BASTA que exista un solo hombre justo para que el mundo merezca haber sido creado», reza el Talmud. Perfecta bonhomía, sobre todo cuando se predica para que sea otro quien cubra el cupo de satisfacción divina creadora de este mundo.
Dicen algunos especialistas en inversiones bursátiles que, históricamente y a más de diez años, los metales nobles y el arte siempre rentan positivo. Creo que faltaría otro valor siempre al alza, aunque puede que nunca llegue a cotizar por razones obvias: la «economía sumergida», que en España es de tendencia histórica alcista constante.
Las últimas semanas, junto con la curva indomable de contagios, hospitalizaciones, ingresos en UCI y muertes por covid-19, nos hemos desayunado repetidamente con que un grupo de jóvenes youtubers de éxito, tanto por número de seguidores (followers, perdón) como por ingresos, ha decido instalarse en la vecina Andorra, principado de fiscalidad digamos relajada-distraída, pero sin llegar a la delincuencia de los auténticos paraísos fiscales. La controversia pública ha saltado a la calle (mejor, a las redes sociales). Les echan en cara que se vayan para pagar menos impuestos, pero que sigan utilizando la escuela, la sanidad, los servicios sociales, las redes de carreteras, de telefonía, las infraestructuras que pagamos entre todos, menos ellos. Vamos, que les acusamos de ser insolidarios con el bien público, olvidándonos de que no son pioneros ni muchísimo menos en esta fuga de capitales y evasión de impuestos; deportistas, empresarios, políticos, nobles, rentistas, miembros de la realeza los han precedido en el camino hacia el rentable retiro pirenaico. Tampoco es que yo quiera defender su postura de latrocinio fiscomigrante ni a los que definen las tablas de fiscalidad estatal, unos porque evaden y otros porque dan muestras de avaricia recaudatoria sobre quienes nos quedamos bajo condena de nómina mensual.
Lo triste del caso es que los youtubers son «esa anécdota» que nos hace poner las cuentas sobre la mesa: la economía sumergida representa de media el 25% del PIB español. En 2008 fueron 193.000 millones, en 2010 alcanzó 233.000 millones, en 2012 llegó a 250.000 millones y en 2020, con la pandemia ya enseñoreada, se coloca en 270.000 millones de euros. Tanto como el presupuesto para toda la sanidad española durante 3 años y medio. Es un magro consuelo que en la CAV y en Nafarroa la cuota de economía black en B sea bastante más baja, porque la falta de moralidad está tan arraigada que de la lista de sumergidos no se escapa prácticamente ninguna actividad económica. Construcción, turismo, hostelería, pequeños comercios, taxistas y portes sin autorización, obras caseras, rehabilitaciones, actividad agraria, deportistas, familia real, grandes empresas, multinacionales y ahora los youtubers. Entre todos juntos, en el horribilis 2020nos han «birlado» a los demás 91.000 millones en fraude fiscal, 60.600 millones en impuestos evadidos y 31.000 millones en defraudación a la Seguridad Social. Es cierto que las grandes fortunas, multinacionales y macroempresas ejercen el 75% del fraude, pero es más dramático y entristecedor comprobar que las comunidades con mayor economía sumergida (Galicia, Extremadura, Castilla la Mancha, Canarias) son las más pobres. Está claro, los muy ricos de las zonas más pobres se deslocalizan mejor.
Incluso los que más dinero tienen se vacunan antes: puede que exista el hombre justo del Talmud que piense que la familia real, los evasores millonarios y los poderosos magnates aún no se han vacunado, pero es evidente que si quieres cambiar el mundo deberás viajar a otro. Los ricos, incluso los nuevos ricos como los youtubers, ya lo hacen.
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