El blog de Iñaki Anasagasti

Martes 13 de enero de 2026

Se cumplen cien años de un edificio emblemático de Bilbao, el Hotel Carlton, que no fue solo hotel, sino sede de la presidencia del primer gobierno vasco presidido por el Lehendakari Agirre. Bajo el balcón, un gran letrero ponía LENDAKARITZA

El ayuntamiento de Bilbao estaba presidido en 1936  por el republicano Ernesto Ercoreka que fue expulsado de su despacho para entregárselo a José María de Areilza, activista de la derecha más hostil y que no había sido elegido por nadie. Botín de guerra.

Le vemos en ésta foto en la puerta del Carlton vestido de falangista y levantando el brazo el día que quitado el cartel de Lendakaritza, su dictatorial corporación decide quitarle el nombre  a la plaza que se llamaba Señorío de VIzcaya, pero en todo Bilbao se le conocía como Elíptica, por el nombre del alcalde la dictadura de Primo de Rivera, Federico Moyua. Eran tiempos de crueldad y asesinatos y momentos de la peor represión en Bilbao  que fueron los tiempos de Areilza como alcalde. Persecución e imposición y fusilamientos de gudaris, milicianos y republicanos.

Es increíble como el intento del alcalde de Bilbao, Josu Ortuondo, de retomar el nombre de Elíptica como lo hizo con la Plaza Circular ,no ha sido llevado a cabo  para ser nombrada Plaza Elíptica. Es increíble.

Hoy hablando de esta Amnesia Colectiva traigo a continuación el trabajo en la Vanguardia de su ex director Marius Carol que dice así:

“El filósofo George Santanaya escribió un epigrama que sigue siendo válido tres cuartos de siglo después: “Los que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo”. Santanaya nació en Madrid, creció en Boston (enseñó en Harvard) y murió en Roma, en 1952. La ignorancia de la historia es algo que siempre ha preocupado a los sabios. En los últimos años, los historiadores se han dedicado a investigar el grado de conocimiento de los ciudadanos sobre su pasado.

En el Reino Unido, tres de cada cuatro británicos tienen alguna idea sobre la batalla de Waterloo. Los más jóvenes creen que es una canción de Abba, y las personas mayores, que es una estación de tren. En EE.UU., Gallup puso de manifiesto el gran desconocimiento de la historia de los norteamericanos: cada vez menos encuestados eran capaces de asociar a Hitler con Alemania, Napoleón con Francia o Churchill con Inglaterra. No es de extrañar que volvamos a tropezar en las mismas piedras.

Solo desde la ignorancia de la historia se entiende que crezcan los ultras

El catedrático emérito de Historia de la Universidad de Cambridge Peter Burke ha escrito que el mundo vive una especie de amnesia colectiva que puede tener graves consecuencias. A su juicio, en España el recuerdo de la Guerra Civil contribuyó al retorno de la democracia, pues unió a los demócratas más allá de sus ideologías. Y ahora, cuando prácticamente nadie recuerda la guerra, la democracia parece cada vez más frágil.

El dilema del alacrán

Sorprende que en Chile haya ganado las elecciones José Antonio Kast, el hijo de un militar afiliado al partido nazi que respaldó al general Pinochet cuando en 1973 dio un golpe de Estado en el que abolió la democracia. Entonces fueron ejecutadas más de tres mil personas y 30.000 chilenos sufrieron torturas y prisión por defender las libertades. Cuando todavía se están investigando los crímenes del dictador, Kast muestra su admiración por él. Y la gente le vota.

La internacional ultra avanza, conquistando países y ganando cuotas de poder. Disponen de dinero, de la protección de los líderes supremos y de la complicidad de los millonarios de las tecnológicas. Pero sin historia no hay paraíso. Su conocimiento es indispensable para no regresar al pasado, en unos tiempos en que los ignorantes amenazan el planeta”.

Esto dice bien Marius Carol. Y es verdad. Nadie sabe, o muy pocos, que el  Hotel Carlton fue sede del primer gobierno vasco y que Areilza, el que llamó ratas a los bizkaitarra diciendo que la guerra había sido una victoria militar  le puso el nombre de Moyúa, un alcalde la dictadura, a la Plaza más importante de la Villa.

Y esto ocurre, entre otras cosas por falta absoluta de sensibilidad y de respeto a nuestra historia.

