Urge un cambio en Navarra

Viernes 4 de octubre de 2013

Navarra votó sí a la incorporación al estatuto de Estella, pero aquella votación fue manipulada en tiempos de la República. Navarra en 1977 estaba más cerca de la CAV que Araba. Incluso el Partido Socialista incluía Navarra en su Comité. Desgraciadamente el PNV cometió el error de no ir con su propia sigla a las elecciones de 1977. No lo hizo hasta 1982, dejando el campo libre a una UPN que se metió en su campo.

Fue un error la Marcha de la Libertad de Monzón y fue un error político que la izquierda abertzale apoyara a una ETA que, con cada atentado alejaba más y más a Navarra del cuerpo nacional vasco. Eso hizo que estos años hayan sido los de UPN. Pero el modelo ha entrado en crisis. Por robo y por manipulación. Y no es solo la desaparición de Caja Navarra, es también la crisis económica.

La habitual descripción de Navarra como un «cortijo fOral» en manos de UPN da cuenta de cuál ha sido hasta ahora su modo de gobernar. Últimamente están saliendo a la luz las evidencias que muchos sospechaban. De igual manera, el PSN ha estado maniatado por las circunstancias: su debilidad electoral desde los escándalos de Urralburu le ha hecho no poder aspirar a otra cosa que a servir como partido bisagra, y ésa ha sido su perdición. No podía decantarse por un gobierno de izquierda (en 2007 se estuvo a punto y en 2011 también existió la posibilidad) porque tal opción solo era posible con el apoyo de la izquierda abertzale. Desde Madrid se interpretó que tal pacto perjudicaría los intereses electorales del PSOE en las Generales de 2008 y 2011, y se abortó la posibilidad de cambio. La otra opción era dar apoyo a una UPN en minoría, y por ahí se decantaron, en aras a la «estabilidad». Pero el abrazo del oso-UPN ha sido tan doloroso como el del oso abertzale, y las encuestas anuncian una nueva debacle socialista.

Por otra parte, como hemos visto en importantes ayuntamientos navarros, aquí se sigue votando a UPN pase lo que pase, incluso tras gestiones municipales catastróficas. Se vota con la nariz tapada, pero atendiendo al mensaje al que recurren en momentos desesperados: «que vienen los vascos». Y «algunos vascos» tampoco hacen nada para quitar ese temor que inspiran en la mayor parte de la sociedad navarra (sobre todo del sur), haciendo más hincapié en sus propuestas territoriales y lingüísticas que en las políticas progresistas de las que tan necesitados están en Navarra.

De todo ello resulta un panorama político que no permite vislumbrar una salida, y el deterioro producido por la crisis, por los recortes en sanidad y educación, y por la galopante corrupción (lo de la CAN es de traca), están haciendo de Navarra una olla a presión, que nos puede estallar en la cara si alguien no retira la válvula, quizá convocando sin tardar elecciones anticipadas. Y está por ver que éstas no reproduzcan la situación actual.

Al Embajador en Andorra le huele la cabeza a pólvora

Jueves 4 de octubre de 2013

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo  no descartó el miércoles  destituir  al embajador de España en Andorra, Alberto Moreno, tras mostrarse éste a favor de celebrar una consulta legal en Catalunya  sobre la permanencia o secesión de España. Al ser preguntado por los periodistas, García Margallo  contestó que “Las decisiones  se publican  cuando se adoptan  y eso se hace en el BOE”. Blanco y en botella. Moreno que fue asesor de internacional  de la Generalitat cuando la presidía José Montilla, cumplirá en enero tres años desde que fue nombrado en un país como Andorra cuyo idioma oficial es el catalán. Seguramente el embajador viendo que representa  a España en un país mínimo pero que es independiente y que además su lengua oficial es el catalán, seguramente no tiene las telarañas mentales de un García Margallo que sigue creyendo en las glorias de la España de Felipe II. Y ya se ve. Su diálogo es el BOE. La ley de la fuerza.

“Si a Franco lo hubieran juzgado en Núremberg, lo habrían colgado”

Miércoles 2 de octubre de 2013

¿Por qué el Gobierno mantiene como ‘secretos oficiales’ documentos de la etapa del régimen franquista? Esa es la pregunta que se hizo el senador de Izquierda Unida por Asturias, Jesús Iglesias, después de presentar una moción en el Senado, junto a su colega andaluz, José Manuel Mariscal, para modificar la ley 9/1968, que deja en manos de la Junta de Jefes del Estado Mayor la clasificación de documentos. Dicha moción, será reforzada por IU con una proposición de ley en el Congreso.

La única respuesta que encuentra Iglesias está en “la mala conciencia de ciertos sectores, que no quieren reconocer ni asumir que fue un régimen genocida, porque si a Franco se lo hubiera juzgado en Núremberg, lo habrían colgado”.

Lo que esconden esos documentos, los detalles y la interpretación por parte de España, está vetado por el gobierno de Mariano Rajoy, que se acoge a una ley preconstitucional, y a la decisión que adopte el máximo órgano del Ejército, para rechazar el acceso a informaciones de la etapa franquista, que permanecen clasificadas como ‘secretos de Estado’ por tiempo indefinido.

“Para conocer los crímenes franquistas, se necesita acceder a esa información”, comenta el senador, que asiste perplejo a que España sea el único país que niega a los historiadores información que otros países, como Alemania o Estados Unidos, ya han desclasificado, y “sobre la que tiene que haber muchos apuntes que desconocemos”. Pero tampoco investiga los crímenes que se cometieron durante el pasado siglo XX.

Y es que a su entender, a los tribunales españoles les importa poco la crítica internacional, porque España  cuenta con leyes tan arcaicas, como la 9/1968, que son capaces de tapar los trapos sucios “y de olvidarse de la propia jurisprudencia española, que abrió la puerta a un concepto internacional de la Justicia”.

La moción de los dos senadores, que pide eliminar la facultad del Ejército a clasificar documentos franquista sin límite de tiempo, surge a raíz de la negativa del Gobierno a historiadores, como Ángel Viñas, para acceder a cuestiones tales como la organización y despliegue de unidades durante la Guerra Civil, la repatriación y licenciamiento de las unidades expedicionarias en Ifni y Sáhara o las actividades clandestinas y emisiones de Radio España Independiente.

Para Jesús Iglesias, la “anomalía es tan absurda, que roza el esperpento”. En el fondo, lo que transciende es que no se quiere abrir esta puerta, aplicando una ley “que carece de legitimidad”. Los senadores de IU son conscientes de que su moción no pasará el rodillo popular y que tampoco lo hará, la proposición de ley que el grupo de Cayo Lara presentará en los próximo días en el Congreso de los Diputados, y más cuando hay un proyecto del Gobierno que fija en 50 años la fecha de caducidad de los secretos de Estado. De ser así, la historia del franquismo no se conocerá hasta pasado el 2025.