Martes 26 de agosto de 2025
Leí el lunes este interesante trabajo sistematizado de Lourdes Pérez sobre las 15 medidas que serán discutidas y que al PP-Vox no le gustan absolutamente nada. El PP fue considerado, tras la sentencia Gürtel, el partido más corrupto de Europa.
Las medidas, si se aprueban son muy correctas y están bien pero falta, a mi juicio, una y muy importante y que es la no reelección de los políticos que manejan presupuestos. Presidentes, Ministros, Consejeros, Diputados regionales y provinciales.
No hay más que ver la corrupción de aquellos países que lo primero que sus mandamases autoritarios es cambiar la Constitución para ser reelegidos hasta la náusea.
Cuatro años, más una reelección, es lo que debiera ser la norma para actuar. En ocho años se pueden hacer muchas cosas y se evita parte de ese clientelismo que está ahogando la vida de aquellas democracias que además carecen de un control democrático eficiente y actúan con pésimos controles, cuando actúan tapándose además los dos ojos.
Y he aquí el trabajo de Lourdes Pérez:
En una fecha tan intempestiva como el 9 de julio, el presidente Sánchez compareció ante el Congreso, forzado por la escandalera de la imputación y posterior ingreso en prisión de Santos Cerdán, para dar explicaciones y ofrecer como lenitivo el Plan Estatal de Lucha contra la corrupción. Un paquete de iniciativas elaboradas en colaboración con la OCDE, alguna de nuevo cuño y varias remozadas, que Fernando Jiménez Sánchez direcciona para este periódico con escepticismo, conociendo el percal de dónde viene el país y a la espera de que se desbroce “la pequeña letra”.
“La música puede sonar bien, pero al final todo depende del diseño, de a quien se pone al frente y con qué medios va a contar”, previene el catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Murcia, experto del Greco -el grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa que el 1 de agosto reprobó al Gobierno por inacción- y miembro del capítulo español de Transparencia Internacional. Jiménez se arranca con una reflexión de fondo, la de que el mejor “control” ante la comisión de posible ilícitos anidados en el sistema para por restringir “los incentivos de los actores” concernidos. Por trazar fronteras entre quienes prestan el servicio público y los políticos. Por pronunciar al funcionario “profesional e integro” y “echar a la calle” al que no lo sea. Y por evitar distorsiones como que ejercer de asesor en la Moncloa aúpe al nivel 30 de la Administración, el máximo, “aunque luego vuelvas a un instituto”. “¿Quieren ustedes conciencia?”. Pues compórtense de otra manera. Punto”, urge a los responsable políticos e institucionales.
1.- Puesta en marcha de una Agencia de Integridad Pública.
Jiménez cree que puede tener sentido, ante “la enorme” e ineficaz “fragmentación de pequeños órganos sin coordinación entre ellos”. Una cooperación factible en la centralizada Portugal y “peliaguda” en la España autonómica. En paralelo, Jiménez se duele de cómo un referente europeo, la Agencia Valenciana Antifraude, está desvirtuándose, a su juicio, a raíz del acuerdo PP-Vox.
2.- Extensión de la metodología en la adjudicación de los fondos Next Generation a toda la Administración.
El experto se muestra renuente a incrementar los “controles a priori”, que ya inoculan “una gran complejidad burocrática”. “Normalmente, a lo que lleva esa exigencia es a un cumplimiento formal de la normativa, pero sin entrar a fondo” en la problemática de origen: los incentivos, incide.
3 y 4.- Se introducirá la inteligencia artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público y se exigirá a las empresas de sistemas de “compliance” anticorrupción.
Jiménez ahonda en su argumentación anterior al analizar esta propuesta que, según reza el plan, busca “automatizar y optimizar la identificación de patrones anómalos o indicios de fraude”. El catedrático describe cómo la intensificación de los citados controles previos hacen que “los funcionarios vayan desbocados y con sensación de que están perdiendo el tiempo en el cumplimiento meramente formal de un montón de exigencias”. Por ello apunta a que sería más eficaz castigar –“que se caiga el pelo”, ilustra- a quienes sean descubiertos en irregularidades en análisis posteriores.
5.- Nueva Ley de Administración Abierta para la transparencia activa.
“Como dice Daniel Kaufmann, no se lucha contra la corrupción, sino mejorando la calidad de gobierno”, resume Jiménez, para quien el déficit de España no son las leyes –“hay inflación normativa”-, sino que se ejecuten.
6.- Refuerzo de los controles sobre los partidos políticos.
El objetivo es una mayor fiscalidad de la financiación pública y de las donaciones, además de la aprobación de la ley, trabada en el Congreso, para regular los “lobbies”. Jiménez constata cómo se han encadenado reformas en la normativa que rige la financiación de los partidos sin atajar los potenciales riesgos y alimentando “la cartelización”, por la cual las distintas siglas se sostienen unas a otras “porque viven de lo mismo”. El experto, que avala que las formaciones políticas puedan recibir donaciones siempre que sea de forma “limitada y cien por cien transparente”, recuerda que la reforma legal de 2015, las post-Gürtel, mejoró las anteriores, pero no tanto como para evitar “puertas abiertas” como que se vetara a las empresas donar a los partidos y no a sus fundaciones.
7.- Protección a los denunciantes.
La falta de garantía en este Ámbito “clave” contra la corrupción “clama al cielo”, según Jiménez, que constata cómo el Gobierno aprobó en febrero de 2023 una nueva normativa con casi año y medio de retraso con repecto al plazo máximo dado por Bruselas para trasponer la directiva europea. Una ley cuajada de “agujeros”, pese a la demora, que ahora Sánchez plantea apuntalar.
8, 9 y 10.- Secciones sobre delitos contra la Administración en los nuevos tribunales de instancia, refuerzo de la Fiscalía y penas más duras.
Aunque la evidencia que en la mayoría de países de nuestro entorno es el Ministerio Público el que instruye, incluidos los casos de corrupción, Jiménez cuestiona que esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se haga en un contexto sin acuerdo entre los dos grandes partidos y con el fiscal general enfilando al banquillo. “Aquí lo que hay que garantizar es que los fiscales no estén en manos del gobierno de turno”, asevera, al tiempo que insta a “dar la vuelta a la Ley Gallardón”, que acortó los tiempos de investigación y a activar, más recursos. Con la incongruencia al fondo, dice, de que éste sea el mismo Gobierno que atenuó la malversación por sus pactos con el independentismo.
11 y 12.- Listas negras de las empresas condenadas y más sanciones a los partidos.
Jiménez apunta en que basta con cumplir la normativa ya existente; con castigar a las empresas contratistas que hayan pagado mordidas para que durante un tiempo no puedan seguir optando a contratos públicos. “Esto sería enormemente disuasorio”, concluye.
13 y 14.- Aumento de medios y plantilla de la Oficina de Recuperación de los bienes robados.
“¿Ha recuperado esta oficina algún activo en todo este tiempo?”, ironiza el especialista del Greco, quien expresa sus serias dudas ante la eficacia también del órgano que analiza los conflictos de intereses dado que éste pende del Ministerio de la Presidencia.
15.- Generación de una verdadera cultura de integridad.
Jiménez trae a coalición un dato que quizá sorprenda: España es, junto a Portugal y según el Eurobarómetro, el país comunitario más intolerante con las prácticas corruptas. Por eso, él no interpreta que el escollo esté ahí. “Los cambios culturales no se producen a partir solo de los discursos, es el comportamiento el que los provoca. No hace falta que los políticos sean ejemplares, basta con que sean decentes”, remacha.
