El blog de Iñaki Anasagasti

Viernes 11 de julio de 2014

La consulta de la documentación de algunos archivos históricos españoles se ha convertido en un tema extremadamente polémico que puede acabar en un escándalo de alcance internacional. Las dificultades con que nos encontramos los investigadores a la hora de trabajar en los archivos públicos derivan de las insuficiencias y las contradicciones de la política archivística española. Hoy es una evidencia que la ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 es obsoleta, entre otras cosas, porque se contradice con la ley de Protección de Datos de 1999 y con la reciente ley de Transparencia. Persisten las arbitrariedades a la hora de interpretar cuáles son los datos personales que pueden realmente afectar “a la seguridad, al honor de las personas, a la intimidad privada y a familiar, y a la propia imagen”. Y eso hace que muchos responsables de archivos se vean obligados a interpretar una normativa poco precisa y a actuar a menudo como censores, restringiendo el acceso a muchos documentos.

Hay dos sentencias del Tribunal Constitucional que afectan a esta cuestión que tendrían que servir de directriz máxima. La sentencia de Francisco Tomás y Valiente del 14 de febrero de 1992 defendía el predominio del “interés público de la información sobre el hipotético derecho al honor”. Según esta sentencia, las restricciones tendrían que ser una excepción y siempre habría que dar prioridad al “derecho a la información veraz”. La otra fue la redactada por María Emilia Casas el 23 de febrero del 2004, y afectó al famoso programa de TV3 dirigido por Dolors Genovès sobre el consejo de guerra a Manuel Carrasco i Formiguera. La sentencia fue bien clara: había de “prevalecer el derecho a la difusión pública de las investigaciones sobre el derecho al honor de las personas cuando la información se ajusta a los usos y métodos característicos de la ciencia histórica”.

Los últimos años se han producido unos hechos realmente inaceptables en dos archivos españoles que hay que denunciar públicamente. El actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha vetado la desclasificación de unos 10.000 documentos militares correspondientes a los años 1936-1968, aunque la anterior ministra, Carme Chacón, había autorizado su consulta y eventual reproducción. Mucho más grave es lo que pasa con la documentación histórica del archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. El 15 de octubre del 2010, a propuesta del ministro Miguel Ángel Moratinos, el Consejo de Ministros declaró como secreta y reservada gran parte de la documentación sobre la actividad diplomática, las relaciones internacionales y la política exterior españolas sin fijar una limitación temporal, por lo cual esta restricción podía afectar tanto a la documentación del siglo XX como a la del XVIII. Parece que el escándalo Wikileaks influyó bastante en este acto, inaceptable en cualquier Estado democrático, dado que incumple la legislación española y la internacional. El ministro utilizó el argumento que se hacía eso con el fin de garantizar “la seguridad y la defensa del Estado”, y para hacerlo utilizó la vieja ley franquista de Secretos Oficiales de 5 de abril de 1968. Pero la cosa no acaba aquí. Hace unos meses, el actual ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, ha tomado una medida drástica que ha significado la interrupción de numerosas investigaciones que hacían historiadores españoles y extranjeros: ha decidido el cierre del archivo histórico del Ministerio de Exteriores con la excusa de que todos sus fondos se trasladan al Archivo Histórico Nacional y al Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares. Ahora bien, dada la escasez de medios humanos y materiales de estos dos archivos, todo hace prever que esta documentación no podrá ser consultada en muchos años. De momento la subdirección general de Archivos del Ministerio de Cultura, responsable de estos dos centros, ha decretado el cierre absoluto e indefinido de esta documentación.

Estas actuaciones de ministros del Gobierno Rajoy suponen una clara vulneración de los derechos de los ciudadanos para acceder a la documentación histórica y un incumplimiento flagrante de acuerdos y normativas internacionales (Consejo de Europa, Consejo Internacional de Archivos, Unesco, etcétera). La existencia de políticos que vetan el acceso a la documentación, o dificultan su consulta, refleja la limitada calidad de la democracia española. Impedir el libre conocimiento del pasado es una violación directa de los derechos humanos, de unos derechos tan básicos y elementales como cualquiera de los que conforman una democracia plena. Son ya numerosas las asociaciones y los grupos de historiadores que han protestado por estos hechos y que piensan denunciarlos ante organismos internacionales.

