Nos hacemos trampas con la c y con la k. ¿Ocupación? ¿Okupación? Si nos referimos, por poner el enésimo ejemplo, a lo que ha ocurrido en el municipio vizcaíno de Trapagaran, hablamos de usurpación o puro latrocinio. Desmiéntanme las almas puras. Un señor habita una casa desde 1956. Seis decenios y medio después, cuando es octogenario, sufre graves problemas de salud que le hacen ser atendido por su hija. Pasa el tiempo y la morada se deteriora, pero sigue siendo suya. Mientras otros familiares la ponen a punto para la vuelta del legítimo inquilino, unos tipos que tienen acreditadas mil y un grescas —“conflictivos”, es la forma fina de llamarlos— se cuelan y se autoproclaman propietarios. Como prueba muestran unos papeles que no llegan ni a burda falsificación de un contrato. La policía, de acuerdo con la legislación vigente, hay que joderse, acepta pulpo como animal de compañía y hace mutis por el foro. Desprotegidos, desamparados, abandonados, embargados por una impotencia infinita, los familiares del anciano acuden al último recurso: la solidaridad vecinal. Centenares de personas responden a la llamada en una movilización donde se calientan los ánimos. Por fortuna, la sangre no llega al río, pero no hay nada que hacer. Los asaltantes, que ya han quemado documentos y enseres para demostrar quién tiene las de ganar, se quedan. La respuesta de los representantes de la ciudadanía es para la antología de la infamia. Por unanimidad, las fuerzas políticas del ayuntamiento aprueban una declaración en la que se remiten “a la decisión judicial que se adopte, al tratarse de una situación jurídico-civil privada a resolver entre la propiedad y los ocupantes”. Tal cual.
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Nuevos negacionistas
No teníamos bastante con los que farfullan que las vacunas provocan todo tipo de males o, en lo más reciente, con los que cacarean que la pandemia del covid-19 es un montaje de los poderes oscuros. A la legión de iluminados se le acaban de unir los negacionistas de la ocupación (me da igual si lo ponen con k) de viviendas. Lo tremendo es que si los anteriores son fácilmente identificables como patanes del nueve largo, los que se han lanzado en tromba a proclamar que la usurpación de domicilios es un invento de Securitas Direct forman parte de la crema y nata progresí. De hecho, el último que se ha puesto a la cabeza de la manifestación de denunciadores de la presunta falsedad es el mismísimo vicepresidente del gobierno español Pablo Iglesias Turrión.
Lo hace, claro, con la absoluta y ventajista certeza de que nadie se le va a colar en su choza de Galapagar. Y exactamente lo mismo les ocurre a los jueces de alta alcurnia que iniciaron el movimiento negacionista: viven muy lejos de los barrios humildes donde se producen los latrocinios. Porque como me harto de explicar a tanto guay, las víctimas de los expolios no son ricachos sino currelas que, en el mejor de los casos, llegan justos a fin de mes. Sigan negándoles la realidad que padecen cada día, y luego quéjense del ascenso del populismo ultra.
Expoliadores impunes
Hoy mi pueblo, Santurtzi, vuelve a movilizarse contra una injusticia. Como ya hicieran nuestras vecinas y nuestros vecinos de Portugalete para recuperar la casa de Vitori de sus usurpadores, los habitantes de la villa marinera —¡y quien quiera sumarse desde donde sea!— estamos convocados frente a otra vivienda que en el eufemismo de los medios llamamos ocupada o, si nos ponemos todavía más estupendos, okupada, con k megamolona. Menos mal que a estas alturas del tercer milenio, llevamos las suficientes caídas de guindos coleccionadas para saber que hablamos, sin menos y sin más, de un domicilio particular tomado al asalto por unas personas a las que ni siquiera puedo nombrar como presuntos delincuentes.
De hecho, la broma macabra empieza ahí. La ley está de su parte. Contra todo lo que nos enseñan, son los propietarios del inmueble los que tienen que demostrar que lo son y/o que los expoliadores no son víctimas de un perverso casero que les quiere poner de patitas en la calle por capricho o por codicia. Si, como yo, les preguntan a sus jurisconsultos de cabecera, les dirán sin arrugarse la toga que se trata de la más elemental de las garantías constitucionales. Acto seguido, señalarán a los legisladores como responsables del inconveniente menor que resulta que arramplen con tu casa y afearán a la inculta plebe por desconocer los rudimentos básicos del Derecho. La autoridad nominalmente competente se llamará andanas, no sea que la beatífica progritud saque a paseo la demagogia tramposa y ventajista. Y al final solo queda la presión popular, con el inconmensurable peligro de que la cuestión se vaya de las manos.