El blog de Iñaki Anasagasti

Domingo 30 de mayo de 2021

El pasado 28 de abril, Joe  Biden, pronunció su primer discurso en el Capitolio  como Presidente de los Estados Unidos en la sesión conocida como la del “Estado de la Unión”. Fue una intervención  plenamente socialdemócrata, mejor dicho socialcristiana ya que Biden es católico e Ignaciano. No creo equivocarme al pensar  que el Lehendakari Agirre la hubiera ratificado con su firma desde el gesto hacia  las dos presidentas en el pódium, hasta su alusión al asalto del Capitolio. Recomiendo su lectura. Pronunció el discurso más progresista en la historia de los EE.UU. Fue valiente. No lo tiene fácil. Experiencia, tiene.

Hizo afirmaciones muy importantes pero quiero destacar una, entre muchas:

“Wall Street no construyó este país. La clase media construyó el país y los sindicatos construyeron la clase media. Por eso le pido al Congreso que apruebe la ley para proteger el derecho a sindicalizarse, la Ley PRO y la envíe a mi escritorio para que podamos apoyar el derecho a sindicalizarse. Y por eso mientras estén pensando en enviar cosas a mi escritorio, aumentemos el salario mínimo a 15 dólares. Nadie que trabaje 40 horas a la semana,  debería vivir bajo del umbral de pobreza. Necesitamos garantizar una mayor equidad y oportunidades para las mujeres y mientras hacemos esto llevemos la Ley de Equidad de salario a mi escritorio también.

Igualdad de salarios. Ha pasado demasiado tiempo y si te preguntas si ha pasado demasiado tiempo mira detrás de mí. No impondré ningún aumento de impuestos a las personas que ganen menos de $400.000. Pero es hora de que las corporaciones estadounidenses y el 1% más rico de los estadounidenses      comiencen a pagar su parte justa. Solo su parte justa. Creo que lo que propongo es justo. No busco castigar a nadie”.

La foto que publico es de abril de 1977. Se trata del primer mitin en Bilbao del EAJ-PNV tras el vacío de la guerra y la dictadura. La gente no cabía en La Casilla. Había entusiastas desde el techo a la plaza exterior. El “viejo partido del pasado” volvía a liderar el país. Se vio dos meses después con la elección de ocho diputados. En la fotografía  podemos distinguir  a Pedro Basaldua, secretario de Agirre y Delegado en Argentina, Dña. Concha Azaola, presidenta de Emakume Abertzale Batza, Manu Robles Arangiz, presidente de ELA-STV, Carlos Garaikoetxea presidente del EBB, Manuel de Irujo, Lurdes Munitxa y Xabier Arzalluz. Salvando las distancias todo el acto fue el discurso social  de Biden pero hace 44 años e   incluso más progresista lo que nos  ha permitido llegar como sociedad donde estamos. Y traigo la fotografía a colación pues allí  estaba, como se ve, el presidente de Solidaridad de Trabajadores, la ELA sindical, sin ningún complejo. Normal. Soli había nacido del seno del propio partido en 1911 para defender a los trabajadores vascos. Y como nos dijo Manu Robles la  argamasa con el partido era la doble afiliación y la sintonía con  las encíclicas sociales de los Papas, en tiempos de confesionalidad,  así como  el respeto por Sabino Arana como promotor del nacionalismo vasco reivindicativo. El propio Robles Arangiz había sido  diputado en el Congreso en tiempos de la República por el PNV. No había complejos de adolescentes ni  cruzadas continuas  de querer matar al padre. Como no lo tiene la UGT con el PSOE.

