Sábado 8 de junio de 2013
Tildan de “poco sólido” e “inaudito” el criterio para exonerarla del delito fiscal
El sindicato mayoritario de la Agencia Tributaria aseguró el jueves, a través de su secretario general, Ceferino Trillo, que Hacienda “no está prestando la colaboración judicial requerida por el juzgado competente” en la investigación a la Infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo de capitales. Toda una vergüenza.
Esta organización destaca, en primer lugar, que es “la primera vez” que observa una interpretación como la realizada para exonerar a la hija del Rey de la posible comisión de un delito fiscal en su sociedad patrimonial Aizoon. Una conducta delictiva que, sin embargo, la Agencia Tributaria sí que atribuye al duque de Palma, que ostenta junto a su mujer el 50% de esta sociedad instrumental.
Trillo subraya que esta Aizoon, que fue empleada por los duques de Palma para desviarse fondos públicos del Instituto “sin ánimo de lucro” Nóos así como para cobrar millonarias asesorías ficticias, “sólo está formada por dos personas: Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina”. “Por lo tanto”, añade, “es incomprensible que ella no conociera las irregularidades que se cometían en la sociedad”.
En esta misma línea se ha posicionado Carlos Cruzado, presidente de GESTHA, el tercer sindicato más importante de la Agencia Tributaria tras SIAT y CCOO. Tilda de “poco sólido” el argumento esgrimido por el fisco para exculpar a Cristina de Borbón del delito fiscal descubierto en Aizoon.
“No es lo mismo una sociedad en la que hay 10.000 socios que una en la que sólo hay dos y, además, son matrimonio”, asevera. Además, recuerda que a la Agencia Tributaria “no le corresponde valorar si la Infanta debe o no ser imputada sino emitir un informe independiente con una valoración técnico fiscal en relación con ella”.
Esto es, “aclarar si Cristina de Borbón ha tenido participación y ha colaborado en que su marido cometiera delito fiscal”. “Luego corresponde al juez valorar los datos y decidir si hay o no imputación”.
Cabe recordar que fue la Audiencia de Palma quien censuró la interpretación llevada a cabo por la Agencia Tributaria y quien ha instado al juez José Castro a que la revise por completo. El magistrado ha solicitado a la propia Agencia Tributaria que aclare las posibles “lagunas o contradicciones” de su informe y ésta se ha ratificado en su informe anterior, fechado el pasado mes de enero, y se ha limitado a reproducir íntegramente los argumentos expuestos de la Abogacía del Estado, que también se ha posicionado a favor de exonerar a la duquesa de Palma.
Para esclarecer si Cristina de Borbón tiene responsabilidad en las irregularidades fiscales de Aizoon, así como para determinar si ha podido incurrir en un delito de blanqueo de capitales, el juez nombró un perito independiente de Hacienda.
La Agencia Tributaria se ha opuesto a dicha designación al considerar que el magistrado no tiene competencias para seleccionar a un técnico en concreto.
Ante este extremo, los sindicatos consideran que se está “obstaculizando el esclarecimiento de los hechos y vulnerando el principio de igualdad ante la ley”.
Es decir obstrucción a la justicia y mafia en estado puro.