Sábado 29 de mayo de 2021
Los patriotas jueces del tribunal supremo de España están objetivamente poniendo en riesgo la llegada a su querido país de los fondos europeos. Esta lapidaria afirmación pudiera sorprender. Pero es que el contenido del documento mediante el que exponen sus argumentos para oponerse al indulto de los presos del llamado «procés» es una verdadera prueba de cargo. Acredita que en España hay una democracia de baja intensidad. Porque en sus más altos tribunales hay jueces que son más nacionalistas que demócratas, más españoles que juristas lo que es un verdadero peligro para la democracia. El clamoroso silencio que estas mismas instancias guardaron ante el indulto de terroristas de estado y auténticos golpistas, de los que sacaban tanques a la calle, y su significativa agitación de hoy mide la dramática dimensión del problema.
¿Qué tiene que ver esto con los fondos europeos?. Pocos jueces españoles sabrán, a estas alturas, que el Parlamento Europeo aprobó en marzo el Reglamento, que es ya ley en vigor en toda la Unión, que condiciona la distribución de los fondos europeos a la calidad del estado de derecho del país que los recibe. Leyendo el contenido de esta norma es simplemente temerario el documento que ha producido el tribunal supremo para oponerse al indulto de los políticos catalanes encarcelados por su activismo político
En efecto en Europa si se leen lo que la prensa de derechas denomina «demoledor informe» podrán comprobar, en primer lugar, que el Tribunal Supremo de España es partidario de abolir el derecho de reunión y manifestación y el de libre expresión. Ninguna otra interpretación cabe hacer de la lapidaria frase con la que concluyen que «no puede ser democrático movilizar a una parte de la ciudadanía catalana como instrumento de presión». Tal afirmación es simplemente una moción radical contra las previsiones legales sobre libertad de expresión y manifestación de la Constitución. Eso de manifestarse a favor de la independencia de Cataluña ¿No es democrático? ¿Es ilegal? ¿Quiere decir que las manifestaciones no pueden ser instrumentos de presión? ¿Las que se hacen en la plaza de Colón son instrumentos de presión o juegos florales? Esta insensatez solo puede escribirla quien piense que renunciar voluntariamente a ser lo mejor que se puede ser, español de pro, de pura cepa, no es que no sea democrático, es que es patológico. Y esa convicción tiene un nombre y está calificada por unos adjetivos que prefiero reservarme. Nunca me los escucharán de viva vox.
La desmemoria que acreditan los miembros de este tribunal al exigir “arrepentimiento” a los condenados para dar su plácet al indulto es otro preocupante índice del nivel de parcialidad de las más altas instancias de la justicia española y consecuentemente del deterioro de la calidad del Estado de Derecho en ese país. Porque no se recuerda que exigiesen lo mismo cuando se indultó a terroristas de estado o golpistas reconocidos como Rafael Vera, José Barrionuevo, Antonio Tejero o Jaime Milan del Bosch. En estos casos no encontrarán ustedes un solo penalista que dude de la idoneidad de los tipos penales que se les aplicaron para condenarlos. Ocurre justo lo contrario con la sentencia del «procés». Hay abundantísima literatura jurídica que considera un auténtico dislate los fundamentos jurídicos y los hechos probados de la sentencia que les condena. De hecho, hay sentencias de otros tribunales, por ejemplo la Audiencia Nacional, que analizando la misma secuencia temporal y los actos de los mismos protagonistas han elaborado un relato muy diferente que ha concluido con la absolución del Mayor de los Mossos de Esquadra Josep Lluis Trapero. Vale preguntarse, en consecuencia, de qué se pide a los condenados que se arrepientan. SI el desideratum se refiere a su condición de independentistas que vayan recetándoles una lobotomía porque a golpe de condena no solo no lo van a conseguir sino que generan un incremento de la adhesión popular a sus tesis.
