El blog de Iñaki Anasagasti

Martes 22 de enero de 2013

Misión de observación del respeto de los Derechos Humanos

Estoy en Guatemala. Un país precioso castigado por una casta de poder corrupta y sin sentimientos. ¿Qué hemos venido a hacer?.

Durante los años 80, Guatemala sufrió uno de los genocidios más crueles y olvidados y del continente. El saldo de la violencia alcanzó cifras inimaginables, 250.000 víctimas la mayoría mujeres y niños/as, para un país de menos de 9 millones de habitantes. Los responsables de dichos crímenes se han ido asegurando la impunidad incrustándose en aparatos de poder y poniendo en duda la credibilidad de la democracia.

Con motivo del empeoramiento general de la situación de derechos humanos en Guatemala desde que llegó al poder el general Otto Pérez Molina, Madrid Paz y Solidaridad y CCOO, junto con algunas otras organizaciones, estamos impulsando una visita de diputados/as a Guatemala para la tercera semana de enero del 2013.

La masacre de 6 campesinos indígenas cometida por el ejército de Guatemala hace escasos días (octubre) en Totonicapán ha supuesto un agravamiento importante de la situación del país. Esta masacre es consecuencia directa de la remilitarización y de la criminalización de la protesta pacífica.

La violencia actual se ceba también con especial crueldad en las mujeres, como herencia de ese genocidio ni esclarecido ni condenado en el que miles de mujeres perdieron la vida y fueron violadas. Tanto el organismo judicial, a través de juezas muy valientes, como el Ministerio Fiscal, dirigido por la prestigiosa jurista Claudia Paz y Paz, están haciendo frente a este feminicidio que le cuesta la vida a más de 550 mujeres al año; que también pasa desapercibido en los medios de comunicación.

Rompiendo el muro de la impunidad -que es altísima para los crímenes comunes y, hasta hace dos años, total para los casos del conflicto armado- la sociedad civil ha conseguido con esfuerzo incansable que en estos momentos esté acusado por genocidio el general y presidente de la República Ríos Montt y tres más miembros de su alto mando; además está condenado el Jefe de la Policía que ordenó la quema de la Embajada de España, Pedro García Arrendondo.

Estos importantes avances, conseguidos con el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y de víctimas durante más de diez años, están hoy en peligro con el gobierno del general Otto Pérez Molina. La solicitud de amnistía por parte de los abogados de los defensores de los militares pone en riesgo no solo el juicio de Ríos Montt y su alto mando, sino las condenas dictadas hasta el momento por masacres y desapariciones forzadas.

Además, Guatemala es el primer país de América Latina sin guerra en que es más arriesgado defender los derechos humanos, por lo que es más importante que nunca la aplicación de las Directrices de la Unión Europea sobre la protección de los defensores y defensoras de Derechos Humanos en peligro, y poner todos los medios y recursos necesarios para la protección y seguridad de los defensores y defensoras con el fin de que puedan desarrollar su labor con seguridad y libertad.

Por el papel tan relevante que ha desempeñado España en la defensa de los derechos humanos en Guatemala y en el fortalecimiento de la democracia, la misión puede tener gran relevancia en el país. El Gobierno está incumpliendo de manera frontal los Acuerdos de Paz, en los que España jugó un papel importante, tanto en las propias negociaciones para el fin del conflicto armado -que desangró al país 36 años- como posteriormente impulsando su cumplimiento.

Objetivo de la misión: Observar la situación de derechos humanos, sobre todo la situación de riesgo en la que trabajan los defensores/as de derechos humanos y los operadores/as de justicia, mediante la consulta de:

• Organizaciones de derechos humanos y de mujeres, tanto de la capital como del interior.
• Instituciones del Estado: Ejecutivo, Organismo Judicial, la Fiscal General del Estado Claudia Paz y Paz, diputados de diferentes partidos.
• Instituciones internacionales, como el Alto Comisionado de Derechos Humanos para  los Derechos  Humanos o la Comisión  Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Duración del viaje: del 20 al 26 de enero.

La visita incluirá un viaje al interior del país para conocer el trabajo de las organizaciones y operadores de justicia.

 

Lunes 21 de enero de 2013

El teórico autonomismo de la clase política espa­ñola se basa en la perver­sión de los principios de solidaridad, igualdad y no discri­minación. Dicho de otro modo: con el actual sistema, las aspiracio­nes de uno se tienen que conceder a sus diecisiete vecinos, porque si no, no vale; si no, habría diferen­cias, y las diferencias son malas, por mucho que las consagre la Constitución. Así que, en reali­dad, no hablamos de autonomis­mo, sino de peixet, de migajas de poder graciosamente concedidas por el Estado, que se reserva la ga­rantía de que ninguna comunidad autónoma se desmadre intentan­do autogobernarse en serio.