Nada que ver la actual con la actual  ELA, acomplejada y correa de transmisión de Sortu, desconociendo que  vivimos en una situación límite. Ya hemos visto el dogmatismo romo de la IA  para crear nuevos puestos de trabajo como el caso Corrugados de Azpeitia, con la anuencia del Soviet, así como lo que fue  la campaña puerta a puerta en Gipuzkoa. Gentes incapacitadas para crear bienestar. Mentalidad de dictadura cubana. Y es que sindicalmente ELA y LAB están en la misma onda. ”El actual momento requiere un sindicalismo de contrapoder y un sindicalismo abertzale fuerte”. Para ello proponemos “una mayor capacidad de confrontación en los centros de trabajo”. ”Hay que socializar los conflictos buscando la solidaridad del resto de la clase trabajadora” nos propuso Garbiñe Aranburu quien nos habló el año pasado de la “primavera roja” mientras ELA proclamaba el fin definitivo del período estatutario. No hay más que ver los informativos de ETB para darse cuenta que no invento nada. Es la huelga por la huelga, la conflictividad por la conflictividad, la manifa por la manifa. Y no es que nadie no  proponga  la justa defensa de los intereses de los trabajadores, ni mucho menos  esa foto de la Casilla  con una ELA correa de transmisión del EAJ-PNV, aunque foto parecida y puño en alto   las vemos en los congresos y manifestaciones de Bildu. Allí están siempre ELA y LAB. Normal. A ELA solo le queda del PNV las tres letras de la sigla que el jelkidismo fundó, tras vaciar su  contenido en maniobra típica de esa izquierda dogmática que busca compañeros de viaje para  dejarles en los huesos. Lo estamos viendo hoy  con la fagocitada  EA en Bildu.

El presidente de Cebek, Iñaki Garcinuño, en su última rueda de prensa al frente de la patronal de Bizkaia, hace quince días, mostró su preocupación por este clima que en el fondo va en contra de los intereses de los trabajadores solicitando acuerdos para minimizar los efectos de la crisis. Que se sepa son los empresarios los que crean  puestos de trabajo en este país, salvo los de los delegados sindicales, sin que tengan el menor eco sus observaciones económicas en los medios públicos.

Garcinuño, que dejaba  la presidencia de Cebek en favor de Carolina Pérez de Toledo, señaló  que las decisiones de estos sindicatos se toman en las cúpulas de las centrales sin pensar en los trabajadores. «Las relaciones laborales vascas están sometidas a tantos intereses supraempresariales que un problema en una empresa, por pequeño que sea, puede convertirse en parte de una estrategia nacional de mucho mayor calado, y así es más difícil solucionar el pequeño problema. El marketing, las elecciones sindicales, los objetivos políticos y la demagogia en los discursos acaban dominando el escenario», dijo  en un contexto en el que es cuando «más se necesita el acuerdo y el consenso, cediendo todos parte de nuestros objetivos para lograr un bien superior». Sin embargo, según insistió, estos sindicatos «abandonan los órganos paritarios para decidir sobre seguridad en el trabajo, se menosprecia el dialogo social y   se juega a ser un partido político sin pasar por las urnas. Esta es una parte de la realidad laboral que vivimos». Es el sindicalismo de contrapoder que denunciamos con el que éste país no saldrá adelante.

Vivimos momentos turbulentos, de gran desorientación y de gran desinformación. Ojalá la nueva presidenta de Cebek sea tan clara como Garcinuño en su despedida. Como lo fue el Vicelehendakari Erkoreka cuando dijo que creía inimaginable que la campaña contra la ertzaintza y el PNV” no cuente con la aquiescencia de la Izquierda Abertzale“. En su opinión “la animosidad de la Izquierda Abertzale hacia algunas instituciones básicas y de autogobierno   les inhabilita para asumir las riendas del gobierno vasco pese a reivindicarse como alternativa”. O las de la portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Eider Mendoza, que consideraba inaudito que se haya perdido la oportunidad de contar en Azpeitia con la creación de 700 puestos de trabajo en un territorio industrial, recordando que estaba en la mano del ayuntamiento la posibilidad de poner en marcha este proyecto de futuro. O lo dicho sin pelos en la lengua por  la Consejera Arantxa Tapia  que expresó el martes pasado “malestar, tristeza y bochorno” por el comportamiento del ayuntamiento de Azpeitia que había actuado como un “nuevo rico” acusando a la alcaldesa Nagore Alkorta de EH Bildu de mentir y de echar balones fuera haciendo dejación de su responsabilidad municipal”. Hablar claro es fundamental.

