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Censura en Donostia 2016

La capacidad de pegarse tiros en el pie de Donostia 2016 empieza a ser digna de estudio. Desde que era una idea recién parida por el entonces alcalde y hoy verso suelto a tiempo completo, Odón Elorza, hasta estas largas vísperas de la clausura, no ha dejado de acumular broncas, bronquillas y broncazas. Casi todas ellas, además, absolutamente innecesarias. Tanto, que la sucesión de rifirrafes invita a una suerte de teoría de la conspiración: ¿no será que lo están haciendo adrede para que se hable de un evento que en sí mismo —no nos engañemos— interesa a locales y foráneos poco tirando a nada?

Sí, suena a desvarío paranoico, pero no menos, me van a reconocer, que el motivo de la última zapatiesta. Oigan, que hablamos de censura abiertamente reconocida y justificada por los responsables ejecutivos y políticos de la cosa. Se admite sin el menor rubor que se han retirado equis obras de una exposición de arte realizado en centros de reclusión porque las firman presos o expresos de ETA, y eso podría “ofender a las víctimas del terrorismo”. ¿Por el contenido? ¡No, por la mera autoría!

Por las propias características de la muestra, es bastante probable que tras el resto de los trabajos haya asesinos, pederastas, violadores, políticos corruptos… La lista de posibles agraviados es amplia. Yo mismo me incluiría en ella, si no fuera porque en realidad me importa una higa lo que se pueda exhibir en una feria de manualidades creadas, no dudo que con toda ilusión, en talleres ocupacionales. De hecho, lo que de verdad me asombra y me irrita es que nos lo cuelen como arte. Y más aun, que lo censuren torpemente.

Enaltecimientos varios

Siempre he pensado, con Aute, que los tirios y los troyanos deberían casarse porque son tal para cual. Y dejarnos en paz al resto, que estamos hasta las mismísimas de aguantar su rollito sadomaso y su retroalimentación mutua en bucle infinito.

Farfullo, que ya sé que a veces me embalo y se pierde el hilo, de las cuatro detenciones de ayer por enaltecimiento del terrorismo. Inmensos, comme d’habitude, Urquijo, Mariano, Fernández y los picoletos de jornada, dando bombo urbi et orbi a un acto que durante veintipico años se ha venido desarrollando sin que saliera de los círculos de costumbre. Sí, a la vista pública, y probablemente para lógico y comprensible disgusto de mucha gente. Pero es que como empecemos a entrullar a todos los que se comportan miserablemente, no va a quedar ni quisque fuera. Eso, sin contar con lo poco que me fío yo de quien decide sobre las actitudes que son y dejan de ser penalmente punibles.

Respecto a esta en concreto, la de montar saraos a mayor gloria de tipos que —en la inmensa mayoría de los casos— se han dedicado al matarile o al auxilio del matarile, lo tengo muy claro. Como decía el famoso cura sobre el pecado, no soy partidario. Es más, salvo en ocasiones excepcionales a las que podría encontrar una explicación, me parece una canallada del quince, así se llame el fulano homenajeado Morcillo, Galindo, Zabarte, Txikierdi o, pongamos por caso, José Bretón. Creo, sin embargo, y muy firmemente, que lo que procede es la sanción o la reprobación moral. Llevarlo más allá es, y vuelvo al principio de estas líneas, una forma enaltecer, miren por dónde, a los enaltecedores.

Espectáculos Fernández

Tendré que reconocerle al contumaz ministro Fernández que esta vez ha conseguido sorprenderme. No es que uno hubiera descartado una de esas operaciones cantosas para la galería que de tanto en tanto gusta sacarse del tricornio, pero confieso que ni por asomo la esperaba inmediatamente después de la manifestación del sábado (en todo caso, antes) ni en la jornada de apertura del macroproceso escoba contra 35 miembros de Batasuna, EHAK y ANV. Bien es cierto que tales concurrencias se quedan en minucia ante el pasmo que me provoca el elemento novedoso de esta nueva redada contra los abogados de la izquierda abertzale. ¡Se supone que les echan el guante, igual que dice el tópico sobre Al Capone, por defraudar al fisco! Minipunto para el Maquiavelo ministerial, que tras discurrir largamente, debió de llegar a la conclusión de que en estos días en los que el personal echa bilis por las corruptelas, no hay mejor venta de la mercancía que envolviéndola como blanqueo de capitales.