El poder del Estado sobre los archivos no puede derivar en una excesiva consideración sobre su titularidad y en la creencia de que no se trata de un servicio público. Los administradores del poder no pueden actuar como si los archivos fueran suyos, del Gobierno, y no de todos los ciudadanos. Esta actitud del Gobierno Rajoy contrasta con la adoptada por el Ejecutivo argentino que, como hace pocos días explicaba en Barcelona el ministro de Defensa, Agustín Rossi, ha puesto a disposición de todo el mundo la documentación confidencial de las fuerzas armadas (actas Secretas de la Junta Militar de 1976-1983, “listas negras” de intelectuales, artistas, periodistas…) localizada recientemente en un cuartel de Buenos Aires. Las lecciones de democracia se dan con hechos, no con palabras

Jueves 10 de julio de 2014

Vino el presidente del EBB, Andoni Ortuzar a Madrid. Invitado por el Fórum Europa y en uno de los desayunos habituales tocó esta vez el Casino de Madrid, marco adecuado en el centro de la Villa. Iba a venir hace un mes pero el fallecimiento de Adolfo Suárez aconsejó su posposición.

Hora y media de parlamento, tras una presentación simpáticamente provocadora de José Luis Rodríguez y una introducción de casi media hora en el atril de Ortuzar. Con tono sosegado y convincente ha ido desgranando los argumentos sobre cómo ve los desafíos que tiene Euzkadi, la política en general y las relaciones bilaterales. Ha estado claro y, con puño de hierro en guante de seda, ha hablado muy claro de todos los asuntos que le han planteado en el coloquio y que han ido desde Kutxabank, hasta la monarquía, pasando por los sindicatos. A todo ha contestado con argumentos convincentes.

Se ha quejado del autismo del gobierno Rajoy y lo ha descrito con una frase sencilla, «ni una mala palabra, ni una buena acción». Ha acusado la cerrazón suicida del PP a la hora de hacer política y de las coincidencias parlamentarias en Euzkadi entre el PP y la IA con la única obsesión de desgastar al gobierno vasco. «Solo buscan trabajar en el acoso y derribo del gobierno Urkullu». En relación al paro ha reivindicado la política industrial como algo prioritario sin olvidar otros sectores como pueden ser los servicios, pero apostando claramente por la Industria. «En eso somos clásicos y es lo que nos sacará del agujero».

Ha dado datos concretos en la relación con la recentralización del estado: 26 disputas en el Tribunal Constitucional, ante un Tribunal que «es un árbitro casero».

Solicitó de una vez trabajar admitiendo un parámetro indispensable como es el reconocimiento mutuo. Y se ha lamentado de los desencuentros resumiendo los conflictos que surgen, como el de las EPSV, que en lugar de copiar lo que funciona bien, o el de Kutxabank, «parecería como si no se quisiera que otros lo hagan mejor y que lo que se puede hacer en Euzkadi y funciona molesta aquí en Madrid y se piensa que si no se puede hacer aquí en la capital, que no se haga. Estamos arriba, somos pequeños, pero hacemos cosas que funcionan y al parecer eso molesta».

Pidió empezar a hablar de todo con un Folio en blanco, sin dogmatismos y recordó que al inicio de la transición solo había tres demandas de autogobierno, la vasca, la catalana y la gallega, y la generalización del proceso nos ha llevado a una situación crítica donde hay crisis territorial, crisis de las instituciones y crisis económica y social.

Ha sido muy claro rechazando la recentralización del estado con leyes básicas que nos dicen que el espíritu de la Loapa sigue muy vivo.

Me imagino que en el Madrid político destacarán la contestación que ha dado sobre el papel del rey cuando ha dicho que solo pide se nos escuche y se nos tenga en cuenta.

