Autor: Javier Vizcaíno

Ciertamente, habría sido maravilloso que la Ley de Administración Ambiental que se aprobó ayer en el Parlamento Vasco hubiera salido adelante con más votos que los que suman los dos partidos del Gobierno. Pero nos conocemos lo suficiente para saber que estamos invocando un imposible metafísico. Para nuestra desgracia, cualquier cuestión que tenga que ver con la ecología, la sostenibilidad o el medio ambiente es una golosina para la pelea partidista y, desde luego, para el exceso demagógico. Ahí ganan indefectiblemente las formaciones que no van a tener que enfrentarse a la realidad. Es decir, las de la oposición. Y la prueba es que en el caso que nos ocupa el no unió a EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PP-Ciudadanos y Vox… esgrimiendo argumentos idénticos para el rechazo.

Por lo demás, estoy seguro de que el texto podría haber sido mejor si se hubieran dejado las siglas en el perchero. Habrá que tener mucho cuidado con la prerrogativa del Gobierno para determinar qué proyectos de país son lo suficientemente estratégicos para protegerlos del bloqueo de las instituciones locales. Es una cuestión muy delicada. Pero nuestra poco edificante bibliografía presentada nos hace ver la necesidad de establecer una salvaguarda así. En no pocas ocasiones, iniciativas de calado se han ido al limbo por la negativa puramente partidista del ayuntamiento afectado. Y eso ha ocurrido, como hemos visto con cierta frecuencia, incluso cuando se trataba de poner en marcha infraestructuras para la generación de energías que los catecismos oficiales bendicen por su limpieza, como los parques eólicos.

Es curioso lo de las vidas paralelas. Después de dar nombre a una ley de educación entre mala y peor, José Ignacio Wert pasó de exministro a embajador de España ante la OCDE. Fue el azucarillo que le dio Mariano Rajoy por haber ejercido de saco de las tortas de su gobierno. Como si fuera un calco, también tras prestar su nombre a otra ley de educación que cada vez vamos descubriendo más endeble, Isabel Celaá Diéguez pasará de exministra a embajadora. En el Vaticano, ahí es nada. Esta vez el concededor de la gracia ha sido Pedro Sánchez, que se la cargó de no muy buenas maneras y, desde luego, sin explicación, en su remodelación de gabinete de hace unos cuantos meses.Al primer bote, comprobamos que en materia de premios de consolación, los usos y costumbres no son muy diferentes entre las distintas siglas. Luego está el mensaje que se lanza sobre la poca importancia que se otorga a las embajadas, si resulta que se usan como una suerte de palmadita en la espalda. Eso, cuando en el caso que nos ocupa, la delegación en la llamada Santa Sede tiene un buen puñadito de cuestiones candentes que arreglar desde tiempo inmemorial. Ahí está, por ejemplo, la reforma del Concordato (o por qué no, su anulación), eterna reivindicación del PSOE cuando ha sido oposición y eterno incumplimiento cuando ha estado, como ocurre ahora, en el gobierno. ¿Será Celaá la que abra ese melón? Permítanme que lo dude, del mismo modo que no albergo grandes esperanzas de que la injubilable bilbaína consiga que la Iglesia española pague el IBI o devuelva los miles de locales y propiedades que ha venido inmatriculando por sus santas narices.

Los aniversarios de la Constitución española se parecen unos a otros como gotas de agua. En estos ya 43 años nunca han faltado exageraciones celebratorias, sobreactuaciones a la contra y, en el terreno tibio donde este servidor se siente más cómodo, adhesiones o desmarques sin elevar demasiado el tono. Incluso, a veces, con espíritu constructivo por parte de los (valga la casi redundancia) partidarios y de quienes no lo son. Lo que ocurre, es decir, lo que ha venido ocurriendo, es que todas las buenas intenciones chocan con una realidad incontestable: va a ser prácticamente imposible sumar una mayoría suficiente para cambiar un texto que, se mire por donde se mire, se ha quedado bestialmente anticuado. Aunque concedamos la mejor de las intenciones a sus redactores, que es demasiado conceder, su obra no responde a las necesidades de la sociedad actual.

Y ya no hablo solo de lo territorial ni del papel que se otorga a la monarquía o al ejército y las fuerzas de seguridad. Acabamos de ver que ni siquiera sirve para enfrentar una emergencia sanitaria. Mucho menos, si su interpretación se deja en régimen de monopolio a una institución ideologizada hasta la náusea como es el Tribunal Constitucional. Por mucho que se mejorara, al final la llamada Carta magna no dejará de ser un papel sujeto a la última palabra de un grupo de personas que no se ajustarán a la literalidad del articulado sino a su propio credo político. Pero también hemos comprobado recientemente que los dos partidos del gobierno y el principal de la oposición bendicen este modo de funcionar.

En las últimas dos semanas he asistido con una ceja enarcada y media sonrisa pánfila al enésimo magreamiento libidinoso de los extremos. Llenos de orgullo y satisfacción, a lo campechano, el ultramonte diestro y su contraparte siniestra bailaban la conga de Jalisco ante la “evidente (y hasta irreversible, decían) pérdida de influencia del PNV en Madrid”. Las versiones más calenturientas del cuento de la lechera anticipaban para mañana un inminente tripartito “de izquierdas” (ajum, ejem) que iba a mandar a los jeltzales a la cuneta de todas las instituciones. Para ser honestos, ese asustaviejas lo han agitado con indisimulado gustirrinín destacadas figuras del puño y la rosa, desde el secretario general local, Eneko Andueza, al verso suelto profesional Odón Elorza, pasando por el enredador siempre con cargo Denis Itxaso.

Vamos a ver. Tampoco nos engañemos. Cuando uno se juega los cuartos con seres de natural desleal y principios de quita y pon, siempre está expuesto a la puñalada trapera. Si en Sabin Etxea no se han quedado sin pilas las calculadoras, ya tienen que tener presupuestado que más tarde o más temprano habrán de enfrentarse a una versión cambiada de acera de lo que pasó en 2009. Pero no parece que sea hoy. Y la prueba está en el rejonazo que le acaban de pegar al funambulista de Moncloa. La entrega al Gobierno Vasco de la gestión de la llegada del TAV a Gasteiz y Bilbao es un gol por toda la escuadra de los presuntamente amortizados negociadores nacionalistas. Al peso, el logro vale mil quinientas veces la suma de lo obtenido no ya por EH Bildu sino también por ERC. Es mejor no vender las pieles de osos no cazados.