35 años y chopecientos intentos después, la demarcación autonómica de Baskonia tiene Ley de Vivienda. Albriciémonos por la buena nueva que de aquí a un rato corto se traducirá en que cada quien (se dice que incluso también cada cual) que lo precise tendrá un techo bajo el que guarecerse. De acuerdo con los que han alumbrado el prodigio legislativo, será suficiente solicitarlo para recibir satisfacción inmediata. La autoridad no tendrá bemoles a llamarse andanas, porque el gran hallazgo de esta delicatesse normativa consiste en que disponer de una casa (en fino, solución habitacional) deja de ser una bella proclama utópica para convertirse en cuestión, ahí es nada, exigible ante los tribunales. Aunque la lógica y la intuición aconsejarían que tal cosa se llamase derecho objetivo, en tanto que sería reconocible en función de unos requisitos establecidos, lo cierto es que se denomina justamente al revés: subjetivo. En realidad, es una gran confesión de parte, porque al final, como siempre, la concesión de la gracia va a depender de la subjetividad, cuando no arbitrariedad, de los fulanos que revisan la documentación presentada.
Se estarán imaginando que todo esto saldrá por un pico, y resulta que no. Según los cálculos que recogen los papeles, no va más allá de 80 millones de euros al año. Es una minucia comparado con lo que se dedica a Sanidad o Educación. Si tan barato era resolver el problema de la vivienda, cae por su propio peso preguntar por qué no se ha hecho mucho antes. Ahí es donde aparece el realismo a aclarar que con esa cantidad no llega ni para empezar. Y los proponentes lo saben.