Dicen los ilustres magistrados también que “el delito de sedición es algo más que un delito contra el orden público», y apostillan que es una conducta también castigada en los códigos penales del continente. «Su carácter delictivo es incuestionable en todos los países de nuestro entorno». Pues no. Los fracasos que han ido cosechando las euroórdenes emitidas por ese otro genio del derecho que se llama Pablo Llarena precisamente han topado en esa piedra. Ese tipo penal no existe en ningún sitio más que en España. De hecho, la reforma del código penal que se anuncia para suprimir este tipo delictivo tiene que ver exactamente con esa realidad. La misma que impide a la opinión pública y buena parte de la clase política europea entender la estrategia española contra el activismo político catalán. Las críticas, y descalificaciones cosechadas por la actuación del Tribunal Supremo en Europa son inocultablemente unánimes. El empecinamiento en negarlas o ignorarlas recuerda demasiado al “que inventen ellos” unamuniano.
Los jueces del supremo se oponen al indulto también porque «lejos de subrayar las razones que justificarían la innecesariedad de la pena, optan por centrarse en una crítica jurídica a la sentencia» asegurando el Supremo que «esa alteración de la funcionalidad del indulto condiciona el alcance y contenido de este informe». Efectivamente. Se advierte al leerlo la indignación que produce a este tribunal que se ponga blanco sobre negrola lamentable calidad jurídica de la sentencia que da por probados hechos demostradamente falsos, confunde responsabilidades individuales y colectivas, aplica tipos penales con verdadera temeridad y concluye con una aplicación de penas que movería a la risa por su endeblez si no generase una más que justificada indignación por lo que significa en términos de seguridad jurídica. Produce así una sentencia completamente injusta que lejos de asentarse en criterios jurídicos está netamente inspirada por la venganza y propiciada el abuso de poder, especialmente perceptible durante la lamentable instrucción del caso y retratada en la displicente actitud del presidente Marchena durante la vista oral. Su alegato para impedir el uso del catalán en la vista es, por forma y fondo, todo un ejemplo de la distancia entre sus criterios y valores europeos como los que contiene el lema «unidos en la diversidad». Acredita además el «respeto» que le merecen a este personaje los derechos lingüísticos que el estatuto catalán reconoce a los catalanoparlantes.
Nada sorprendente en un magistrado, presentado como un genio del derecho, ecuánime, con autoridad técnica y moral durante el proceso pero que ha sido ya sonoramente reconvenido en Estrasburgo por todo lo contrario. Marchena fue condenado por su indecente actuación en la segunda revisión del llamado «caso Atutxa» que acabó con la condena de tres miembros de la mesa del Parlamento Vasco. El tribunal de Marchena violó los derechos fundamentales de Atutxa, Knör y Kontxi Bilbao, siquiera les dio la opción de ser escuchados. Y el autor de la chapuza tardó casi dos años en poner en un papel el dictamen que le recordaba que eliminó, en aquel juicio, las garantías que cualquier estado de derecho digno de tal nombre reconoce a todo acusado.
Los magistrados tienen igualmente palabras para el delito de malversación cuya gravedad también en su opinión desaconseja el indulto. En este caso también las condenas que figuran en la sentencia tienen los pies de barro. El detallado testimonio del Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, encargado de garantizar que ni un euro público financiase el procés documentando que había cumplido su misión fue desarticulado por un novelesco atestado del equipo de la Guardia Civil que dirigía otro de los genios implicados en este asunto, el ilustre coronel Diego Pérez de los Cobos. Los jueces, sorprendentemente dieron más crédito a los «expertos» de la Guardia Civil que al ministerio de Hacienda. El jefe de la tropa actuante, el ínclito Pérez de los Cobos, además de ignorar las atribuciones que en seguridad pública reconocen las leyes a las autoridades catalanas tiene problemas de comprensión lectora y quizá esto tenga reflejo en los atestados que firma. Porque fue este genio quien considero que aporrear a pacíficos ciudadanos por doquier era una manera fiel y efectiva de cumplir el mandato judicial que ordenaba a las fuerzas de seguridad recoger pruebas, en el marco además de una investigación judicial, y realizar investigaciones en torno a la organización de aquel proceso electoral “sin alterar la paz y normal convivencia ciudadana”.