De este modo, un sistema pro­yectado para gestionar la plurali­dad se convierte, al fin y al cabo, en una hábil herramienta de homogeneización. Es el neocentralismo, qué digo, el centralismo de siempre, pero disfrazado de ONG: cualquier hecho diferencial es tachado de discriminatorio, cualquier aspiración es egoísta; to­do se resume en más o menos mi­llones de euros, cuando se trata de los mismos euros; lo fundamental es quién y cómo los gasta. La única discriminación económica real en España es la del concierto vas­co y navarro.

Las aspiraciones nacionalistas -tan denostadas, por otra parte- son el auténtico motor de la Espa­ña de las autonomías. Cuando des­de aquí se piden más competen­cias, el gobierno de España se echa las manos a la cabeza y llueven los im­properios; pero una vez satisfecha la reivindicación, a todos los líde­res autonómicos les falta tiempo para ponerse a la cola. ¿Para qué se desea la autonomía? ¿Para ser autónomos o para ser idénticos?

Quizá para recoger votos; toda­vía sale a cuenta alimentar el tópi­co de la Catalunya rica que pide más dinero con la excusa de su par­ticularidad lingüística y cultural. «Tener dos lenguas no significa te­ner dos bocas», clamó en su día Rodríguez Ibarra, mientras la balanza fiscal se desequilibra -a su favor- año tras año.

Extremadura o Cantabria, por decir dos, nunca pidieron compe­tencias extra (de hecho, jamás pi­dieron autonomía), pero lo piden si Euzkadi y Catalunya lo hace antes. Valen­cia margina su lengua en su pro­pio terreno, pero exige su oficialidad en Europa una hora después de que Catalunya haga lo propio. De eso se trata, de pedir lo mismo; eso es lo que mueve a ciertos presi­dentes autonómicos. Y el Gobier­no central, contento, porque cual­quier reivindicación catalana, co­mo la agencia tributaria propia, re­sulta inviable si se la multiplica por diecisiete: café para nadie.

A lo mejor lo que se pide desde Catalunya o Euzkadi es un ma­rrón, como las competencias so­bre inmigración, pero da igual: to­dos querrán lo mismo. Sin reparar en que lo mismo no es más dinero, sólo gestionar el mismo dinero en casa, y dar respuesta po­lítica a un sentimiento nacional, real. Sobre todo eso: real. Real sig­nifica previo a la Constitución de 1978, sin banderas inventadas, himnos compuestos a última hora y conciencias colectivas basadas en el aquí no vamos a ser menos. Lo cual es una falacia, porque na­die es más ni es menos, cada uno sabe quién es y a qué nación perte­nece. La nación de los murcianos y los riojanos tiene una selección oficial que ganó el Mundial. ¿Lo ven? En ésto, nosotros sí que vamos a ser menos.

Domingo 20 de enero de 2013

Aún resuenan en mis oídos las palabras de un líder de la oposición en el Congreso diciendo que lo que había en el País Vasco era una guerra, y que las guerras había que ganarlas.

Recuerdo también que hace meses alguien, cuyo nombre no recuerdo, escribía en “Sábado Gráfico” que con ETA había que llegar a una solución como en las guerras carlistas.

Y en estos días de mano tendida y de voces airadas, de “no se pacta con asesinos” y de “ETA más metralleta”, ha caído en mis manos el libro de Unamuno “Paz en la guerra”. Y su lectura me ha incitado a averiguar cómo terminaron aquellas grandes convulsiones que tuvieron a Euskalerria como escenario fundamental y cuyas consecuencias cambiaron radicalmente el panorama político vasco hasta el día de hoy.

La primera guerra carlista, la de los siete años, la más larga y cruel, en la que ambos bandos ejecutaban a sus respectivos prisioneros, hasta el punto de que intervino una comisión inglesa para intentar humanizarla, terminó con el Convenio de Vergara. El general Maroto negoció la paz a través del almirante inglés lord Hay. Las bases de la negociación fueron fundamentalmente tres:

1.- Reconocimiento de don Carlos como Infante de España y de doña Isabel como Reina.

2.- Reconocimiento de los Fueros Vascos.

3.- Reconocimiento de los grados militares y condecoraciones del Ejército Carlista.

La negociación más dificultosa fue la referente al reconocimiento de los Fueros. Espartero lo consideraba cuestión de Estado y por tanto competencia de las Cortes Generales y no se creía facultado para tal reconocimiento. Maroto, por su parte, ateniéndose a la doctrina foral, sostenía que las Cortes de Madrid carecían de atribuciones sobre los Fueros Vascos, por radicar la representación del pueblo vasco, único soberano, en las Juntas Generales.

En acuerdo transaccional, Espartero empeñó su palabra de honor y ofreció su espada en defensa de los Fueros. Y la Ley de 25 de octubre de 1839 empleó aquella fórmula cuya interpretación posterior trajo nuevamente la guerra: “Se confirman los Fueros de las Provincias Vascongadas y Navarra, sin perjuicio de la unidad Constitucional de la Monarquía”.