Los pequeños empresarios, la población de Azpetia, la gente normal que quiere que Euskadi progrese y vivir en paz tiene que saber que la política es diferenciación y que con actitudes propias de los herederos de quienes enviaban el llamado “impuesto revolucionario” que aventó cientos de empresarios de nuestro  país, o que muy cerca mataron a Inaxio Uria sin todavía condenar el asesinato, y a los que no les importa cargarse 700 puestos de trabajo y siguen como en los años sesenta esperando llevar a cabo la revolución pendiente, siguen  empecinada  como la alcaldesa de Azpeitia a la que no le importa mentir ni salir de su dogma en beneficio del pueblo que representa y ante eso , poco se puede esperar, mejor dicho, nada. Actúan  como en el Puerta a puerta. Ante eso la gente tiene que saber cuál es el modelo industrial cubanizado de Sortu. Un  talante dogmático y autoritario  que les impide conectar con la realidad y atender las necesidades de trabajo de la juventud.

De ahí que nos preguntemos si con este sindicalismo de contrapoder y con este dogmatismo absurdo un país moderno puede salir de una crisis como la que estamos viviendo. ¡Claro que se puede pero jamás  con estas  recetas!. Por eso cargan obsesivamente contra el PNV y el “mito de su gestión”.

Sábado 29 de mayo de 2021

Los patriotas jueces del tribunal supremo de España están objetivamente poniendo en riesgo la llegada a su querido país de los fondos europeos. Esta lapidaria afirmación pudiera sorprender. Pero es que el contenido del documento mediante el que exponen sus argumentos para oponerse al indulto de los presos del llamado «procés» es una verdadera prueba de cargo. Acredita que en España hay una democracia de baja intensidad. Porque en sus más altos tribunales hay jueces que son más nacionalistas que demócratas, más españoles que juristas lo que es un verdadero peligro para la democracia. El clamoroso silencio que estas mismas instancias guardaron ante el indulto de terroristas de estado y auténticos golpistas, de los que sacaban tanques a la calle, y su significativa agitación de hoy mide la dramática dimensión del problema.

¿Qué tiene que ver esto con los fondos europeos?.  Pocos jueces españoles sabrán, a estas alturas, que el Parlamento Europeo aprobó en marzo el Reglamento, que es ya ley en vigor en toda la Unión, que condiciona la distribución de los fondos europeos a la calidad del estado de derecho del país que los recibe. Leyendo el contenido de esta norma es simplemente temerario el documento que ha producido el tribunal supremo para oponerse al indulto de los políticos catalanes encarcelados por su activismo político

En efecto en Europa si se leen lo que la prensa de derechas denomina «demoledor informe» podrán comprobar, en primer lugar, que el Tribunal Supremo de España es partidario de abolir el derecho de reunión y manifestación y el de libre expresión. Ninguna otra interpretación cabe hacer de la  lapidaria frase con la que concluyen que «no puede ser democrático movilizar a una parte de la ciudadanía catalana como instrumento de presión». Tal afirmación es simplemente una moción radical contra las previsiones legales sobre libertad de expresión y manifestación de la Constitución. Eso de manifestarse a favor de la independencia de Cataluña ¿No es democrático? ¿Es ilegal? ¿Quiere decir que las manifestaciones no pueden ser instrumentos de presión? ¿Las que se hacen en la plaza de Colón son instrumentos de presión o juegos florales? Esta insensatez solo puede escribirla quien piense que renunciar voluntariamente a ser lo mejor que se puede ser, español de pro, de pura cepa, no es que no sea democrático, es que es patológico. Y esa convicción tiene un nombre y está calificada por unos adjetivos que prefiero reservarme. Nunca me los escucharán de viva vox.