Aparte de que no se aclara a qué Hacienda concreta se le realizó el presunto pufo, cuestión que no es menor, se pasa por alto algo que puso de manifiesto ayer en Onda Vasca el Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro: la Audiencia Nacional no es competente en este tipo de delitos. Por torpes que sean los ordenantes de las detenciones, una cuestión como esa se tiene muy clara de saque. Pero eso a quién le importa. Ya vendrá Europa con la rebaja el año que toque. Lo que va a los titulares —el día en que el PP presenta su estrategia electoral, ojo al dato— es que mantiene su santa cruzada contra el mal. Pero ya no cuela.

El ‘problema de los presos’

Lo que, obviando siglas y refugiándonos en los sobreentendidos al uso, llamamos el problema de los presos es estricta y casi literalmente lo que señala el enunciado: el problema de los presos. También, por supuesto, el de sus allegados, que padecen vicariamente su(s) condena(s), y en otro sentido, el de determinadas formaciones políticas por motivos que no es preciso explicar. Sería cuestión de preguntarlo específicamente, pero no parece que al resto de la sociedad le quite el sueño. Puede haber —y de hecho, yo creo que la hay— una parte estimable de la población dispuesta a un cierto nivel de movilización por sus derechos y hasta quienes les erigirían estatuas ecuestres en cada pueblo, pero si echáramos cuentas, me temo que es mucho mayor el número de personas a las que el asunto les trae sin cuidado. En unos casos, por la misma indolencia que muestra el cuerpo social hacia toda piedra que no le apriete directamente el zapato, y en no pocos, por la imposibilidad de mostrar empatía (no digamos ya simpatía) hacia unos seres humanos que no se han distinguido precisamente por esparcir la bondad sobre la faz de la tierra. Ni hablemos del sector, tampoco pequeño, que directamente quiere que se pudran en la cárcel y, si puede ser, en la más lejana e infecta, mejor.

Anoto todo lo anterior como mera descripción de escenario. No digo que me guste o me disguste, ni que me parezca justo o injusto, sino que es lo que hay, y que entiendo que son estas evidencias las que deben determinar las acciones concretas. Y esto, volviendo al principio, concierne más que a nadie a los afectados en primera persona.

Doble condena

Los presos de cualquier organización son rehenes, como poco, por partida doble. En primera y más obvia instancia, les priva de libertad el Estado que los ha enchironado de acuerdo o no con las garantías procesales. El segundo grillete, que no atiende a razones jurídicas y es implacablemente arbitrario, se lo impone la propia disciplina —anótese la palabra— a que pertenecen. Como percibo ceños fruncidos en la concurrencia, aclaro que hablo de todo tipo de grupos. Lo que describo se da igual en guerrillas insurgentes, cárteles de la droga, clanes del navajeo de barrio, mafias varias, bandas terroristas o tenidas por tales, o cualquier otra asociación cuya actividad esté fuera de la legalidad vigente. Desde el instante de su detención, quienes forman parte de alguna de estas ligas deben atenerse a la reglamentación interna y cumplir a rajatabla las disposiciones previstas para el momento de la caída bajo el guante de la ley.

La parte cómoda respecto a los que van al banquillo de a uno es que no tienen que romperse ni la cabeza ni el bolsillo buscando abogado. Eso corre por cuenta de la organización, que también decide la estrategia de defensa. Si por razones coyunturales conviene sacrificar un peón para salvar una torre, así se hará. ¿Veinte años? O cuarenta, por el bien de la comunidad.

