Jueves 5 de marzo de 2015
Los eurodiputados de PNV, Convergencia Democrática de Catalunya y Unió Democrática de Cataluña han denunciado esta mañana en Bruselas que la sanción contra el juez Vidal que colaboró en la redacción del borrador de una constitución para un estado catalán vulnera al menos cinco artículos de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Por ello alientan a la Comisión Europea, en calidad de guardián de los tratados, que se interese por el caso y anime a evitar este tipo de decisiones que “puede socavar la confianza mutua entre sistemas judiciales de los estados miembros, básica para construir el tercer pilar”.
Bilbao Barandica, Tremosa i Ballcels y Francesc Gambús han firmado esta iniciativa animados por las manifestaciones realizadas en el último pleno de la eurocámara por el vicepresidente del gobierno comunitario Frans Timmermans. El responsable de la Comisión para promover el respeto en toda la Unión al estado de derecho y los contenidos de la Carta Europea de Derechos Fundamentales se manifestó dispuesto a poner en marcha un sistema de alerta temprana para detectar y corregir los casos de vulneraciones de derechos fundamentales que se detecten en los estados miembros. Los tres eurodiputados consideran que el caso del Juez Santiago Vidal es uno de ellos.
En su iniciativa recuerdan que el Consejo General del Poder Judicial contra la opinión de casi la mitad de sus miembros ha impuesto “tres años de inhabilitación al juez de lo penal Santiago Vidal Marsal por participar en su tiempo libre en trabajos científicos en torno a la redacción de una hipotética constitución catalana” Parafraseando la propia decisión del Consejo los tres eurodiputados afirman que “ El fallo considera, desde una ignorancia inexcusable de la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional Español, que una supuesta fidelidad a la constitución española y el ordenamiento jurídico impide propugnar su reforma”.
La decisión adoptada por la mayoría de consejeros elegidos por el partido popular esa juicio de Bilbao, Tremosa y Gambús es contraria “al menos a los artículos 10, 11 y 12 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales”. Los firmantes de la iniciativa recuerdan además que la decisión del C.G.P.J. se produce además en un país “en el que un antiguo afiliado al Partido Popular y autor de trabajos científicos en los que se basó la reforma laboral del actual gobierno de España preside el Tribunal Constitucional” . Por ello afirman que “el contraste entre ambos casos convierte la sanción en un atentado palmario a los artículos 20 y 21 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales”.
Por estas razones los representantes de estas tres formaciones preguntan a la Comisión Europea si considera “al menos digna de estudio, esta nueva demostración de la falta de independencia que afecta en España al poder judicial”. Además alertan de que estos comportamientos “pueden socavar la confianza mutua en que se basa la construcción del tercer pilar” y piden al gobierno comunitario una intervención al respecto.
Izaskun Bilbao Barandica que considera esta sanción un ejemplo más de la “lamentable politización que lastra el poder judicial en España” pide a la Comisión que “demuestre con hechos su intención de evitar que se produzcan en Europa casos como este. Este es un castigo político que se opone a la propia doctrina del Tribunal Constitucional español. Acatar la Constitución no impide implicarse en su reforma. Mostrarse a favor de reformarla o proponer una fórmula concreta para hacerlo es un ejercicio democrático y de participación política. Reprimir esa posibilidad describe bien a las claras el talante de quienes lo impiden.”