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Un depredador en libertad

Leo en el diario El País que el asesino del niño de Lardero había disfrutado de 39 permisos penitenciarios “sin incidentes”. Me maravilla la omnisciencia del redactor. ¿Cómo sabe que no los hubo? Quizá simplemente no trascendieron. Es lo que hubiera ocurrido en esta oportunidad de no haber mediado el crimen. Una vez que se puso el foco, hemos sabido que en los días previos el depredador en libertad condicional había intentado secuestrar a otras criaturas. Me parece bastante razonable pensar que en la otra casi cuarentena de ocasiones el tipo, de nombre Francisco Javier Almeida López de Castro, pudo haber actuado exactamente igual sin que llegáramos a enterarnos. Sobraba la apostilla, por lo tanto. Pero claro, hay resortes que hacen saltar las malas conciencias progresistas con excusas no pedidas y/o vendas antes de tener la herida. Mientras, la extrema derecha se está dando un festín.

Vamos a ver si en las muy progresís cabezas entra que esto no va de enmienda a la totalidad al sistema de los permisos penitenciarios y a las progresiones de grado. Pero cansa ya, y mucho, el rollo redentorista que lleva a ponerse casi siempre a favor del criminal. El cagarro humano del que hablamos tiene acreditadas la violación y asesinato de una agente inmobiliaria navarra y una agresión sexual anterior. Es evidente de aquí a la Lima, y a los hechos basta remitirse, que el tipejo debería haber cumplido hasta el último día de condena que se le impuso, por mucho que en la trena “mostrara un comportamiento ejemplar”, como dice un funcionario, exhibiendo un brutal desconocimiento de la mente de los matarifes sexuales como el tal Almeida.

Expoliadores impunes

Hoy mi pueblo, Santurtzi, vuelve a movilizarse contra una injusticia. Como ya hicieran nuestras vecinas y nuestros vecinos de Portugalete para recuperar la casa de Vitori de sus usurpadores, los habitantes de la villa marinera —¡y quien quiera sumarse desde donde sea!— estamos convocados frente a otra vivienda que en el eufemismo de los medios llamamos ocupada o, si nos ponemos todavía más estupendos, okupada, con k megamolona. Menos mal que a estas alturas del tercer milenio, llevamos las suficientes caídas de guindos coleccionadas para saber que hablamos, sin menos y sin más, de un domicilio particular tomado al asalto por unas personas a las que ni siquiera puedo nombrar como presuntos delincuentes.

De hecho, la broma macabra empieza ahí. La ley está de su parte. Contra todo lo que nos enseñan, son los propietarios del inmueble los que tienen que demostrar que lo son y/o que los expoliadores no son víctimas de un perverso casero que les quiere poner de patitas en la calle por capricho o por codicia. Si, como yo, les preguntan a sus jurisconsultos de cabecera, les dirán sin arrugarse la toga que se trata de la más elemental de las garantías constitucionales. Acto seguido, señalarán a los legisladores como responsables del inconveniente menor que resulta que arramplen con tu casa y afearán a la inculta plebe por desconocer los rudimentos básicos del Derecho. La autoridad nominalmente competente se llamará andanas, no sea que la beatífica progritud saque a paseo la demagogia tramposa y ventajista. Y al final solo queda la presión popular, con el inconmensurable peligro de que la cuestión se vaya de las manos.

Gasteiz, ¿y la investigación?

Gazteiz, un profesor al que se le atribuyen, según las versiones, entre cuatro y cinco episodios de abusos sexuales a criaturas de 3 a 5 años sigue dando clase 4 cursos después de que se presentara la primera denuncia. De ello nos enteramos —¡al mismo tiempo que las y los progenitores del resto de los alumnos que han mantenido o mantienen contacto diario con el individuo!— porque El Correo (al César lo que es del César) informó de que la niña de esa denuncia inicial se había vuelto a encontrar con su presunto agresor… ¡en el colegio al que huyó precisamente para no tener que cruzárselo! La indignación sulfurosa que despierta la noticia provoca que el Departamento de Educación del Gobierno vasco aparte de las aulas al docente en cuestión.

Se diría que es el final menos malo de esta sucesión de despropósitos. No pierdan de vista, sin embargo, que por infinito asco que nos dé, en el momento procesal actual, el maestro es técnicamente i-no-cen-te. Es decir, que si tuviera posibles para contratar a uno de esos picapleitos sin alma, podría sacar los higadillos a la institución que lo ha suspendido. Ocurre, y para mi es una brutal perversión, que Educación, que es poder ejecutivo, ha tenido que adoptar una medida que le corresponde a las instancias judiciales. O nos engañan con lo del Estado de Derecho, o son sus señorías togadas las que deben determinar la inocencia o la culpabilidad tras un proceso que parte de una investigación de los hechos. Ahí le hemos dado. A día de hoy, la fiscalía, entorpecida su labor parece ser que por jueces (requete)garantistas, no tiene lo suficiente contra el tipo.