La desmemoria que acreditan los miembros de este tribunal al exigir “arrepentimiento” a los condenados para dar su plácet al indulto es otro preocupante índice del nivel de parcialidad de las más altas instancias de la justicia española y consecuentemente del deterioro de la calidad del Estado de Derecho en ese país. Porque no se recuerda que exigiesen lo mismo cuando se indultó a terroristas de estado o golpistas reconocidos como Rafael Vera, José Barrionuevo, Antonio Tejero o Jaime Milan del Bosch. En estos casos no encontrarán ustedes un solo penalista que dude de la idoneidad de los tipos penales que se les aplicaron para condenarlos. Ocurre justo lo contrario con la sentencia del «procés». Hay abundantísima literatura jurídica que considera un auténtico dislate los fundamentos jurídicos y los hechos probados de la sentencia que les condena. De hecho, hay sentencias de otros tribunales, por ejemplo la Audiencia Nacional, que analizando la misma secuencia temporal y los actos de los mismos protagonistas han elaborado un relato muy diferente que ha concluido con la absolución del Mayor de los Mossos de Esquadra Josep Lluis Trapero. Vale preguntarse, en consecuencia, de qué se pide a los condenados que se arrepientan. SI el desideratum se refiere a su condición de independentistas que vayan recetándoles una lobotomía porque a golpe de condena no solo no lo van a conseguir sino que generan un incremento de la adhesión popular a sus tesis.

Dicen los ilustres magistrados también que “el delito de sedición es algo más que un delito contra el orden público», y apostillan que es una conducta también castigada en los códigos penales del continente. «Su carácter delictivo es incuestionable en todos los países de nuestro entorno». Pues no. Los fracasos que han ido cosechando las euroórdenes emitidas por ese otro genio del derecho que se llama Pablo Llarena precisamente han topado en esa piedra. Ese tipo penal no existe en ningún sitio más que en España.  De hecho, la reforma del código penal que se anuncia para suprimir este tipo delictivo tiene que ver exactamente con esa realidad. La misma que impide a la opinión pública y buena parte de la clase política europea entender la estrategia española contra el activismo político catalán. Las críticas, y descalificaciones cosechadas por la actuación del Tribunal Supremo en Europa son inocultablemente unánimes. El empecinamiento en negarlas o ignorarlas recuerda demasiado al “que inventen ellos” unamuniano.

Los jueces del supremo se oponen al indulto también porque «lejos de subrayar las razones que justificarían la innecesariedad de la pena, optan por centrarse en una crítica jurídica a la sentencia» asegurando el Supremo que «esa alteración de la funcionalidad del indulto condiciona el alcance y contenido de este informe». Efectivamente. Se advierte al leerlo la indignación que produce a este tribunal que se ponga blanco sobre negrola lamentable calidad jurídica de la sentencia que da por probados hechos demostradamente falsos, confunde responsabilidades individuales y colectivas, aplica tipos penales con verdadera temeridad y concluye con una aplicación de penas que movería a la risa por su endeblez si no generase una más que justificada indignación por lo que significa en términos de seguridad jurídica. Produce así una sentencia completamente injusta que lejos de asentarse en criterios jurídicos está netamente inspirada por la venganza y propiciada el abuso de poder, especialmente perceptible durante la lamentable instrucción del caso y retratada en la displicente actitud del presidente Marchena durante la vista oral. Su alegato para impedir el uso del catalán en la vista es, por forma y fondo, todo un ejemplo de la distancia entre sus criterios y valores europeos como los que contiene el lema «unidos en la diversidad». Acredita además el «respeto» que le merecen a este personaje los derechos lingüísticos que el estatuto catalán reconoce a los catalanoparlantes.

Nada sorprendente en un magistrado, presentado como un genio del derecho, ecuánime, con autoridad técnica y moral durante el proceso pero que ha sido ya sonoramente reconvenido en Estrasburgo por todo lo contrario. Marchena fue condenado por su indecente actuación en la segunda revisión del llamado «caso Atutxa» que acabó con la condena de tres miembros de la mesa del Parlamento Vasco. El tribunal de Marchena violó los derechos fundamentales de Atutxa, Knör y Kontxi Bilbao, siquiera les dio la opción de ser escuchados. Y el autor de la chapuza tardó casi dos años en poner en un papel el dictamen que le recordaba que eliminó, en aquel juicio, las garantías que cualquier estado de derecho digno de tal nombre reconoce a todo acusado.   

