Mikel Zabalza y el silencio de España

El Gobierno Vasco ha reconocido como víctima del terrorismo institucional a Mikel Zabalza. Es sin duda, una gran noticia que no evita una amarga reflexión. Para empezar, es desazonador que hayan tenido que pasar 36 años para certificar algo tan clamorosamente evidente. Desde el mismo instante en que el cuerpo del navarro apareció en el río Bidasoa con las manos esposadas a la espalda, 19 días después de su detención y traslado al cuartel donostiarra de Intxaurrondo, todos sabíamos lo que pasó. Tampoco había que ser un lince. Era un secreto a voces el trato que se dispensaba a los que daban con sus huesos en las siniestras dependencias beneméritas. Además, el vomitivo ministro de Interior del gobierno del PSOE, José Barrionuevo, lo había anunciado chulescamente en el Congreso ante la denuncia de la ausencia de noticias sobre el paradero del conductor de autobuses: “Aparecerá o será encontrado”. Por si faltara algo, hace unos meses escuchamos con un nudo en la garganta la grabación en la que el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto le decía al entonces jefe del CESID, Juan Alberto Perote, que a los torturadores “Se les ha ido la mano, se les ha quedado en el interrogatorio”.

Con tal avalancha de datos irrefutables, el reconocimiento como víctima por parte del Estado debería haber sido de oficio. Pero este es el minuto en que España da por buena la abracadabrante versión oficial según la cual, Zabalza huyó —¡con las manos esposadas a la espalda!— y tras recorrer un buen número de kilómetros, cayó al río y se ahogó. Tras este paso del Gobierno Vasco, el español debería reparar la descomunal injusticia.

Pederastia eclesial, no hay marcha atrás

El movimiento se demuestra andando. Por eso es una buena noticia que la Ertzaintza esté investigando ahora mismo más de cuarenta casos de abusos sexuales cometidos por religiosos en Euskadi. Lo es, sobre todo, porque indica que después de años, incluso decenios, de silencio, las personas que los sufrieron vencen el pánico y se deciden a denunciar a los monstruos que les robaron la infancia y les destrozaron la vida. Como decía el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, cada día el goteo va creciendo porque las víctimas se animan a dar el paso después de ver que otras lo están haciendo.

Eso, por sí solo, insisto, es muy positivo porque se va agrietando un muro que parecía inexpugnable. Con todo, no debemos llamarnos a engaño. La mayoría de las denuncias acabarán archivadas porque será prácticamente imposible probar los hechos fehacientemente. Es la gran ventaja con la que juegan los depredadores. Lo acabamos de ver en el caso del que fuera director del colegio San José de Bemeo, al que dos ex alumnas acusan de haber abusado de ellas en 1979 y 1980. Abordado por el periodista de EITB Asier Sánchez, el individuo espetó que harían falta imágenes para demostrarlo, y aún se adornó diciendo que todo es un malentendido porque él era muy cariñoso con sus pupilas. Seguramente el caso acabará en el cajón, pero eso no debe desanimarnos. Lo fundamental es que se ha abierto una espita que ya no hay modo de volver a cerrar. Incluso yéndose de rositas en lo judicial gracias a las facilidades de la legislación vigente, los autores de los atropellos ya no quedarán impunes: conoceremos sus nombres, sus rostros y sus fechorías.

24 semanas

Celebro que la corte constitucional de Colombia haya despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo. Es, sin duda, un avance conseguido gracias a la lucha sin descanso del movimiento feminista de aquel país con el aliento de formaciones progresistas. Supone un hito para toda Latinoamérica, donde hasta los regímenes de izquierda niegan a las mujeres el derecho a tomar una decisión que, por otra parte, no suele obedecer a un capricho sino a una necesidad imperiosa y generalmente dolorosa. Siempre he sostenido que, refiriéndonos a lo que nos referimos, el lenguaje nos juega una mala pasada. No creo que realmente nadie esté “a favor del aborto”. En todo caso, estamos a favor de no penalizar su práctica. Ahí creo que existe un matiz importante.

Y, volviendo a Colombia, del mismo modo que he señalado lo anterior, no puedo callar ante el estremecimiento que me ha producido saber que se permitirá acabar con la gestación hasta la semana vigesimocuarta. Es decir, prácticamente hasta los seis meses. Creo que cualquiera que haya visto una ecografía correspondiente a ese periodo tiene claro que ya no estamos frente a un ente etéreo sino pura y simplemente ante una vida. Ahí es donde, por más que busque en mi interior, soy incapaz de encontrar argumentos para considerar como derecho acabar con lo que a todas luces y sin discusión es ya un ser humano. Al contrario, estoy convencido de que lo que debe hacer cualquiera que defienda la justicia social de verdad y no por conveniencia o postureo es ponerse del lado del más débil, que en este caso es un bebé totalmente formado y perfectamente viable.

¿Y los menores de 65 años?

Albricias y más albricias. La todopoderosa banca parece que, por una vez, ha sido capaz de dar su brazo a torcer. O, si lo pongo más en positivo, de escuchar y atender a razones. Confieso que ni por lo más remoto esperaba que llegara a buen puerto la quijotesca iniciativa del jubilado valenciano Carlos San Juan para exigir que las entidades ofreciesen un trato humano a las personas mayores. Pero, miren por dónde, un millón y pico de firmas y centenares de presencias en los medios después, anteayer las tres patronales bancaria del estado aprobaron las medidas para que en lo sucesivo los veteranos sean atendidos como se merecen tanto detrás de la ventanilla como por teléfono. Se habla de un canal prioritario para los pensionistas, pero en lo básico, la cuestión se reduce a no poner limitaciones de horarios ni de cantidades de dinero para realizar las operaciones más comunes. Es decir, que no tengan que estar mirando el calendario ni el reloj para pagar el recibo de la escalera y que no les exijan sacar doscientos euros cuando solo necesitan veinte.

