Viernes 1 de julio de 2022
Para cumplir con el protocolo de reconocimientos antes que exigencias, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destacó este miércoles las reformas que supuestamente ha iniciado el régimen de Nicolás relacionadas con la justicia, la policía y la detención, sin embargo, afirmó que aún hay mucho camino por recorrer en favor de las garantía fundamentales.
Bachelet presentó al Consejo de Derechos Humanos un informe que reúne datos sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el estado de derecho y el espacio cívico, así como con la aplicación de las recomendaciones anteriores para Venezuela, esas que el régimen ha ignorado flagrantemente. Sobre la esfera judicial instó a que se realicen “investigaciones independientes, exhaustivas y oportunas”, y recalcó la necesidad de fortalecer la independencia judicial y la separación de poderes; también pidió la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente, y denunció que al personal de su Oficina no le permiten visitar centros de detención de presos políticos ni militares.
Sobre el espacio cívico, denunció 166 restricciones indebidas entre las que citó la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes; y sobre la libertad de expresión, reportó 34 casos. Bachelet resaltó el acuerdo con el régimen para ampliar la presencia en el terreno a 16 representantes de su Oficina, y hasta afirmó que con más cooperación, “se podrá contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos”.
La realidad es que aún no está claro cómo será renovado el trabajo de la misión en Venezuela ni si podrán instalar una oficina permanente, toda vez que solo hay firmado un memorandum de entendimiento entre el chavismo y ella que se vence cada año. El próximo Alto Comisionado no lo tendrá fácil.
