gobierno abandona a casi 7 millones de personas que podrían ser atendidas en el Sahel, en el Cuerno de África y en Centroamérica, las regiones que se enfrentan a mayor riesgo de catástrofe o hambruna en este año 2013. Con este importe sería imposible atender crisis como las del tsunami, Haití o Somalia
• Una sola vacuna para el sarampión cuesta 17 céntimos, pero todavía cada año 110.000 niños y niñas menores de cinco años mueren por una enfermedad que se puede prevenir tan fácilmente.