He visto en el desayuno a embajadores. En nuestra mesa estaba el de Chile, personalidades como Miguel Herrero y Rodríguez de Miñon, el fiscal Calparsoro, Nuria López de Gereñu y Sagredo, los consejeros Beltrán de Heredia y Erkoreka, la presidenta del Parlamento Vasco Bakartxo Tejeria, el ex consejero Atienza y el socialista Tontxu Rodríguez, los delegados Aguado y Bosch, los presidentes de las ejecutivas del PNV Egibar, Atutxa, Aierdi y Aguirre, el jefe de prensa del PNV Unai Larrea, los catalanes Jane y Sánchez Llibre, el presidente de Confebask Migel A. Lujua, el director de la Cámara de Comercio Mikel Arieta-Araunabeña, el secretario del Consejo de Euskaltel Pako Allende, el ex burukide Zalbidegoitia y el burukide Aurrekoetxea, Uxue Barkos, Uria, el alcalde de Erandio, Joseba Goikouria, el senador de CC Narvay Quintero y los diputados Olabarria, Sánchez Robles y Azpiazu, los senadores Cazalis, Bildarratz e Iparraguirre, y la secretaria del EBB Pilar García Olano y muchos más.

Lamentable la ausencia de representantes del PP y del PSOE. Ellos se lo pierden. No me extraña que anden manga por hombro. Solo funcionan por impulsos. Pero había empresarios, diplomáticos y periodistas. A sala llena. Interesante y esclarecedor desayuno que se une a la historia de las presencias de Josu Jon Imaz y de Iñigo Urkullu que siempre han venido a la Villa y Corte y explicado lo que es un partido de 119 años y las políticas que implementa.

Jueves 10 de julio de 2014

El CGPJ revisó la petición de amparo al juez Castro planteada por una parte de sus magistrados. Su escrito reprochó al fiscal Horrach sus acusaciones y afirma que las descalificaciones «de índole personal» eran susceptibles de «desmerecer la confianza de la sociedad en sus juzgados y tribunales y generar en la ciudadanía una grave sospecha de falta de imparcialidad».

El caso Nóos no ha terminado para la Casa Real. La exculpación que el juez José Castro declaró para el secretario de la infanta fue recurrida por la acusación. Castro afirmó en su último auto que debía dictarse el sobreseimiento provisional de las actuaciones que afectan a Carlos García Revenga porque, aunque estaba convencido que el secretario de la Infanta «estaba muy al tanto de las actividades de don Iñaki Urdangarín» y aunque incluso le prestó «asesoramiento y colaboración» al igual que a la Infanta, considera que «no se desprende necesariamente que ese apoyo estratégico fuera decisivo para la comisión de los supuestos delitos que se han dejado expuestos».

La acusación ejercida por Manos Limpias recurrió la decisión y el argumento alegando que García Revenga fue colaborador necesario en el esquema de fraude ejecutado por Iñaki Urdangarín al frente de la empresa Aizoon. No acusar a Revenga fue un cortafuegos para no llegar hasta el rey.

El recurso alega como prueba los correos electrónicos fechados entre 2003 y 2005 que reflejaban como Diego Torres apuntaba que «siempre trabajó supervisado, validado, autorizado, auspiciado, incentivado, conformado y soportado por un ejército de asesores»…. y que a García Revenga «se le consultaba todo». Varios de esos correos reflejan que Revenga tenía un papel activo en Nóos, como uno en el que después de que un medio de comunicación solicitase una entrevista a Iñaki, éste pide a García Revenga consejos sobre «cómo proceder» e incluso otro en el que se atribuye a Revenga «la última palabra».

En otro de los correos, cuando Urdangarín y el secretario de las Infantas discute el patrimonio familiar, el yerno del rey Juan Carlos escribe: «Carlos, las transferencias que le ingresan a Dña. Cristina correspondientes a sus honorarios de Zarzuela deberían ingresarse a partir de enero en esta otra cuenta».

Una parte del CGPJ pide amparo para Castro

Los ataques al juez Castro reflejaron una línea divisoria puramente ideológica entre quienes le atacan y quienes le defienden.

Así pareció deducirse de la petición que los magistrados progresistas del máximo órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que plantearon al organismo. Los jueces Roser Bach, Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáenz y Pilar Sepúlveda elevaron un escrito al pleno en el que reclamaron a las partes del proceso –en clara alusión a la fiscalía– que «mantengan el respeto y la lealtad institucional debidos y se cuiden de no desacreditar la labor jurisdiccional de los jueces y magistrados».