Es imposible no celebrarlo, aunque también se hace difícil pensar por qué ha hecho falta una campaña viral para ofrecer como si fuera un triunfo lo que deberían ser unos requisitos mínimos de satisfacción de las necesidades de los clientes. Sí, de todos los clientes, independientemente de su edad. No encuentro ningún motivo por el que los menores de 65 años no podamos acceder a esos servicios en las mismas condiciones. Me pregunto si para conseguirlo tendremos que emprender una recogida de firmas. Aunque me temo que ni aun así tendríamos éxito en la demanda.

Memoria compartida

El Instituto Gogora ha dado un paso adelante para ver si somos capaces de ir aprobando nuestra eterna asignatura pendiente. Durante los próximos meses, tres reconocidas y reconocibles víctimas de diferentes violencias y tres historiadores tratarán de consensuar las bases compartidas para la reconstrucción social de la memoria en Euskadi. Lo harán con la ayuda de una veintena de personas de diferentes ámbitos y con diversas señas de identidad que tienen acreditada experiencia en labores como la que se acomete.

Puesto que, después de años y años, no solo no nos hemos acercado al objetivo, sino que se diría incluso que nos hemos alejado, a nadie se le escapa la enorme complejidad del empeño que se aborda. Pero había que hacerlo. La otra alternativa, por la que en realidad muchos parecen haber optado, era arrojar la toalla y cerrar en falso nuestro pasado imperfecto. Nadie pide, por otro lado, el mitificado relato único, sino, como reza el enunciado, encontrar unas bases que sean compartibles por cualquiera con la suficiente categoría humana y honestidad moral como para ver a través de los ojos de los demás.

Contengo la respiración a la espera de las reacciones de la iniciativa. Doy por descontada la descalificación de Vox, y sería un triunfo que el PP no se apunte al ruido. Me interesa mucho más lo que digan las formaciones que suponen el 85 por ciento restante de la representación parlamentaria. Si somos capaces de sumar al proyecto la complicidad, siquiera al inicio, de la amplia mayoría social, estaríamos ante un camino seguramente muy difícil pero también muy ilusionante.

Otra ofensa a Von der Leyen

A la Unión Europea le han vuelto a orinar encima y, tres días después de los hechos, este es el minuto en el que su silencio es sepulcral. Ni media palabra sobre el desplante machirulo del patán ministro de Asuntos Exteriores de Uganda a la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen. Copiando al satrapilla turco Erdogan en la escena del sofá de hace unos meses, el Idi Amin de saldo pasó de largo sin saludar a la primera autoridad de la UE y solo se detuvo ante el presidente del Consejo Europeo, un bobo solemne que atiende por Charles Michel, y que volvió a calcar su cagona pasividad en el episodio anterior. En lugar de poner firme al autor del desaire, le pasó la mano por el lomo y compartió con él unos jijís-jajás. Tuvo que ser el presidente francés, Emmanuel Macron, también presente en el momento del bochornoso espectáculo, el que, sin perder la sonrisa, le afeara la conducta al troglodita. A regañadientes, el tipejo volvió sobre sus pasos, le dirigió medio graznido a Von der Leyen, pero se negó a darle la mano. Luego tuvo las pelotos de tuitear que había estado con Michel y Macron. Solo con ellos

Habrá quien sostenga que solo son gajes del oficio diplomático y que a veces no queda otra que comerse un insulto como el del turco o el de este mastuerzo ugandés. Pero no estamos ante anécdotas sino ante peligrosas e ilustrativas categorías. Porque la ofensa no es solo para una mujer en concreto o para todas las mujeres. Lo es para cualquiera que no esté dispuesto a tolerar estas actitudes cipotudas, da igual en cumbres internacionales de relumbrón que en reuniones de comunidad de la escalera.

Y el IMV sigue sin llegar

Las agendas informativas del miércoles daban por hecho que ese día se iba a cerrar de una pajolera vez el culebrón eterno del traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital al Gobierno Vasco. Hasta el lehendakari, pecando de un optimismo que no cuadra con el estratosférico currículum de incumplimientos de Pedro Sánchez, expresó esa misma mañana su convicción de que todo apuntaba por ahí. Pero al final de la reunión telemática entre los técnicos de ambos ejecutivos, volvió a salir la calabaza. No hubo modo de encontrar un acuerdo. La cuestión entraría dentro de lo medianamente razonable si no fuera porque no hace ni diez días Madrid había jurado (o sea, perjurado) que esta vez todo estaba resuelto. La transferencia vendría completa y sin límite temporal, y a otra cosa.

Me consta que este es uno de esos asuntos que no acaban de llegar a la opinión pública. O no en su justa medida. Queda en una especie de ruido de fondo que el común de los mortales escucha sin tener demasiado claro de qué va. Pero de verdad que estamos ante algo absolutamente sangrante porque los incumplimientos se han sucedido en bucle desde que hace casi dos años el Gobierno español se sacó de la sobaquera esta mala copia de la RGI vasca. En ese mismo instante, y por motivos más prácticos que políticos, se aseguró que en la CAV y Navarra serían las instituciones propias las que se harían cargo de su materialización concreta. Algo completamente lógico, puesto que ambas administraciones llevan años gestionando el pago de un ingreso contra la exclusión. No solo no ha sido así, sino que Sánchez lleva 24 meses negociando con lo que ya está comprometido.