Viernes 1 de enero de 2016
La imagen de Cristina de Borbón sentada en el banquillo de los acusados cuando el 11 de enero arranque en Palma el juicio del caso Nóos será la portada del 2016 judicial, un año que también estará marcado por las investigaciones del caso Púnica, la familia de Jordi Pujol o Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional. Es la imagen de la España real.
Cristina de Borbón pasará ese día delante del medio millar de periodistas acreditados para la primera jornada de la vista oral, cuando se aborden las cuestiones previas y su defensa reclame que la hija del presunto corrupto Juan Carlos sea exonerada de ser juzgada en aplicación de la doctrina Botín.
La Fiscalía no acusa a la buena señora, no así Manos Límpias que ejerce la acusación popular y que considera que fue cooperadora necesaria en dos delitos fiscales cometidos en 2007 y 2008 junto a su marido, Iñaki Urdangarin, por lo que pide para ella ocho años de prisión.
La famosa doctrina, que debe su nombre al banquero Emilio Botín, fue sentada por el Tribunal Supremo en 2007 y estableció que no cabía abrir juicio oral cuando sólo acusaba la acción popular y no existía acusación particular de los directamente perjudicados. Esto es, concluyó, en los casos donde se daña a un interés particular, sólo puede actuar la acusación particular.
Un año después, en 2008, el Supremo reinterpretó su doctrina con el caso sobre el expresidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa. La doctrina Atutxa considera que sí que cabe la acusación popular en solitario cuando se perjudica el interés general, que afecta a los intereses colectivos.
El caso de la hija del ex rey y hermana del rey de España está entre las dos doctrinas. Sólo acusa la acción popular, pero en el proceso está personada una acción particular perjudicada, la Agencia Tributaria.
¿Los delitos fiscales afectan al interés colectivo?.
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, considera que sí, que defraudar a Hacienda afecta al interés general. Este dilema es el que deberá resolver la Audiencia de Palma el 11 de enero, para lo cual se da un mes para dirimir el debate.
Yo no las tengo conmigo. No me fío nada de esta Audiencia de Palma.
En caso de que aplique la doctrina Botín, Cristina de Borbón saldría de la lista de acusados. Su marido, Iñaki Urdangarin, se enfrenta a una petición fiscal de 19 años de cárcel.
La vista oral se reanuda el 9 de febrero con 16 acusados, además del duque de Palma, entre los que se encuentra el expresidente balear Jaume Matas.
Empezamos el año con espectáculo mediático. Pero todavía, aunque debilitada, la carcundia española maniobrará para que esta señora no se siente en el banquillo de los acusados. Y le oirán ustedes a la Sra. Pantoja decir: ”¿Por qué yo si, y ella no”?.
Pues muy sencillo.
Porque en España la Justicia tiene dos varas de medir.
Hola
Me parece algo ingenuo, pensar que a nuestro tocayo le caigan 19 años. Ni entrara en la cárcel, ya se buscaran algo.
Por cierto, la foto de Cristina la has buscado muy juvenil.
El Jefe del Estado, el nuestro y el de muchos otros países, no está exento de que en su círculo familiar o de amistades más cercanas haya personas que delincan. Ello no compromete, a mis ojos, su acción institucional pero debe alertarnos a todos y a todos los niveles de lo pernicioso que puede resultar el tener cerca a tales individuos, sean ellos o sean ellas.
Ha ocurrido,lamentablemente en múltiples casos y en muy diversos países.
Es más, cabe que se den conductas delictivas por parte de muy altos cargos institucionales de todos los poderes del Estado, incluido el Jefe del Estado. Y la grandeza de la democracia radical también, en mi modesta opinión, en que este asegurada la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
Si la Infanta es o no culpable de delitos es algo a establecer por un tribunal mediante un juicio riguroso, ecuánime y con garantías, todas las garantías procesales, pero quiero que ese juicio exista.
No comparto la petición del Fiscal, ni la entiendo, ni me gusta.
Quiero que pase ante la Justicia cualquier persona sobre la que haya indicios suficientes de conducta delictiva, que se examinen las pruebas y que haya una Sentencia firme sin demoras que frustren el mismo propósito de impartir justicia.
Salud y saludos.