Inútil rectificación

Antecedente que tiende a olvidarse: el 23 de agosto de 2011, en los estertores del gobierno de Rodríguez Zapatero, PSOE y PP, que sumaban el 90 por ciento de la representación en las Cortes, modificaron el artículo 135 de la Constitución española para introducir el concepto de estabilidad presupuestaria. En trazo grueso, la traducción del eufemismo es que en lo sucesivo todas las administraciones estarían sujetas a un tope (ínfimo) de gasto que no se podría superar aunque la población fuera desfalleciendo de inanición. Se trataba de la enésima exigencia de la malvada madrastra Europa, y como ocurrió con todas las anteriores, a cada cual más bruta, el gabinete equinoccial de ZP echó rodilla a tierra para lamer los mocasines de Merkel.

Dado que esta vez el recado era morrocotudo y requería nada menos que meter mano a la (para otras cosas más necesarias) intocable Carta Magna, los socialistas —es un decir— hubieron de humillarse también ante el entonces aspirante Mariano Rajoy para que sumara sus imprescindibles votos al apaño constitucional. Aparte de algún pescozón condescendiente, no hubo el menor problema, pues el PP se sabía inminente ocupante de Moncloa y tenía claro que el cambalache del 135 sería fundamental para aplicar su política de tijera, serrucho y hacha.

Resumiendo, la reforma se hizo con agosticidad, alevosía y el impulso inicial del PSOE, el mismo partido que ahora aboga por dar marcha atrás. De sabios es rectificar, ¿no? Pues en este caso, no está claro. El axioma colaría si los números actuales dieran para revertir la reforma. Dado que no es así, estamos ante otra impostura.

Reforma o ruptura

Cuarenta años después, se diría que regresamos al viejo dilema: ¿Reforma o ruptura? Mucho cuidado, porque como entonces, puede tratarse de una trampa. En realidad, la segunda opción jamás se contempló seriamente. Por lo menos, no entre quienes, desde el franquismo y el antifranquismo oficial, manejaron el juego y, a la postre, lo condujeron por los raíles que nos han traído exactamente al punto en el que estamos ahora. Los que albergaron la ilusión de que la muerte del dictador abriría paso a un cambio profundo pronto comprendieron que habían sido unos ingenuos o, simplemente, fueron claudicando y aceptando el cuento de hadas de la modélica Transición. Unos pocos —eso también es cierto— se han pasado estos cuatro decenios ciscándose en lo más barrido por el engaño y lamentando lo que (creen que) pudo haber sido y no fue.

No lloremos por la leche derramada y pensemos en mañana o pasado, que es cuando, a más tardar, nos vendrán otra vez a pedir que elijamos entre peste o cólera. ¿Será la oportunidad para corregir el error histórico de permitir que el régimen perviviera en lo básico a cambio de un puñado de concesiones medianamente democráticas? Quisiera creerlo, pero no las tengo todas conmigo.

Me huele mucho más a reforma de la reforma, a segunda vuelta de tuerca al apaño de 1978, y a tirar millas durante un par o tres de generaciones más. Quizá me haya vuelto conspiranoico, pero empiezo a percibir signos de que ya se está cocinando la nueva farsa. No alcanzo a ver quiénes están alrededor de los fogones, aunque intuyo algunos nombres. Como en el anterior trágala, varios resultarán sorprendentes.

¡Suspendan mi autonomía!

Lo del 155.1 de la hispánica Constitución es una vieja cantinela. La de veces que nos la habrán entonado a los pérfidos vascones en los tiempos del Plan Ibarretxe. Con la vena hinchada, los ojos fuera de las órbitas y un hilillo de baba patriótica colgando de la comisura de los labios, los tertulieros y columneros de la época —que, básicamente, son los de ahora— se venían arriba clamando por la suspensión de la autonomía vasca. La performance solía adornarse con menciones a tanques paseando por la Gran Vía o el Boulevard, y/o ensoñaciones del lehendakari y los miembros del Gobierno vasco tripartito vestidos con pijama a rayas y engrillados por los tobillos. Escuchando o, si era el caso, leyendo aquella sarta de soplagaiteces, debo reconocer que a mi también se me ponían los dientes largos, pero a la inversa. Vamos, que me daba por pensar que no caería esa breva.

O estoy muy equivocado, o algo así se están maliciando los partidarios de la consulta catalana al escuchar de nuevo las desorejadas apelaciones al tal 155.1. No se me ocurre mejor impulso para un movimiento que ya va sobrado de fuelle que la aplicación del artículo de marras. Sería el insulto final y sin vuelta atrás. Enardecería a los convencidos y terminaría con las dudas de muchos de los que aún creen que España es el mal menor.

La cuestión es que Rajoy tiene la excusa para invocar el 155.1 y la mayoría absoluta necesaria (solo se requiere la del Senado, cosa curiosa) para aplicarlo. En virtud del 8.1 del mismo libro de instrucciones, la misión se encomendaría a las Fuerzas Armadas. ¿Llegaremos a verlo? No me atrevo a apostar.