La semana pasada saltó a los medios, una vez más, el caso de un perro PPP (Perro Potencialmente Peligroso), que agredió a tres niños en Toledo.
Dos de ellos con rasguños leves, pero el tercero fue ingresado y afortunadamente evoluciona favorablemente. Una vez más, los veterinarios, volvimos a incidir en la gran responsabilidad que entraña adoptar uno de estos perros. Entender bien esta, es la piedra angular para la tenencia de este tipo de perros. Por encima de seguros de responsabilidad civil, certificados sicotécnicos, etc. La realidad social que vivimos en la clínica, no siempre avala esta conciencia responsable por parte de los propietarios. Aunque debo decir, que quienes se preocupan de acudir periódicamente al veterinario, normalmente muestran ya una inquietud loable de cuidar no solo sanitariamente a su mascota, sino de conocer las bases para mejorar esa predisposición agresiva, indiscutible de estos canes.
Por tanto, el problema está sobre todo en ese grupo de 500.000 mascotas, que según un estudio, no acudirán al veterinario este año. Parte de este gran número corresponderá a perros PPP. No tengo la menor duda.
En las clínicas no podemos negarnos a realizar la vacunación, y el examen comportamental del perro que nos visita para hacer una primera exploración. Pero el certificado que extendemos al hacerlo debiera ser más concreto. ¿Cómo?
Con dos simples puntualizaciones:
- Una al respecto del grado de conocimiento que tenemos del perro. No es lo mismo evaluar un pit bull que conocemos hace 10 minutos, que aquel que viene a consulta desde hace 8 años, y que por lo tanto conocemos a fondo. Sería designar al can como Histórico o como Novel.
- Otra, de evaluación numérica. Valorando del 1 al 10, el nivel de riesgo que apreciamos en el perro. El uno sería un potencial de agresividad nulo, y el 10, manifiestamente agresivo, e incontrolado o incontrolable. Esta valoración creo que esa sencilla con parámetros que podemos observar rápidamente en la consulta:
- ¿Muestra agresividad con otros perros?
- ¿Es controlado de manera eficaz por el propietario?
- ¿Atiende a las órdenes que se le dan?
- ¿Permite que se l explore en consulta?
- ¿Necesita el dueño ayuda para manejar al perro durante la consulta?
- ¿El titular es físicamente capaz de someter al perro en una situación de riesgo?
- ¿Utiliza elementos de protección, bozal, correa corta, de castigo, etc. sistemáticamente?
Estas dos valoraciones darían, solo de un vistazo, una idea global a cualquiera (policía, veterinarios, gestores de seguros, autoridades municipales) del nivel de riesgo al cual nos enfrentamos.
CONCLUSIONES: Por muy rigurosa que pretendamos hacer la ley sobre la tenencia de perros peligrosos, el acatamiento de esta sufrirá siempre burbujas de propietarios que ni dan de alta al perro, ni lo identificarán con chip, ni acudirán jamás al veterinario. Son los dueños “NINI”. Por parte del colectivo veterinario podemos mejorar nuestras evaluaciones, pero serán campañas de información y ESTÍMULO, las que deberán acercar a los PPP a los clínicos.
P.D. La pelota está sobre los legisladores y autoridades pertinentes.
IAS