Una vez entre rejas, los carriles están trazados. Los carceleros visibles marcan unas pautas y los invisibles, que son todos y ninguno, el resto. Incumplir las primeras supone una sanción oficial. Saltarse las segundas implica un castigo peor: quedar fuera del grupo. Una elección verdaderamente endiablada.

La navaja de Fernández

Como todo lo que rodeó la operación judicioso-policial del miércoles fue tan chusco tirando a cutre salchichero, quedó en quinto plano una de las soplagaiteces con las que el ministro Fernández quiso justificarla. Después de soltar la manoseada martingala del tentáculo —cómo les gusta la palabreja a los jefes de la porra—, el chisgarabís al mando de Interior aseguró que los detenidos “sometían a los presos a la tiranía de ETA”. La cita es literal. Oséase, que la aguerrida Benemérita fue enviada en socorro de los desvalidos y atribulados cautivos para liberarlos del descarrío impuesto y ponerlos en el buen camino, que es el que gira a la diestra y está limpio de aquelarres en antiguos mataderos. Fue una misión no ya humanitaria, sino directamente redentora y purificadora de almas. Leyendo al derecho los renglones torcidos, se diría incluso que, contra lo que han vociferado algunos, no se trataba de echar otro tabique al llamado proceso de paz, sino de orientarlo hacia la dirección acertada.

No cuela. ¿Seguro? Eso pensaba yo hasta que ayer vi que algunos medios, y no precisamente del ultramonte, se engolfaban con esta versión de catequesis. Lo divertido era que la alternaban impúdicamente con la opuesta. Dependiendo del párrafo que se leyera, los arrestados fueron los muñidores del comunicado del EPPK del día de los inocentes y del acto de Durango o los que trataron de impedir a toda costa lo uno y lo otro en su condición de irredentos partidarios del Egurre eta kitto.

Junto a esta interpretación multiusos, todo quisque, incluyendo el que suscribe, hemos aventurado motivaciones de variado tenor sobre la (pen)última deposición del chapucero Fernández. Para dar con la más atinada, me remito a un principio que raramente falla, la Navaja de Ockham: “En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta”. Vamos, que por lo común, dos y dos tienden a ser cuatro.

Del sufrimiento

Pablo Gorostiaga no ha podido despedirse de Judith, su compañera, que falleció durante la noche del pasado lunes. Se lo ha impedido la (despiadada) razón de estado torpemente travestida en burocracia. Hacía cuatro días que el exalcalde de Laudio, que fue uno de los condenados del macrosumario 18/98, había recibido en su celda de Herrera de la Mancha un permiso para lo que se sabía que inevitablemente sería la última visita. Pero el traslado se demoró. Se puede fletar un helicóptero para llevar puerta a puerta a alguien esposado a la Audiencia Nacional y, sin embargo, se hace un mundo encontrar un furgón de tres al cuarto para que un preso llegue a tiempo de decirle adiós para siempre a la persona con la que compartió su vida. Ya, claro… No hablamos de un recluso cualquiera, sino de uno de los que recibe una sentencia con propina: lo legalmente dispuesto más la cuota variable de venganza que toque en cada momento. Sin sanción social o, si cabe, con aplauso del respetable. ¿Quién va a protestar, aparte de los de siempre, por haber violentado las ordenanzas y disposiciones vigentes en perjuicio de un malísimo oficial? Un paso más allá, ¿quién se va a enterar siquiera de lo ocurrido? Estas noticias solo tienen difusión en un círculo muy concreto. De hecho, actúan como mensaje para que ese entorno tenga claro lo que está dispuesto a moverse el Gobierno, o sea, nada.

Tienen toda la razón quienes, a la vista de esta arbitrariedad de manual, denuncian la utilización perversa de la política penitenciaria que practican las autoridades españolas. Es rigurosamente cierto que se pone de manifiesto el afán de revancha. Pero no debería quedarse todo en indignación y rabia. Compartiendo y comprendiendo el sufrimiento de Pablo Gorostiaga quizá se pueda llegar a entender lo que sintieron tantísimas personas que tampoco tuvieron la oportunidad de despedirse de sus seres queridos. ¿Tan difícil es?