Lunes 12 de enero de 2026

En 1986 cuando llegamos a Madrid, el hotel Palace, a 200 metros del Congreso nos hacía un precio especial, incluso barato. Necesitaba una remodelación. Había fracasado la negociación para convertirlo en despachos de diputados. Y allí íbamos, como en tiempos de la República los diputados vascos se alojaban en el  hotel Panamá.

Allí le conocí al limpiabotas del hotel, Luis Fernández Souto, una persona correcta, con el que charlábamos. Tenía su chiringuito de madera elegante y bien montado en un recoveco  al lado de la puerta del WC y cuando no tenía trabajo paseaba con su elegante chaleco de rayas de mayordomo inglés. Era un clásico.

Y como leía el periódico, nos preguntaba cosas y nos contaba sus penas. Una de ellas era decirnos que a él le gustaba ser limpiabotas pero que su oficio iba a desaparecer porque se consideraba una explotación y no tenía ningún reconocimiento de nadie,  aunque él se ganaba la vida con lo que cobraba y las propinas.

Consideraba una injusticia se considerara su trabajo como algo peyorativo y de tan servicial, humillante. ”Un señor que limpia el pescado, o limpia las tuberías, o trae el butano ejercita un oficio más y es persona respetada. Yo no. Para colmo me han sacado una foto con el político Javier Arenas y le han presentado como un señorito cuando en México y en América en general es un oficio como otro cualquiera. Cantinflas era limpiabotas”.

Lo traigo  a colación porque el Covid fue el inicio de un año trágico para Luis. En 2020, por culpa de la pandemia, perdió su trabajo. Era el último limpiabotas del Hotel Palace de Madrid y se quedó sin empleo, y con la pérdida de trabajo, perdió también la prestación y el piso en el que vivía. Un año que le quitó todo. Hoy es un mendigo callejero.

En la vida de Luis, el Palace quedó en el pasado, tras 32 años trabajando allí, y le dejó sin nada. Se vio durmiendo en la calle, al raso en Madrid, en medio de la ola de frío que ha acabado con la vida de dos personas en las últimas horas. 

«En un parque aquí al lado de la Puerta de Toledo, en una tienda de campaña y un saco militar. En este saco, que me abriga a 15 grados bajo cero», contaba Luis en un programa de televisión cuando le vi y me entristeció. Se cumplía  lo que nos repetía. Y creo tenía razón. El limpiabotas es un oficio digno, no humillante, da trabajo y llena un hueco aunque ahora sea cada vez más difícil ver a gente con los zapatos de cuero. Todo es goma. Lo llaman progreso y comodidad. Pero a Luis le ha arruinado su vida.

Hoy pide a los servicios de limpieza que no tiren el saco con el que pasa los días. Mientras que enseña fotos de su vida anterior: «Ese soy yo», afirma al ver las imágenes, donde está prácticamente irreconocible «y afeitado, como debe ser». 

Domingo 11 de enero de 2026

El abogado brasileño Felipe Hasson, especialista en Derecho internacional, ha compartido su opinión sobre la intervención norteamericana en Venezuela.

Vale la pena leerla.

Muchas personas me preguntan mi opinión sobre la cuestión de los EE. UU. y Venezuela, como profesor de derecho internacional que vive hace 10 años en los EE. UU.. En lugar de responder uno por uno, decidí poner aquí lo que pienso. Para quien tenga interés y paciencia para leer, aquí va.

Mi opinión es que el debate sobre Venezuela ha sido secuestrado por una lectura selectiva —y profundamente hipócrita— del derecho internacional. Se invoca la «soberanía», la «no intervención» y el «orden jurídico internacional» como si estos conceptos existieran para proteger a los gobiernos, y no a las personas. Como si la soberanía estatal fuera un escudo moral absoluto, capaz de justificar el hambre, la persecución, la tortura, el exilio masivo y la supresión completa de la voluntad popular. No lo es.

La soberanía no es un fin en sí misma; nunca lo fue. Es un instrumento funcional, condicionado al cumplimiento mínimo de los deberes del Estado para con su población. Cuando un régimen transforma a su propio pueblo en rehén —empobrece deliberadamente a la sociedad, destruye instituciones, persigue opositores, defrauda elecciones y elimina cualquier posibilidad real de alternancia de poder—, ese régimen pierde la legitimidad que da sentido a la soberanía que alega defender.