Los magistrados tienen igualmente palabras para el delito de malversación cuya gravedad también en su opinión desaconseja el indulto. En este caso también las condenas que figuran en la sentencia tienen los pies de barro. El detallado testimonio del Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, encargado de garantizar que ni un euro público financiase el procés documentando que había cumplido su misión fue desarticulado por un novelesco atestado del equipo de la Guardia Civil que dirigía otro de los genios implicados en este asunto, el ilustre coronel Diego Pérez de los Cobos. Los jueces, sorprendentemente dieron más crédito a los «expertos» de la Guardia Civil que al ministerio de Hacienda. El jefe de la tropa actuante, el ínclito Pérez de los Cobos, además de ignorar las atribuciones que en seguridad pública reconocen las leyes a las autoridades catalanas tiene problemas de comprensión lectora y quizá esto tenga reflejo en los atestados que firma. Porque fue este genio quien considero que aporrear a pacíficos ciudadanos por doquier era una manera fiel y efectiva de cumplir el mandato judicial que ordenaba a las fuerzas de seguridad recoger pruebas, en el marco además de una investigación judicial, y realizar investigaciones en torno a la organización de aquel proceso electoral “sin alterar la paz y normal convivencia ciudadana”.

 «Por si fuera poco», continúan los indignados magistrados, los indultos que se plantean  “no son peticiones individualizadas sino que dibujan una responsabilidad penal colectiva, solidaria, compartida por un sujeto activo plural que respondería a la denominación de los presos del procéscuando se debe hacer un estudio individualizado”. Sorprendente. Porque una de las grandes debilidades de esta sentencia es precisamente las enormes deficiencias que presenta a la hora de determinar y describir conductas individuales y a la hora de certificarlas para declararlas hechos probados. Así se justifican con verdadera alegría varias condenas sobre la base de la pertenencia de los condenados a una confabulación demoniaca contra España. Un proceso a un colectivo y unas ideas que contienen tales chapuzas argumentativas y probatorias que incurre justamente en lo que critica ahora para descalificar los indultos.

Tampoco tiene desperdicio el espacio que dedican los atribulados y ofendidos jueces del supremo a deplorar que los condenados no quieran el indulto y se posicionen en favor de una Ley de Amnistía, algo lógico a la vista de que consideran que no han cometido delito alguno. Su convicción cuenta con el aval de una legión de penalistas en activo que piensan lo mismo. Pero lo más llamativo es que a continuación señalan que «Las leyes de amnistía han sido el medio hecho valer por regímenes dictatoriales para borrar gravísimos delitos contra personas y sus derechos fundamentales”. En Europa la transición española tiene una especificidad: la impunidad de los crímenes cometidos por la dictadura. Este hecho se debe, precisamente a lajurisprudencia que han instalado los miembros del Tribunal Supremo sobre las atrocidades del franquismo. Hay numerosas sentencias de este tribunal que deniegan investigaciones de crímenes horribles cometidos por la dictadura amparándose en ley de amnistía que no era una ley de punto final y que se ha convertido en eso, gracias a la jurisprudencia del tribunal supremo. Hay gravísimas advertencias por ello desde el Consejo de Europa a las autoridades hispanas. Según su propio razonamiento y a la vista de sus sentencias sobre el franquismo, los jueces del supremo han sido protagonistas en la articulación del «medio hecho valer por regímenes dictatoriales para borrar gravísimos delitos contra personas y sus derechos fundamentales”.

Por último, llama la atención que pretexte este tribunal que «no se puede indultar a los que han cometido delitos de desobediencia dada la ausencia de cualquier razón que obligue a corregir un desenlace punitivo que, en modo alguno, puede considerarse contrario a un principio de proporcionalidad». Su condena de inhabilitación «es obligada en relación con aquellos delitos que debilitan de modo singular la estructura del Estado”. Otro dislate jurídico. El delito de desobediencia no se puede aplicar a cargos electos sino a funcionarios. Es de primero de derecho. Si este tipo penal se proyecta sobre decisiones parlamentarias, como es el caso, es simplemente aberrante. Se carga otro principio básico de las democracias representativas que se llama división de poderes. Pero estas cosas a unos jueces que creen que el parlamento de Cataluña no es poder legislativo del estado…

En fin. En los tiempos que ejercí la abogacía en Bilbao, y eso que viví la creciente influencia del derecho comunitario en las leyes que manejábamos, me sorprendió siempre la resistencia numantina de algunos jueces a aceptar que la regla que medía la calidad de nuestro estado de derecho estaba en Europa. Muchos de ellos eran realmente resistentes cuando no insumisos a esa idea y mucho más al hecho de que un tribunal europeo pudiese revocar sus decisiones. Y escuche comentarios de auténtico desprecio, sin ir más lejos, a la jurisprudencia emanada en algunos espinosos asuntos como la tortura, desde la Corte Europea de derechos del hombre radicada en Estrasburgo.