Los jueces acusaban al fiscal de «desmerecer la confianza de la sociedad en sus juzgados y tribunales» y de «generar en la ciudadanía una grave sospecha de falta de imparcialidad»

El documento reprochaba sin mencionarlo explícitamente las palabras del fiscal que acusó al juez de ignorar pruebas para imputar a la hermana del rey y que le llamó «taimado» y aseguraba que las descalificaciones «de índole personal» del fiscal son susceptibles de «desmerecer la confianza de la sociedad en sus juzgados y tribunales, generar en la ciudadanía una grave sospecha de falta de imparcialidad en la labor que realizan a diario jueces y magistrados y minar la confianza pública que debe inspirar en todo momento la actuación del Poder Judicial».

Hubo quien se creyó, tras tantos años de impunidad en el saqueo y con unos ahorritos de más de dos mil millones de dólares a buen recaudo, que este tipo de negocio podía prolongarse al menos una generación más.

Se decía que Zarzuela s/núm., Ferraz núm. 70 y Génova núm. 13: habían sido los tres pilares de un régimen no democrático, corrupto y saqueador de los fondos públicos.

Normal que recurrieran la exculpación. En los correos electrónicos Urdangarin le pedía asesoramiento para ver cómo podía llegar a más altas instancias incluso en algunos de sus correos le pidió a Juan Carlos que si puede mediar para Nóos.

Y es que estaban todos en el ajo. Era una de las cosas que Cristina no perdonaba y por lo que se sintió menospreciada con respecto a los otros miembros de su familia. Todos haciendo negocios a costa de los españolistos y sólo a ella la pillan en el renuncio. Supongo que a estas alturas ya tendrá su as en la manga y le habrá dicho a su hermano y su cuñada que los próximos son ellos sino hay indulto para ella y su marido. No creo que se lo vaya a poner tan fácil al hermano y la cuñada. Únicamente tiene que hacer lo que hizo su cuñada. Filtraciones a la prensa y que estos tiren del hilo. O esperar a que el primo publique el segundo libro donde se dice que se habla de los negocios y los paraísos. Ya se sabe: quien a hierro mata a hierro muere.

La fiesta, pues, no ha hecho Mas que empezar.

Por supuesto que resulta incomprensible que el señor Revenga no haya sido imputado -esperemos que se pueda añadir «todavía»-, cuando participó en la forma que lo hizo en los repulsivos asuntos de los Urdangarín-Borbón.

Solo tiene una explicación: que se trate de una especie de cortafuegos para proteger al ex jefe del estado, el inviolable.

Creo que Carlos García Revenga tiene papeletas para sentarse en el banquillo, si no como cooperador necesario, sí como cómplice.

En 1993 Carlos García Revenga fue contratado por la Casa del Rey como «Asesor de Sus Altezas Reales las infantas Elena y Cristina», con dependencia orgánica del Secretario de la Reina que depende, a su vez, del Secretario General de la Casa del Rey y éste del Jefe de la Casa del Rey. Entre 2004 y 2006 García Revenga ocupó, con el visto bueno del entonces Jefe de la Casa del Rey, Alberto Aza, el puesto de tesorero en el Instituto Nóos.

Asesor de las infantas (y de rebote de sus maridos) y tesorero del Instituto Noós: Blanco y en botella.

El Instituto Nóos era, como se sabe, una entidad sin ánimo de lucro. ¿Por qué se metió Urdangarín en ese jardín de cobrar (¡y vaya si cobraba!) facturando a través de una entidad «sin ánimo de lucro»? Pues muy sencillo, porque así evitaba pagar el Impuesto de Sociedades. O sea que el Instituto Noós no sólo sustraía el dinero de todos, asaltando a las Administraciones públicas, sino evadiendo el pago de impuestos. La sensación de impunidad que tenía Urdangarín era aplastante: a ninguno se le hubiese ocurrido ese montaje, si no hubiese estado muy seguro de que se iba a hacer la vista gorda con él.

A pesar de que la Zarzuela asegurase en su momento que García Revenga trabajaba «a título personal», su participación como tesorero de Nóos, que llevaba aparejada la delicada responsabilidad de firmar las cuentas anuales de la entidad, y su reconocimiento ante el juez Castro en febrero de 2013 de que Urdangarin le hacía consultas sobre la gestión del Instituto Nóos, puesto que era su «primera aventura empresarial», no le libran precisamente de sospechas.

¿Fue Carlos García Revenga tesorero en la época de oro, y nunca mejor dicho, del Instituto Noós y no se enteró de su naturaleza extractiva-delictiva?

Sinceramente, cuesta creerlo.