«Por si fuera poco», continúan los indignados magistrados, los indultos que se plantean “no son peticiones individualizadas sino que dibujan una responsabilidad penal colectiva, solidaria, compartida por un sujeto activo plural que respondería a la denominación de los presos del procéscuando se debe hacer un estudio individualizado”. Sorprendente. Porque una de las grandes debilidades de esta sentencia es precisamente las enormes deficiencias que presenta a la hora de determinar y describir conductas individuales y a la hora de certificarlas para declararlas hechos probados. Así se justifican con verdadera alegría varias condenas sobre la base de la pertenencia de los condenados a una confabulación demoniaca contra España. Un proceso a un colectivo y unas ideas que contienen tales chapuzas argumentativas y probatorias que incurre justamente en lo que critica ahora para descalificar los indultos.
Tampoco tiene desperdicio el espacio que dedican los atribulados y ofendidos jueces del supremo a deplorar que los condenados no quieran el indulto y se posicionen en favor de una Ley de Amnistía, algo lógico a la vista de que consideran que no han cometido delito alguno. Su convicción cuenta con el aval de una legión de penalistas en activo que piensan lo mismo. Pero lo más llamativo es que a continuación señalan que «Las leyes de amnistía han sido el medio hecho valer por regímenes dictatoriales para borrar gravísimos delitos contra personas y sus derechos fundamentales”. En Europa la transición española tiene una especificidad: la impunidad de los crímenes cometidos por la dictadura. Este hecho se debe, precisamente a lajurisprudencia que han instalado los miembros del Tribunal Supremo sobre las atrocidades del franquismo. Hay numerosas sentencias de este tribunal que deniegan investigaciones de crímenes horribles cometidos por la dictadura amparándose en ley de amnistía que no era una ley de punto final y que se ha convertido en eso, gracias a la jurisprudencia del tribunal supremo. Hay gravísimas advertencias por ello desde el Consejo de Europa a las autoridades hispanas. Según su propio razonamiento y a la vista de sus sentencias sobre el franquismo, los jueces del supremo han sido protagonistas en la articulación del «medio hecho valer por regímenes dictatoriales para borrar gravísimos delitos contra personas y sus derechos fundamentales”.
Por último, llama la atención que pretexte este tribunal que «no se puede indultar a los que han cometido delitos de desobediencia dada la ausencia de cualquier razón que obligue a corregir un desenlace punitivo que, en modo alguno, puede considerarse contrario a un principio de proporcionalidad». Su condena de inhabilitación «es obligada en relación con aquellos delitos que debilitan de modo singular la estructura del Estado”. Otro dislate jurídico. El delito de desobediencia no se puede aplicar a cargos electos sino a funcionarios. Es de primero de derecho. Si este tipo penal se proyecta sobre decisiones parlamentarias, como es el caso, es simplemente aberrante. Se carga otro principio básico de las democracias representativas que se llama división de poderes. Pero estas cosas a unos jueces que creen que el parlamento de Cataluña no es poder legislativo del estado…
En fin. En los tiempos que ejercí la abogacía en Bilbao, y eso que viví la creciente influencia del derecho comunitario en las leyes que manejábamos, me sorprendió siempre la resistencia numantina de algunos jueces a aceptar que la regla que medía la calidad de nuestro estado de derecho estaba en Europa. Muchos de ellos eran realmente resistentes cuando no insumisos a esa idea y mucho más al hecho de que un tribunal europeo pudiese revocar sus decisiones. Y escuche comentarios de auténtico desprecio, sin ir más lejos, a la jurisprudencia emanada en algunos espinosos asuntos como la tortura, desde la Corte Europea de derechos del hombre radicada en Estrasburgo.
En Bruselas son plenamente conscientes de los problemas de independencia que arrastran algunos sistemas judiciales de los estados miembros. España es uno de los peor valorados en este ranking, uno de los que más procedimientos de sanción acumula por su resistencia a trasponer legislación europea y uno en los que se detecta un poder judicial con peor conocimiento del acervo legal comunitario. Este «demoledor informe» no hace sino confirmar la dimensión, hondura y gravedad de estas deficiencias.