A pesar de ello, fueron muchos los que no admitieron el Pacto de Vergara. Y fueron muchas las partidas armadas que siguieron luchando. Espartero dictó bandos proclamando la amnistía y prome­tiendo primas en metálico a quienes dejaran las armas.

En paz, aunque en desasosiego político, transcurrió la vida vasca hasta el levantamiento de Primavera de 1872. Tras su fracaso, los carlistas vizcaínos firmaron con el general Serrano, el Convenio de Amorebieta con las siguientes condiciones:

1.- Cese de hostilidades.

2.- Reconocimiento de los Fueros por los liberales.

3.- Indulto general para todos los sublevados.

4.- Regreso de todos los exilados.

Pero el 18 de diciembre de 1872 vuelven a sublevarse los Carlistas. La guerra dura hasta el 27 de febrero de 1876. Terminó con la rendición sin pactos. Pero también esta vez y durante mucho tiempo actuaron por doquier partidas armadas. Se sucedieron los indultos, las promesas y hasta los sobornos.

La victoria bélica liberal fue completa, y completa también la derrota política de los carlistas vascos. La Ley de 21 de julio de 1876 suprimió los Fueros. Se disolvieron las Juntas Generales y se impusieron las diputaciones de régi­men común. Cánovas cerró la discusión con aquellas peligrosas palabras a los comisionados navarros: “…cuando la fuerza causa estado, la fuerza es el derecho…”.

Unamuno, que vivió esta última época y en el bando liberal, describe así, en boca de uno de sus personajes, la turbulencia de aquel momento:

“…fuera de sí desde la abolición de los Fueros, echa chispas, pide la unión de los vasconavarros todos, tal vez para una nueva guerra, guerra fuerista. Desahógase contra los “pózanos” (antecedente de la palabra “maketo”), ha dado en desear saber vascuence…”.

“Empiézase en el ambiente en que él vive a cobrar conciencia del viejo lema “Dios y Fueros», al que sirvió de tapujo, en gran parte, el de “Dios, Patria y Rey”. Siéntense las generales corrientes étnicas que sacuden a toda Europa. Por debajo de las nacionalidades políticas, simbolizadas en banderas y glorificadas en triunfos militares, obra el impulso al disloque de ellas en razas y pueblos más de antiguo fundidos, ante-históricos, encarnados en lenguajes diversos y vivificados en la íntima comunión privativa de costumbres cotidianas peculiares a cada uno; impulso que la presión de aquellas encauza y endereza. Es el inconsciente anhelo a la patria espiritual la desligada del terruño; es la atracción que, sintiendo los pueblos hacia la vida silenciosa de debajo del tumulto pasajero de la Historia, los empuja a su redistribución natural, según originarias diferencias y analogías, a la redistribución que permita el futuro libre agrupamiento de todos ellos en la gran familia humana; es, a la vez, la vieja lucha de razas, fuente de la civilización…”.

Este es exactamente el marco donde se fragua la mente de Sabino Arana “el loco”. “Enloqueció” por la derrota, por la negación del Fuero, por la arrogancia de Cánovas y de su impuesta Ley de 1876, perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía.

Y el “aranismo” creció y se extendió contra corriente de todos los poderes políticos e intereses económicos. Cárceles, exilios, ejecuciones, diques culturales, medidas económicas, Primo de Rivera, Franco…. A pesar de todo ello y de la gran inmigración, hoy la mayoría absoluta de este pueblo no ha aprobado la Constitución, ni ésta ni ninguna anterior, porque todavía yace en su subconsciente aquello de “sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía”, que nunca acabó de entender.

Hoy, como entonces, hay quienes quieren imponer su razón por las armas; quienes quieren fraguar patrias, grandes o pequeñas, a punta de pistola. Recuerdo aquellos cañones de bronce del museo de Estrasburgo que tenía fundida en sus lomos la inscripción “Ultima ratio regum”, última razón de los Reyes. Es peligroso el recurso a la “última ratio”. Entre otras cosas porque tras ella viene generalmente la pendiente de la sinrazón.

Santa Cruz terminó en las Misiones de los indios de Colombia, como otros terminan hoy en Nicaragua, pero dejando tras sí la convulsión, la frustración, el odio y el desquiciamiento.

Cánovas en 1876 hizo su LOAPA de la “unidad constitucional de la Monarquía” de 1839. Lejos de unir nada, puso la espo­leta de un grave movimiento contra una ley de unidad que nadie había puesto en cuestión.

Espartero comprometió su espada en defensa del Fuero. Nos duele pensar que hoy Espartero pueda sacar su espada contra el Fuero…

Pero hoy como ayer, y salvando tiempos, modos y personas, Muñagorri desde su escribanía de Zaldibia, o Garaikoetxea desde Ajuria Enea, y con ellos la gran mayoría de los vascos, seguimos gritando “Paz y Fueros”.

Deia. 13 de febrero de 1983