Sábado 12 de julio de 2025
Álvaro Sánchez Castrillo
El coronel Manuel Sánchez Corbí ocupó durante casi tres años uno de los puestos de mayor responsabilidad y proyección pública dentro de la Guardia Civil. A finales de 2015, con Mariano Rajoy en La Moncloa, asumió la jefatura de la Unidad Central Operativa (UCO). Y ahí, al frente de la unidad de élite del Instituto Armado, se mantuvo hasta el verano de 2018, cuando fue cesado de forma fulminante. Nada tuvo que ver la condena por torturas que mancha su expediente desde los noventa. Ni aquellas declaraciones, ya como jefe de la UCO, colocando en el bando de los «malos» a «etarras» y «peneuvistas» —algo que soliviantó a la formación jeltzale—. Fue el envío de un correo ordenando la suspensión de cualquier actividad que requiriese el uso de fondos reservados lo que motivó su destitución.
Tras su cese, que intentó pelear sin éxito en los tribunales, el coronel permaneció algunos meses más en el Instituto Armado. Hasta que decidió solicitar una excedencia para hacer carrera en el sector privado. Sánchez Corbí fichó por Acciona, multinacional que se encuentra en el epicentro del caso Cerdán y que el magistrado instructor del Tribunal Supremo ha rechazado registrar. Y desde entonces, ejerce como director de Seguridad Internacional. Un tipo de departamento que siempre ha resultado extremadamente goloso para aquellos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que dan el salto a lo privado, tal y como dejó constancia de ello el caso Villarejo.