En Bruselas son plenamente conscientes de los problemas de independencia que arrastran algunos sistemas judiciales de los estados miembros. España es uno de los peor valorados en este ranking, uno de los que más procedimientos de sanción acumula por su resistencia a trasponer legislación europea y uno en los que se detecta un poder judicial con peor conocimiento del acervo legal comunitario. Este «demoledor informe» no hace sino confirmar la dimensión, hondura y gravedad de estas deficiencias.

Viernes 28 de mayo de 2020

Me hacen estos dos comentarios Martin Lasa y Joseba que transcribo:

Martín Lasa:

Les sacas de alegres y combativos y tienen un problema. No saben hacer nada y mucho menos pensar en sus convecinos.

Han tenido una oportunidad de oro para mirar por el futuro de Azpeitia y por ende de toda su zona de influencia y se han limitado a no hacer nada.
Lo de siempre, vamos.

Les sacas de la pancarta y tienen auténticos problemas porque más allá de la pancarta y de vociferar, no hay mucho más para ellos.

Atrapados como están no se les ha ocurrido otra cosa que mentir descaradamente y decir que no había ni ofertas ni nada de nada. La alcaldesa de Bildu ha debido estar reunida con el Espíritu Santo, por lo visto.

Es lo que tiene elegir para regir los destinos de la población a quien no está preparado para ello y no ve más allá de borrokas y de primaveras rojas.

Como el tiempo pasa volando y 2023 está a la vuelta de la esquina, el pueblo de Azpeitia dictará sentencia contra quienes pudiendo crear un montón de puestos de trabajo y espabilar a los jóvenes más emprendedores de la zona para que creen muchos más, hagan lo de Bildu. Nada.

Conservando además para las futuras generaciones de Azpeitia un terreno enorme en medio del pueblo, cuando las cosas sean diferentes, Bildu y su alcaldesa de turno, han optado por la de siempre. No hacer nada y defender el no con uñas, dientes y en este caso con mentiras, negando la mayor.
Todo por no querer cambiar una ordenanza municipal de hace unos años, que por cierto, deja las puertas abiertas a hacerlo por si acaso.

No al metro, no al Guggenheim, no a Leizaran, no a todo.
A ver si al final va a resultar que al final, no es que sean incompetentes, es que son más vagos que la chaqueta de un guardia.

Joseba:

Interesante información sobre la historia de Corrugados  con Sortu y Ela como responsables de su cierre.. Muy conveniente tenerla en cuenta.
Todos los que tenemos algunos años ya, sabemos el papel tan favorecedor de la izquierda cutre radical de los sindicatos y los batasunos en promover el cierre de empresas gracias a sus maximalismos trasnochados y perjudiciales para luego pedir responsabilidades a los demás.

Porque lo que más les conviene es la agitación social y eso se favorece con la destrucción del trabajo y del bienestar social.

Y esto hay que decirlo.

La alcaldesa de Azpeitia, que es la que tiene que dar las explicaciones, se ha limitado a esgrimir el plan general de urbanismo como ariete para someter a un jaque a la empresa. Pero la empresa ya no se juega nada y lo mismo llevarse la producción de Azpeitia a otra de sus plantas.

Porque la alcaldesa les ha dicho que la ubicación tradicional choca con el plan general y ya está. El gobierno vasco, que conoce perfectamente el plan, ha dicho que se puede negociar con renuncia parcial de ambas partes. Pero la alcaldesa se ha enrocado.

Pues ella es la responsable.

Ya puede tener insomnio, ya.