El derecho a la vida, a la dignidad humana y a la autodeterminación de los pueblos no son «valores occidentales» opcionales ni retórica política. Son normas centrales del orden jurídico internacional contemporáneo. Un gobierno que viola sistemáticamente estos derechos no puede exigir que el mundo cierre los ojos en nombre de una abstracción jurídica conveniente.

Venezuela no es un caso de «divergencia ideológica»; es una tragedia humanitaria. Millones de personas se han visto obligadas a dejar el país. Las que se quedaron conviven con la escasez, la represión y el miedo. No hay elecciones libres. No hay prensa independiente. No hay un Poder Judicial autónomo. No hay canales internos efectivos para que el pueblo se libere por su propia cuenta. Defender que ese pueblo «resuelva solo» su situación es, en la práctica, defender la perpetuación del sufrimiento.

Por eso, la ayuda externa —incluida la militar, cuando sea necesaria para proteger vidas y no regímenes— no es una violación moral del derecho internacional. Es la afirmación de su núcleo ético. La comunidad internacional existe precisamente para evitar que se cometan atrocidades detrás de fronteras convenientemente cerradas.

La reacción de muchos venezolanos deja esto claro. Mientras comentaristas extranjeros, cómodamente distantes, condenan las intervenciones en nombre de una soberanía abstracta, quienes viven la desesperación real celebran. Celebran porque ven una oportunidad concreta de liberación. Celebran porque saben que el «respeto a la soberanía» fue, durante años, la excusa perfecta para la inercia internacional.

El paralelo histórico es inevitable. Si en la Europa de los años 1940 las potencias hubieran decidido no liberar los campos de concentración para respetar la soberanía alemana, hoy esa omisión sería recordada como complicidad. Ningún orden jurídico serio puede exigir neutralidad ante crímenes masivos contra la propia población.

Invocar el derecho internacional para defender a dictadores es una perversión intelectual. Es transformar un sistema creado para proteger a los seres humanos en un argumento de conveniencia para proteger a los opresores. No hay nada de progresista en ello. No hay nada de humanista. Solo hay el consuelo moral de quien nunca ha tenido que elegir entre soberanía y supervivencia.

El derecho internacional no existe para blindar regímenes autoritarios. Existe para recordar que ningún gobierno —absolutamente ninguno— tiene el derecho de destruir a su propio pueblo en paz.

Otro argumento recurrente —e intelectualmente perezoso— es el de que la intervención no sería «humanitaria», sino movida por intereses económicos. Aunque existan intereses estratégicos o económicos —como casi siempre han existido en cualquier acción relevante en la política internacional—, eso no invalida, ni de lejos, la legitimidad moral del resultado cuando este atiende a una demanda real y explícita del propio pueblo oprimido.

El criterio central no es la pureza de las motivaciones externas, sino la realidad vivida internamente. Y esa realidad es inequívoca: los venezolanos, en su mayoría, celebran y apoyan la intervención porque saben quién es el verdadero agresor. Fue el propio régimen dictatorial el que, al elegir preservar el poder a costa del hambre, de la represión y de la destrucción social, abrió la puerta a una respuesta externa.

Cuando un gobierno ataca sistemáticamente a su propio pueblo, él mismo elimina cualquier autoridad moral para cuestionar los motivos de quien interviene para poner fin a ese sufrimiento. En este escenario, incluso una acción impulsada por intereses no exclusivamente humanitarios se vuelve necesaria, legítima y moralmente correcta, porque la alternativa concreta sería la continuidad de la opresión.

Por lo tanto, la fundamentación de aquellos que colocan la ideología por encima de todo —y que después rebuscan en el derecho internacional frases, conceptos y principios que sirvan a la respuesta que ya decidieron dar— es, como mínimo, lamentable. No es una defensa seria de la legalidad internacional, sino un ejercicio de cinismo selectivo, hecho a la distancia y sin ninguna empatía por quien vive el colapso en carne propia. Cuando la ideología viene antes del ser humano y la soberanía es invocada para justificar la miseria, el derecho deja de ser instrumento de justicia y pasa a ser apenas retórica vacía al servicio de la indiferencia.

*Felipe Hasson*

Global Attorney | Ph.D, M.Sc, LLM, FCIArb