Martes 23 de marzo de 2021
En Azpeitia,
localidad donde ETA mató a Inaxio Uria por la espalda, Txiki Muñoz, secretario
general de ELA cerró la empresa Corrugados Gallardo hace nueve años. Durante
estos años ha sido el monumento a una actividad que fue muy importante y que se
iba achatarrando con las inclemencias del tiempo sin que se le vieran
ninguna posibilidad de salvamento. Era el Titanic de Azpeitia y solo le
quedaba esperar algún reportaje audiovisual como el monumento a un
trabajo del pasado cuyo cierre obligaba a la emigración.
Afortunadamente
y como un milagro ignaciano, parece que los sucesores de aquella empresa
quieren volver a levantar la actividad desde aquellas cenizas, pero, aunque el
Gobierno Vasco y la Diputación de Gipuzkoa están a favor, el ayuntamiento de
Azpeitia (mayoría absoluta de Bildu) está en contra, alegando la
necesidad de cumplir un plan urbanístico como si los planes urbanísticos
no se pudieran modificar en beneficio de darle vida a un muerto con todo lo que
eso significa. Vida, trabajo, futuro, arraigo, apuesta medioambiental…
No es
cierto, sino absolutamente falso, que el plan urbanístico impida lo que se
quiere hacer. Solo hace falta voluntad política, cosa que Bildu no la tiene.
Bildu, Ela y
Lab son los primeros en pedir cuentas de todo y sobre todo al gobierno
Urkullu, y al PNV. Y pongo ese título, referido al alcalde Bastida porque
me acuerdo de aquel inquieto regidor del EAJ-PNV, Jose Mari
Bastida, que era una auténtico harrapatari para el pueblo. Era ese su trabajo. Mejorar
Azpeitia, que es lo que toda corporación democrática tiene que hacer a no ser
que, como en el Puerta a Puerta de las basuras prime lo ideológico por encima
de cualquier otra consideración.
Lo
malo fue que democráticamente, los ciudadanos de Azpetia eligieron a Bildu y
aquí están las consecuencias. Elección democrática por supuesto, pero con
personas inflexibles al frente que siempre apuestan por el todo o la nada. Y
siempre gana la nada. Entre 200 puestos de trabajo y los inducidos, el dogma
por el dogma.
Si
Corrugados no puede volver a poner en marcha la empresa, ya sabemos de quien es
la responsabilidad, aunque la disfracen de falsa legalidad.
Pero veamos
en que consiste el asunto.
El Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 2013, – contempla que alrededor
de una tercera parte de los terrenos que ocupa Corrugados Azpeitia, en concreto
la zona de acería, dejen de ser de uso industrial para pasar a residencial y
servicios-
El Plan General no prohíbe de manera expresa la
reanudación de la actividad de Corrugados Azpeitia en las actuales
instalaciones, hasta la elaboración de un Plan Especial que lo determine
y que, a día de hoy, no parece existir. En concreto, se afirma que: «No se
declara a priori ningún edificio y uso en situación de fuera de ordenación.
Podrán continuar desarrollándose los usos y actividades existentes y
autorizarse obras e instalaciones de renovación, optimización y
refuerzo hasta la aprobación del Plan Especial que establezca un régimen de
fuera de ordenación adecuado a las necesidades productivas de la explotación
industrial existente».
Por lo tanto parece que no existe, en
principio, un asunto de legalidad en términos estrictos y si de una voluntad municipal para
acompañar o no el desarrollo de un proyecto industrial a muy corto plazo, desde
la certeza de que el grupo Cristian Lay, -los nuevos propietarios de Corrugados
Azpeitia-, no ve viable el traslado de las actuales instalaciones a la zona de
Trukutxo por motivos de coste, ya que supone triplicar los 50 millones de euros
con los que está dispuesto a arrancar las actuales instalaciones, y el retraso
al menos de dos años que supondría la construcción de una nueva acería. Unas
plantas, que salvo en Estados Unidos, -donde precisamente el grupo azpeitiarra
Sarralle va a construir una acería para Arcelor Mittal y Nippon Steel-, y Asía,
no se están poniendo en marcha en los últimos años en Europa, como consecuencia
de la delicada situación que ha vivido el sector siderúrgico.
Por otra parte, no parece
sensato pensar que el Gobierno Vasco, competente a la hora de dar la
autorización medioambiental para la reanudación de la planta, y la Diputación
Foral de Gipuzkoa estén en disposición de saltarse el status quo legal por el
mero capricho de recuperar una actividad industrial y una empresa que fue uno
de los ejes donde pivotaba no solo la economía de Azpeitia, sino también la de
la comarca del Urola, por la situación de crisis económica en la que nos
hallamos. Al margen de la generación de riqueza que en cascada puede suponer
para Gipuzkoa, como es el caso del puerto de Pasaia, donde hace ocho años era
uno de sus principales clientes, hasta el punto de que, trasladando su
actividad a la realidad de hoy, el 30% del tráfico de la dársena guipuzcoano
tendría como origen y destino Corrugados Azpeitia.
El fracaso de la operación de reactivación de Corrugados Azpeitia, en caso de que se produzca, puede significar el deseo de algunos de renunciar al ADN industrial de este país que ha hecho posible, gracias al esfuerzo de nuestros antepasados, de ser lo que somos y que, -como estamos viendo-, más resistentes que otros en la mayor crisis económica jamás conocida en el mundo. Es muy lícito que algunos no quieran seguir con el modelo industrial conocido hasta ahora, pero de la misma forma deben plantear nuevas alternativas que, a día de hoy, no parecen existir. Mal que les pese la industria es la base de nuestra estructura económica para generar un tejido productivo que tiene como resultado un mayor estado de bienestar social.
Y
todo ello englobado en una apuesta medioambiental que sirva de referencia en
Europa, pese a los de la pancarta.
